La grave situación que tiene en jaque los procesos de la Comisión de Acusaciones en el Congreso
La Comisión de Acusación de la Cámara enfrenta una parálisis que amenaza el avance de cientos de investigaciones contra altos funcionarios del Estado.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes enfrenta una parálisis por falta de recursos, situación que estaría afectando el avance de las investigaciones que tiene a su cargo y que encendió las alarmas dentro del Congreso.
La denuncia fue hecha por el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien advirtió que la falta de presupuesto está impidiendo que la Comisión funcione con normalidad. Según señaló, 2.450 procesos permanecen sin poder avanzar en las condiciones necesarias para su trámite.
Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de 1 mes en completa parálisis por falta de recursos. Son 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la Fiscal General de la Nación que no han podido ser…
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 7, 2026
El problema, sin embargo, ya había sido advertido semanas atrás por la propia Comisión. El pasado 19 de agosto, el presidente de esta célula legislativa, Carlos Alberto Cuenca, envió una carta al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en la que solicitó de manera urgente la asignación de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.
En la comunicación, Cuenca señaló que la Comisión contaba en ese momento con 2.450 procesos activos y pidió que los recursos fueran girados “en el menor tiempo posible”, teniendo en cuenta que los expedientes deben cumplir términos procesales que calificó como “perentorios e improrrogables”.
¿Qué está pasando con la Comisión de Acusación?
La Comisión de Investigación y Acusación tiene entre sus funciones constitucionales investigar y acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado en los casos previstos por la Constitución. Por ello, cualquier retraso en su funcionamiento puede tener impacto directo sobre los procesos que permanecen bajo su responsabilidad.
De acuerdo con la denuncia de Briceño, la Comisión lleva más de un mes enfrentando dificultades por la falta de recursos, lo que ha afectado el trámite de las investigaciones.
El congresista cuestionó que una instancia encargada de investigar a altos funcionarios del Estado tenga dificultades presupuestales para desarrollar sus labores y llamó la atención sobre la cantidad de expedientes que permanecen activos.
La situación también fue confirmada por integrantes de la Comisión, quienes han señalado que los recursos son necesarios, entre otras cosas, para contar con apoyo jurídico y abogados que permitan avocar y tramitar los procesos.
Una alerta que ya había llegado al Ministerio de Hacienda
La carta enviada por Carlos Alberto Cuenca muestra que la falta de recursos no es un problema que haya aparecido únicamente con las denuncias de los últimos días.
Carta enviada por el representante Alberto Cuenca al ministro de Hacienda
En el documento dirigido a Miguel Gómez, el presidente de la Comisión explicó que el volumen de procesos hacía indispensable contar con el respaldo presupuestal necesario para atenderlos con celeridad y eficiencia.
De manera atenta, en mi calidad de presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, me permito reiterar la solicitud en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para garantizar el normal funcionamiento de esta Comisión.
Alberto Cuenca
Cuenca también pidió que el giro se hiciera con urgencia debido a los términos que deben cumplir los procesos, los cuales, según explicó, son perentorios e improrrogables.
La situación pone así el foco en una dificultad presupuestal que ya había sido comunicada formalmente a Minhacienda y que ahora, según la denuncia de Briceño, estaría derivando en una parálisis que afecta el avance de los procesos de la Comisión de Acusación.
Mientras se espera la asignación de los recursos, permanecen bajo atención los 2.450 procesos activos que tiene esta instancia del Congreso, encargada de investigar a algunos de los más altos funcionarios del Estado.
