Ley de Encuestas: vienen demandas en camino, ¿por qué?

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha salido en defensa de la nueva Ley de Encuestas que fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, desde las firmas encuestadoras se están organizando para demandar la iniciativa por varias razones. ¿Cuáles son?

El ministro ha dicho que la iniciativa del Congreso permite tener una trazabilidad y mayor vigilancia sobre las encuestas de intención de voto porque actualmente, asegura, “esas empresas lo que hacen es que tienen dueño propio y candidato propio y cuando usted va a las regiones o a los municipios que tienen menos población el desorden es total”.

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Además, para él, lo que permite la ley es que no se “prefabriquen” candidatos y se oriente a la opinión en favor de algún aspirante.

#Política | El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa de la nueva Ley de Encuestas que ya entró en vigencia. Afirma que permitirá que los candidatos hagan campaña a través de propuestas y no a través de las encuestas sobre intención de voto. pic.twitter.com/SQnTtQlC4n

— minuto60.com (@minuto60com) July 25, 2025

Mientras tanto, César Caballero, director de Cifras y Conceptos confirmó a Minuto60 que están iniciando gestiones para iniciar acciones legales por varios aspectos que consideran, deben ser revisados.

“Ya hemos acordado, se ha concretado una firma de abogados y se van a presentar las demandas correspondientes para poder avanzar e ir a ante los jueces que correspondan”, afirmó.  

La información de los encuestados

Caballero explicó varios puntos que les preocupan, especialmente, el hecho de tener que compartir las bases de datos de los encuestados con el Consejo Nacional Electoral, CNE. Esto, porque violaría el principio de confidencialidad estadística.

“Dice que sin identificarlas (las personas) pero que sí, pasando la dirección, el correo electrónico o los datos de contacto para que los tenga la entidad pública y con eso pueda hacer cosas que la ley no determina. Todo esto atenta contra el principio de confidencialidad estadística que es central para la realización de las encuestas en Colombia y del mundo”, afirma.

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Para ellos, la entrega de esta información, “rompe con el principio de libertad de opinión y de expresión porque finalmente las personas que contestan una encuesta están expresando su opinión y su libre expresión”.

No habrá encuestas hasta noviembre

Otro punto es la posibilidad de publicar encuestas únicamente tres meses antes del primer día de inscripciones de candidatos.

“Establece una veda para publicar encuestas de intención de voto que, en la práctica, hacen que hasta noviembre no se pueda hacer ninguna publicación de encuestas de intención de voto en Colombia. Lo cual es una cosa anómala y extraña”, afirma.

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Vicios de trámite

Otro de los puntos que señalan, tiene que ver con la forma en como fue tramitada. Por un lado, consideran que fue una ley inconsulta y por el otro, consideran que debió ser una ley estatutaria. La ley finalmente se aprobó a través del procedimiento de una ley ordinaria.  

En este punto, coincide la Misión de Observación Electoral, MOE, que ha señalado que al establecer un límite de tiempo para publicar las encuestas toca el derecho fundamental de la libertad de expresión y la libertad de presa. Y en ese mismo sentido, tocaría el derecho de la participación política al establecer que ningún dueño, socio o miembro de las juntas directivas de una empresa encuestadora pueda hacer aportes a campañas políticas.

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Sobre este punto, el director de Cifras y Conceptos afirma que, aunque no es un tema de interés por el momento, sí podría ser discriminatorio.

“Yo por ser encuestador no tengo que renunciar a mis derechos políticos y la ley lo que implica es que pierdo uno de mis derechos políticos que es, mi decisión o no, de financiar una campaña política, como particular. Eso lo estaría perdiendo y eso sería altamente discriminatorio”, dijo.