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¿Qué contiene el ‘Libro de la Verdad’? Los más de 80 hallazgos que De La Espriella entregó

El documento reúne 82 casos revisados por el equipo anticorrupción y trasladados a los organismos de control para determinar posibles irregularidades.

Presidente Abelardo De La Espriella durante la presentación del ‘Libro de la Verdad’. - Crédito: Presidencia
Oscar Repiso
Oscar RepisoPeriodista
18 AGO 2026 - 21:54Actualizado: 18 AGO 2026 - 22:18

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En las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó detalles de 'El libro de la verdad', un documento que reúne más de 80 casos de presunta corrupción que, según el actual Gobierno, fueron identificados durante la anterior administración del expresidente Gustavo Petro.

El informe también fue entregado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, con el objetivo de poner en conocimiento de los organismos de control información que permita avanzar en las investigaciones y establecer si en los hechos documentados se presentaron irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Identificó irregularidades con el mal manejo de los recursos públicos. No me cabe señalar la responsabilidad penal de personal alguno; esa función le pertenece a la administración de justicia y al Ministerio Público. Mi obligación es la de entregar dicha información porque así se lo prometí en campaña.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia

Durante la presentación también intervino el vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador del empalme anticorrupción, quien entregó detalles sobre algunos de los casos incluidos en El libro de la verdad.

“La desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026. Agotaron en julio de 2026 el presupuesto asignado para todo el año para nuestros tres millones de adultos mayores".

Por otro lado, Restrepo cuestionó la falta de planes de contingencia en el programa Colombia Mayor y, posteriormente, se refirió a presuntas irregularidades relacionadas con la Cancillería.

“No dejaron planes de contingencia al haber propuesto coberturas sin sustento financiero. Esto fue poner en riesgo la población vulnerable y demuestra indolencia frente al que menos tiene. Destrucción del rigor técnico, la Cancillería. 785 contratos por $ 83.000 millones firmados antes de ley de garantías, degradando los requisitos para representar a Colombia en el exterior, incluida la eliminación del requisito de segundo idioma”.

Restrepo también se refirió a los recursos destinados a sedes temporales de la Cancillería y cuestionó la manera en que, según el documento, fueron utilizados.

“En paralelo, $ 8.500 millones en sedes temporales de apenas 90 a 120 días. El servicio exterior de la República convertido en botín de última obra.

Asimismo, "estos cinco casos no son solamente una excepción. Son una muestra representativa, repito, de más de 80 casos incluidos en El libro de la verdad, de un patrón que se repitió una y otra vez. Y, por eso, el equipo élite anticorrupción ya trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Y debo agradecer especialmente a la fiscal, al procurador y al contralor porque pudimos realizar interacciones con sus equipos de trabajo alrededor de muchos de estos temas que fuimos encontrando a lo largo del camino. Como lo dije, esta es solamente la punta del iceberg”, subrayó Restrepo.

¿Qué contiene el ‘Libro de la Verdad’?

El presidente Abelardo De La Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo presentaron un documento en el que se identifican nueve comportamientos que, de acuerdo con el equipo de empalme anticorrupción, están asociados a prácticas que pueden fomentar la corrupción.

El informe señala que esos comportamientos fueron documentados a través de 82 casos, que ahora son presentados por el Gobierno ante el país y puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

“Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo el presidente.

El documento, publicado inicialmente por la revista Semana y posteriormente reproducido por otros medios, tiene una extensión de 135 páginas y cuenta con un apartado denominado “Hallazgos en materia de corrupción y balance de acciones frente a estas situaciones - Equipo Élite Anticorrupción”.

En esa sección se explica parte del trabajo desarrollado durante el proceso de empalme entre las administraciones. El equipo encargado de esta labor estuvo integrado, según lo expuesto por Restrepo, por más de 1.200 profesionales voluntarios.

¿Cómo se identificaron los hallazgos?

“Desde que fui designado por el Presidente de la República como director del Empalme Anticorrupción, iniciamos un trabajo riguroso con más de 1.200 profesionales voluntarios que asumieron uno de los mayores desafíos de este Gobierno: realizar un inventario y un análisis forense de las condiciones en las que recibimos el Estado”, dijo Restrepo respecto a ese equipo anticorrupción al que se hace referencia en el libro.

El documento explica que el propósito del grupo consistió en revisar la información disponible, identificar situaciones que pudieran requerir atención y trasladarlas a las instituciones encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes.

En ese tercer capítulo se explica que el objetivo era “identificar oportunamente estas situaciones, analizar la información disponible y, cuando los hallazgos así lo justificaron, activar los mecanismos institucionales de control mediante solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales o actuaciones judiciales”.

El libro también señala que algunas de las actuaciones adelantadas “produjeron resultados inmediatos, como la suspensión de procesos contractuales o actos administrativos, la apertura de investigaciones previa solicitud nuestra y la adopción de medidas preventivas”.

De igual manera, el equipo buscó “poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que requerían una evaluación más profunda para determinar la eventual existencia de responsabilidades”.

¿Cuáles son algunos de los principales hallazgos?

Entre los 82 casos que aparecen en el documento presentado por el Gobierno se encuentran asuntos relacionados con contratación pública, adquisición de tierras, ejecución de obras y servicios de protección.

Algunos de los principales hallazgos mencionados son:

  • ESSMAR E.S.P.: el caso está relacionado con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta y el proceso para construir una planta desalinizadora en la ciudad, por cerca de COP 786.000 millones.

    Según el libro, los documentos iniciales del proyecto fueron publicados el 18 y 19 de junio de 2026. Durante la revisión se identificaron diferentes aspectos que generaron inquietudes.

    “se encontraron posibles cambios frente al proyecto inicialmente aprobado, inquietudes sobre la deficiencia de los estudios previos y de mercado, asuntos técnicos que quedaban bajo definición del futuro contratista y el aparente desconocimiento del CONPES que servía de derrotero para el proyecto”.

    Tras revisar la documentación, el 25 de julio el Equipo Élite solicitó a la Procuraduría medidas preventivas frente al proceso. Cuatro días después, el 29 de julio, el Ministerio Público pidió suspender provisionalmente la contratación para evaluar sus condiciones técnicas, jurídicas y financieras.

  • DAPRE: otro de los casos corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia y a la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026.

    “Mediante esta decisión se declararon hábiles los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026 (sábados, domingos y festivos) para adelantar actuaciones precontractuales, contractuales, administrativas y presupuestales, sin reconocimiento de horas extras, en un momento en el que el Gobierno se encontraba próximo a finalizar su período”, se lee en el texto.

    El nuevo Gobierno señala que el 9 de julio de 2026 presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra ese acto administrativo. Posteriormente, el 28 de julio de 2026, “el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos de la resolución al considerar que la habilitación extraordinaria de esos días podía tener efectos sobre el desarrollo de los procesos de contratación”.

  • Reforma Agraria: el documento señala que el equipo de empalme anticorrupción hizo seguimiento “con especial atención” a la implementación de la reforma agraria.

    La revisión se concentró en el mecanismo utilizado para adquirir predios destinados al Fondo de Tierras, además de los desembolsos y la titulación de los terrenos.

    De acuerdo con el libro, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó COP 1 billón para adquirir predios, pese a que una parte importante de los pagos se habría realizado antes de completar la transferencia y el registro de los inmuebles.

    De los 537 predios analizados, solo tres habían sido debidamente titularizados, según el equipo designado por De La Espriella. A partir de estos resultados, se presentó una denuncia penal, una acción fiscal y una queja disciplinaria. También se resaltó la necesidad de fortalecer el seguimiento a los procesos de adquisición de tierras con recursos públicos.

  • Caminos comunitarios para la Paz Total: el informe también revisó la iniciativa promovida durante la administración Petro.

    En el documento se indica que “e identificaron recursos destinados a la intervención de infraestructura por más de COP 612.000 millones, que se comprometieron con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y que derivaron en una ejecución muy baja”.

    El equipo aseguró que en algunos municipios se había girado la totalidad de los recursos “pese a que las obras no registraban avance físico”.

    Como ejemplo, señaló que en Antioquia, seis convenios por más de COP 2.289 millones tenían una ejecución presupuestal del 100 %, mientras las intervenciones permanecían suspendidas y registraban un avance físico del 0 %. Ante estos hechos, el equipo de De La Espriella interpuso una denuncia penal ante las autoridades.

  • Unidad Nacional de Protección (UNP): otro de los casos revisados está relacionado con la contratación de servicios de protección de las zonas 1 y 2 del país. Estas zonas “agrupan territorialmente a diferentes departamentos de Colombia para gestionar trámites, asignaciones operativas, esquemas de protección y desplazamientos”.

    La contratación, por más de COP 78.000 millones, tenía como objetivo “garantizar la prestación del servicio de escoltas para las personas beneficiarias de los esquemas de protección”.

    El equipo planteó interrogantes sobre la delimitación del objeto contractual y la exclusión de otras zonas estratégicas.

    Como consecuencia, se presentó una queja disciplinaria y se solicitó suspender al director de la UNP. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira suspendió provisionalmente el proceso después de admitir una acción de tutela.

¿Qué acciones se presentaron ante los organismos de control?

Los casos incluidos en El libro de la verdad no se limitaron a una recopilación de información. De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, el equipo anticorrupción trasladó diferentes actuaciones a las entidades encargadas de establecer si existieron responsabilidades.

Entre las acciones mencionadas se encuentran denuncias penales, acciones fiscales, quejas disciplinarias, solicitudes de medidas preventivas y actuaciones judiciales.

El Gobierno sostiene que la entrega del documento a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría busca que cada organismo adelante las investigaciones que correspondan dentro de sus competencias. En la presentación, Restrepo insistió en que los cinco casos expuestos públicamente representan solamente una parte del contenido del documento y que el conjunto de hallazgos asciende a 82 casos.

De esta manera, El libro de la verdad se convierte en uno de los principales documentos entregados por la nueva administración a los organismos de control para poner bajo revisión actuaciones de la administración anterior.

No obstante, corresponde a las autoridades competentes determinar, a partir de las investigaciones respectivas, si los hechos documentados configuran efectivamente responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

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