Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
Periodista Digital
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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que interpondrá una denuncia por prevaricato contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, luego de que este ordenara abrir una investigación disciplinaria en su contra por presunta participación en política.
#Judicial | El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que demandará al procurador, Gregorio Eljach, por el presunto delito de prevaricato. pic.twitter.com/IRX7CK2V6B
— Minuto60 (@minuto60com) October 14, 2025
La decisión del procurador se dio tras unas declaraciones de Montealegre a la revista Semana, en las que se refirió al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella como “el candidato de la mafia”. Eljach consideró que esas afirmaciones podrían constituir una intervención indebida en asuntos electorales, por lo que ordenó abrir la indagación preliminar.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Colprensa
En una declaración a medios, el ministro aseguró que en el pasado había investigado al hoy procurador Eljach, y al precandidato, por un presunto acto de corrupción. En otras palabras, que la investigación en su contra se trataría de un hecho de retaliación judicial.
Y aseguró que haber designado a Gregorio Eljach como procurador y guardián de la ética pública, es como “haber puesto al ratón a cuidar el queso”, señaló Montealegre.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. Colprensa
La apertura de la investigación ocurre en un contexto electoral marcado por tensiones entre el Gobierno y algunos sectores conservadores. Abelardo de la Espriella, figura polémica y cercana a sectores de derecha, ha ganado visibilidad como precandidato presidencial y ha mantenido enfrentamientos públicos con miembros del Ejecutivo.
El procurador Eljach defendió su actuación, asegurando que “el Ministerio Público debe garantizar que ningún servidor público interfiera en el proceso electoral de manera indebida” y agregó que la investigación “no implica prejuzgamiento, sino el cumplimiento del deber constitucional de control disciplinario”.
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La denuncia anunciada por Montealegre podría escalar a un nuevo pulso institucional entre el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, en un momento políticamente delicado.
La confrontación entre ambos altos funcionarios promete abrir un debate jurídico y político de fondo sobre las fronteras entre el control disciplinario y la libertad política en medio de una campaña electoral altamente polarizada.
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