Petro respondió a denuncias contra Juliana Guerrero por presuntas coimas y lanzó fuerte mensaje
Juliana Guerrero quedó en el centro de la polémica tras denuncias por presuntos cobros a empresarios y la respuesta de Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las denuncias que relacionan a Juliana Guerrero con un supuesto esquema de tráfico de influencias y cobro de dinero a empresarios a cambio de gestiones relacionadas con contratos estatales.
El mandatario se refirió a la información revelada por la revista Semana, que publicó testimonios, conversaciones, audios, registros de viajes y movimientos económicos que, según las denuncias conocidas, mostrarían un presunto mecanismo de cobros para facilitar acercamientos con entidades del Gobierno, entre ellas los ministerios de Vivienda y del Interior.
La controversia involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quienes, de acuerdo con la información divulgada, habrían ofrecido gestiones ante entidades públicas pese a no hacer parte de la estructura oficial del Estado. Los señalamientos apuntan a posibles cobros a empresarios interesados en avanzar en procesos contractuales.
Ante la polémica, Petro utilizó sus redes sociales para referirse al material publicado y aseguró que los hechos expuestos demostrarían que los controles institucionales evitaron posibles irregularidades dentro de los procesos de contratación.
Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados empresarios se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El presidente también pidió que los elementos mencionados en la investigación sean entregados a la Fiscalía para que se adelanten las verificaciones correspondientes. “La revista haría un gran favor entregando esos chats a la Fiscalía. El jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia”, afirmó Petro.
Además, sostuvo que la publicación periodística podría evidenciar el funcionamiento de los controles contra posibles hechos de corrupción y señaló que serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer lo ocurrido.
“El artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la Fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el Gobierno impidió robar”, concluyó.
Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados "empresarios* se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por… https://t.co/JWaAtnGYz0
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 25, 2026
Así funcionaría el presunto esquema de contratos
Según las denuncias periodísticas conocidas, la supuesta estructura de intermediación habría operado entre 2024 y 2026 en diferentes entidades del Gobierno nacional, entre ellas los ministerios de Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad.
De acuerdo con la información revelada, tres empresarios que entregaron sus testimonios bajo reserva aportaron documentos, audios, conversaciones y comprobantes de transferencias que, según los señalamientos, evidenciarían la presunta exigencia de pagos a cambio de gestiones para facilitar reuniones con funcionarios y avanzar en proyectos públicos.
El supuesto mecanismo habría contemplado diferentes cobros dependiendo de la etapa de la gestión. Entre ellos estaría un pago inicial de un millón de pesos para acceder a una primera reunión y posteriormente un anticipo de 200 millones de pesos después del encuentro.
Además, las denuncias señalan que habría existido un acuerdo para entregar una comisión equivalente al 10 % del valor total de los proyectos si estos llegaban a ser adjudicados.
Los recursos, según la información publicada, habrían sido recibidos en efectivo en Bogotá o mediante transferencias a cuentas personales de David Trespalacios, una persona cercana a la familia Guerrero.
También se mencionan movimientos realizados mediante plataformas digitales como Nequi hacia las hermanas Guerrero. Entre finales de 2024 y enero de 2025, estos giros sumarían cerca de 53 millones de pesos y estarían registrados como avances para proyectos regionales.
Reacciones políticas por el caso Juliana Guerrero
El escándalo también generó reacciones desde el Congreso. El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, se pronunció sobre las denuncias que relacionan a Juliana Guerrero con un presunto esquema de tráfico de influencias y cuestionó los hechos revelados.
“Son aterradores y cochinos (…) una joven que no solo enfrenta procesos por falsificar títulos, sino por corrupción”, afirmó el congresista al referirse a la polémica que rodea a Guerrero.
Sus declaraciones se suman a las diferentes reacciones políticas que ha provocado el caso, luego de la publicación de información que menciona testimonios, chats, audios y documentos sobre supuestas gestiones relacionadas con contratos del Estado.
Cabe recordar que, hasta el momento, las denuncias sobre la presunta red de intermediación hacen parte de una controversia pública y serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si existieron responsabilidades penales.
#POLITICA | El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, reaccionó al escándalo por una pregunta red de tráfico de influencias que salpica a Juliana Guerrero: “Son aterradores y cochinos (…) una joven que no solo enfrenta procesos por falsificar títulos, sino por… pic.twitter.com/KgoDL3Rjx3
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 25, 2026
Proyectos y entidades mencionadas en las denuncias
La investigación periodística también menciona diferentes entidades y proyectos donde, según los señalamientos, se habrían realizado gestiones o intermediaciones:
Fondo Colombia en Paz, Agencia Nacional de Tierras (ANT), Hospital Militar y Fiduagraria S. A.: las denuncias señalan posibles acercamientos y gestiones ante estas entidades.
Sistemas de seguridad del Ministerio del Interior: se menciona un proceso relacionado con la adquisición e instalación de cámaras financiadas con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Proyecto de acueducto en el Cesar: según la información publicada, se habrían adelantado gestiones ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, incluyendo reuniones y compra de tiquetes aéreos en diciembre de 2024.
Proyecto de agua potable en La Guajira: las denuncias hacen referencia a una iniciativa estimada en más de 27.000 millones de pesos presentada ante el Ministerio de Vivienda durante 2025.
Programas de vivienda en municipios: se mencionan supuestos acuerdos que contemplaban una comisión fija de 35 millones de pesos por localidad y un porcentaje adicional sobre el valor de las obras.
Empresarios reclaman devolución de dinero tras promesas incumplidas
Según las denuncias conocidas, varios empresarios habrían entregado más de 600 millones de pesos entre 2024 y 2025 con la expectativa de acceder a contratos o gestiones ante entidades estatales. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recopilados, los proyectos y adiciones presupuestales esperadas no se habrían concretado.
Ante esta situación, los contratistas habrían comenzado a solicitar la devolución de los recursos entregados durante el segundo semestre de 2025.
Mensajes de texto revelados dentro de la investigación periodística indican que Juliana Guerrero habría manifestado su intención de reintegrar los dineros transferidos a plataformas digitales. No obstante, según la información publicada, esos pagos no se habrían realizado hasta ahora.
Pese a los testimonios, documentos y registros de conversaciones conocidos, las hermanas Juliana y Verónica Guerrero no enfrentan actualmente procesos penales relacionados con estas denuncias sobre contratación.
La investigación formal conocida contra Juliana Guerrero está relacionada con el presunto uso de un título falso durante su proceso de posesión como viceministra de las Juventudes, caso que continúa bajo revisión de las autoridades competentes.
