Un juez ordena embargar las cuentas del Pacto Histórico en Colombia: los motivos del fallo
La decisión la tomó un juez de Barrancabermeja y tiene relación con la campaña del presidente Gustavo Petro de 2022.

El juez primero civil del circuito de Barrancabermeja determinó el embargo y secuestro de las cuentas del partido del expresidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico por una deuda de 450 millones de pesos asociada a la campaña presidencial de 2022.
"Decrétese el embargo y secuestro de los dineros depositados o que llegarán a depositarse en la cuenta de ahorros (...) de Confiar Cooperativa Financiera, que figura a nombre del demandado Movimiento Político Pacto Histórico", se lee en la decisión.
¿Por qué el juez ordenó el embargo de las cuentas del Pacto Histórico?
La decisión del juez de Barrancabermeja se tomó dentro de una demanda que interpuso Bibiana Pérez, una empresaria santandereana que asegura que realizó un préstamo de $ 450 millones después de la primera vuelta de 2022 y aunque pasaron cuatro años, los recursos no se le han devuelto.
En ese mismo expediente se le había embargado a Ricardo Roa el salario y varios inmuebles a su nombre.
La decisión judicial se da días después de que el mismo expresidente fuera elegido como presidente del Pacto Histórico. La decisión la tomó el partido el 16 de octubre.

Gustavo Petro fue elegido recientemente como presidente del Pacto Histórico. Colprensa.
No es la primera decisión alrededor de la campaña del 2022
Hace unos días Estados Unidos decisión quitarle la visa a Ricardo Roa, quien fue presidente de Ecopetrol pero también el gerente de la campaña del expresidente Petro.
En Colombia, Roa, está enfrentando varios procesos. Al menos dos de carácter penal: uno relacionado con la campaña del expresidente Gustavo Petro, y otro por un presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento y una contratación en el sector energético.
Aunque en los dos procesos se ha declarado inocente, ya están en etapa de acusación.
Sobre el proceso relacionado con la campaña, se le acusa por la presunta superación de topes permitidos por la ley en las dos vueltas.
Primera vuelta: el límite era de aproximadamente $ 28.536 millones. Según la Fiscalía, los gastos habrían superado ese monto en cerca de $ 1.388 millones.
Segunda vuelta: el tope era de aproximadamente $ 13.347 millones. El exceso investigado sería de unos $ 276 millones.
En total, la presunta superación de los límites sería de aproximadamente $ 1.664 millones. La investigación también examina gastos y aportes que, según el ente acusador, no habrían quedado registrados adecuadamente
El segundo expediente se relaciona con una operación inmobiliaria y con las presuntas gestiones de Roa para que una empresa vinculada a un empresario obtuviera un contrato en el sector del gas.

