A toda marcha comenzó el Gobierno el último periodo legislativo que tendrá en el Congreso para lograr la aprobación de sus reformas y políticas sociales. Una de ellas, el controvertido proyecto de reforma para la Paz Total, como ha sido nombrado por el Ministerio de Justicia y que plantea ajustar las penas de prisión para el crimen organizado.Como parte de su discurso en la instalación del Congreso, el presidente Gustavo Petro defendió este proyecto asegurando que más allá de las penas, que calificó como venganza, lo que busca su Gobierno es avanzar en la verdad para dar con los responsables que han estado por años detrás del crimen en el país. Tres pilaresEl ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aprovechó la instalación de las sesiones ordinarias en el Congreso para radicar el texto del proyecto de Ley ordinaria que busca reformar algunos aspectos actuales en los procesos judiciales y condenas a delincuentes.El primero de ellos tendrá una figura de Justicia Transicional para los actores del conflicto armado, quienes tendrán penas entre 5 y 8 años de prisión y un proceso de reintegración a la vida civil. Montealegre señaló que todos los modelos contemplan que haya un mínimo de penas privativas de la libertad.Política de sometimientoEstará enfocada a otros actores armados, es decir a grupos residuales o delincuencia organizada que no sean consideradas como actores principales del conflicto. Aún el Gobierno no ha explicado a qué tipo de grupos delincuenciales afectaría esta decisión, pero lo que ha dejado claro el ministro de Justicia es que, las personas acogidas por este pilar, tendrán una reducción de penas entre el 40 y 60% de lo actualmente establecido por el código penal.Protesta socialEl tercer aspecto que tendrá el proyecto de Ley beneficiará a las personas que, en el marco de la protesta social (2020-2021), hayan sido procesadas por la justicia. Para ellos, de acuerdo con Montealegre, se definirá una reducción de sus penas del 70% y posteriormente entrarán en un proceso de justicia restaurativa.En este punto, el Gobierno no ha sido claro si la rebaja de penas aplicará para cualquier tipo de delito imputado a estas personas. Algunas de las capturas y condenas en el marco de la protesta social, han sido por los delitos de homicidio y terrorismo.Eduardo Montealegre, al término de la radicación del proyecto de Ley, aseguró que este cobijará adicionalmente a colaboradores y financiadores de las operaciones criminales.No solamente está centrado en el desmantelamiento de organizaciones, sino que va a permitir desmovilizaciones y colaboraciones individuales de colaboradores y financiadores.