Mutilación genital: la tragedia silenciosa que enfrentan niñas indígenas en Colombia
Aunque los casos se han reducido en comparación con años anteriores, la preocupación sigue vigente, sobre todo en comunidades indígenas.
La mutilación genital femenina sigue estando presente en la realidad colombiana. Aunque es una práctica poco visibilizada, afecta en gran medida a niñas de comunidades indígenas, provocando muertes por hemorragias e infecciones.
El caso de Alejandrina Guasorna es muestra de ello; fue hasta la adultez que supo que, al nacer, fue sometida a la ablación del clítoris. Creció en medio del silencio y de una práctica que, durante años, se consideró “normal” en su entorno.
Esta situación se presenta principalmente en el departamento de Risaralda, en territorios ancestrales de comunidades embera chamí y katío, donde la mutilación genital femenina continúa afectando a cientos de niñas, sin orden ni control.
Según relatos recogidos en el resguardo indígena de Pueblo Rico, el procedimiento se realiza en condiciones precarias, generalmente por parteras que utilizan objetos como navajas o clavos calientes para realizarlo.
Cifras y consecuencias
Las consecuencias son graves. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la extirpación total o parcial del clítoris puede causar infecciones, complicaciones de salud e incluso la muerte, además de constituir una violación a los derechos humanos.
Entre 2020 y 2025 se registraron al menos 204 casos en Colombia, según la ONG Equality Now, lo que convierte al país en el único de América Latina donde aún se reporta esta práctica y en dicha magnitud.
En paralelo, creencias culturales continúan alimentando la práctica. En algunas comunidades persiste la idea de que las niñas no mutiladas tendrán comportamientos sexuales “inadecuados” o desarrollarán características masculinas.
Proyecto de ley busca prohibir dicha práctica
Frente a este panorama, líderesas indígenas y congresistas impulsan un proyecto de ley que busca prohibir la mutilación genital femenina en Colombia. La iniciativa, que actualmente se discute en el Congreso, prioriza la prevención y la pedagogía sobre las sanciones penales.
Es decir, que el objetivo es erradicar la práctica sin criminalizar a las parteras, a quienes consideran parte del contexto de desinformación y ligadas únicamente a sus tradiciones.
Sin embargo, el proyecto enfrenta un reto clave, pues debe ser aprobado antes del cierre del periodo legislativo el próximo 20 de junio, lo que pone en vilo dicha aprobación.
Para líderes como Francia Giraldo, el camino no es solo legal, sino cultural. Insiste en la necesidad de llevar educación y acompañamiento a los territorios más apartados, donde el silencio aún rodea esta práctica.
Mientras tanto, historias como la de Guasorna siguen evidenciando una realidad que, aunque poco visible, persiste en el país.
*Con información de AFP
