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Senadora María Clara Posada cuestionó respaldo de la ONU a la JEP: “No hay almuerzo gratis”

La senadora del Centro Democrático cuestionó el pronunciamiento de la ONU sobre el presupuesto de la JEP.

La senadora ha venido haciendo varias denuncias sobre la financiación de la JEP - Crédito: Foto: Prensa María Clara Posada
Diego ChaparroPeriodista
30 SEP 2026 - 21:58Actualizado: 30 SEP 2026 - 21:58

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La senadora María Clara Posada cuestionó el reciente pronunciamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en defensa de la continuidad de la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El pronunciamiento de la ONU se conoció en medio de la discusión sobre el presupuesto de la JEP para 2027, luego de que el Congreso aprobara en primer debate un recorte de $ 170 mil millones para la jurisdicción.

Türk aseguró que las medidas restaurativas relacionadas con el conflicto armado que ya están en marcha en Colombia constituyen un logro para la justicia transicional y sostuvo que los mecanismos establecidos a partir del Acuerdo de Paz son necesarios para garantizar los derechos de las víctimas.

“Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional”, afirmó el alto comisionado.

El pronunciamiento generó una respuesta de Posada, quien puso bajo la lupa la relación contractual que, según sus afirmaciones, existe entre la JEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

¿Qué cuestionó María Clara Posada sobre la ONU y la JEP?

A través de su cuenta de X, Posada aseguró que el respaldo de Naciones Unidas a la financiación de la JEP debe analizarse teniendo en cuenta los convenios de cooperación que la jurisdicción ha suscrito con el PNUD.

“¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis”, escribió la senadora.

Según la información divulgada por Posada y recogida por Semana, entre 2018 y 2026 la JEP habría firmado 22 convenios de cooperación internacional con el Pnud, por un valor de $182.120 millones.

La congresista cuestionó particularmente la forma en que se presenta la participación económica del Pnud en esos convenios. De acuerdo con su denuncia, el organismo se comprometió a aportar $132.943 millones, pero una parte importante de ese aporte habría sido realizada en especie.

“La ONU, por transparencia, debió informar a la opinión pública que tenía un evidente conflicto de intereses al solicitar que no se disminuyeran los recursos de la JEP”, afirmó Posada.

La expresión utilizada por la senadora corresponde a su interpretación sobre la relación entre ambas entidades. No obstante, que existan convenios de cooperación entre la JEP y el Pnud no demuestra por sí mismo la existencia de un conflicto de intereses en el pronunciamiento del alto comisionado.

El Pnud sí registra oficialmente proyectos desarrollados junto a la JEP. En uno de ellos, relacionado con las sanciones propias de la jurisdicción, aparece como implementador y tiene como socios a la JEP, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y otras entidades del Estado. El proyecto registra un presupuesto de US$1.082.483.

Además, el Pnud tiene registrado otro proyecto de representación judicial de víctimas ante la JEP, cuyo financiador aparece como la propia jurisdicción y cuyo valor total figura en US$10.408.529.

¿Por qué se da la discusión por el presupuesto de la JEP?

El cuestionamiento de Posada ocurre en un momento en el que el futuro de los recursos de la JEP para 2027 está en discusión en el Congreso.

El primer debate del Presupuesto General de la Nación de 2027 dejó un recorte de $170.000 millones para la jurisdicción. Desde la JEP, su presidente, Alejandro Ramelli, ha advertido que la reducción tendría consecuencias sobre el funcionamiento de la entidad.

De acuerdo con información publicada por Minuto60, la JEP había advertido que el recorte inicialmente planteado de $100.000 millones representaba una parte considerable de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios y podía afectar, entre otros aspectos, convenios relacionados con la protección de personas que participan ante la jurisdicción.

La discusión también ha enfrentado dos posiciones dentro del Congreso. Mientras sectores defienden que la JEP debe contar con los recursos necesarios para cumplir las funciones derivadas del Acuerdo de Paz, otros congresistas han cuestionado el nivel de gasto de la jurisdicción y consideran que parte de esos recursos podría destinarse a otras necesidades de la administración de justicia.

En ese contexto, el pronunciamiento de la ONU llegó precisamente cuando el Congreso discutía la reducción presupuestal.

El alto comisionado Volker Türk destacó que el Sistema Integral de Paz necesita continuar con su implementación y recordó el papel que Naciones Unidas ha tenido en el acompañamiento al proceso de paz y a la JEP.

¿Qué dijo Posada sobre los convenios del Pnud?

La senadora del Centro Democrático sostuvo que la existencia de estos acuerdos debería ser conocida por la ciudadanía cuando organismos de Naciones Unidas se pronuncian sobre la financiación de la JEP.

Posada cuestionó además que los aportes reportados como contrapartida del Pnud sean, en varios casos, entregados mediante bienes o servicios y no necesariamente como recursos monetarios.

“Para ‘suavizar’ las cifras, en estos convenios el Pnud se comprometió a aportar $132.943 millones, pero casi siempre en especie. Es decir, el costo real lo terminaron asumiendo los contribuyentes”, afirmó.

A partir de esos datos, la congresista calificó al Pnud como un “mega-contratista” de la JEP y cuestionó que la jurisdicción recurra a Naciones Unidas para respaldar la continuidad de su financiación.

“La JEP debería ser más inteligente y no pedirle respaldo a su mega-contratista favorito”, señaló.

La controversia, por ahora, se mantiene en el terreno político y presupuestal. Mientras Naciones Unidas defiende la continuidad de los mecanismos de justicia transicional y destaca su importancia para las víctimas, sectores del Congreso como el representado por Posada ponen el foco en los recursos destinados a la JEP y en los convenios de cooperación que la entidad ha suscrito con organismos internacionales.

La discusión continuará mientras el Presupuesto General de la Nación de 2027 avanza en el Congreso y se define el monto definitivo que tendrá la Jurisdicción Especial para la Paz el próximo año.

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