Congreso de la República y órganos de control firman acuerdo por la transparencia
El acuerdo reúne al Congreso y entidades de control en diez compromisos para fortalecer el acceso a la información y prevenir la corrupción.
El Congreso de la República y diferentes entidades de control y organizaciones territoriales suscribieron este 29 de septiembre de 2026 el Acuerdo Institucional por la Transparencia, una declaración conjunta que busca establecer compromisos para fortalecer el acceso a la información pública, prevenir la corrupción y mejorar los mecanismos de seguimiento a la gestión estatal.
El documento fue firmado en Bogotá en el marco de la Semana de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública y reúne a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, además de representantes de organismos de control, el Gobierno nacional y organizaciones que agrupan a departamentos, municipios y ciudades capitales.
Entre los firmantes aparecen Honorio Miguel Henríquez Pinedo, presidente del Senado, y Nicolás Antonio Barguil Cubillos, presidente de la Cámara de Representantes. También suscribieron el acuerdo los secretarios generales de ambas corporaciones, representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, entre otras entidades.
El acuerdo plantea que la transparencia debe ser entendida como un principio de la función pública y como una herramienta para prevenir la corrupción y garantizar el acceso ciudadano a la información.
El documento también establece que se trata de una declaración conjunta de voluntad institucional, de carácter político y programático, por lo que no tiene naturaleza contractual ni genera obligaciones patrimoniales entre las entidades firmantes. Asimismo, señala que el acuerdo no modifica las competencias constitucionales ni legales de las instituciones participantes.
¿Cuáles son los compromisos del acuerdo por la transparencia?
El documento establece diez compromisos que deberán ser promovidos por las instituciones y organizaciones firmantes dentro de sus respectivas competencias.
El primero está relacionado con la información pública accesible y oportuna. Las entidades se comprometen a promover la publicación de información sobre procesos de contratación, compras, gestión administrativa y ejecución presupuestal, de acuerdo con las normas de acceso a la información pública y teniendo en cuenta las excepciones previstas en la legislación.
El segundo compromiso corresponde a la prevención y sanción de la corrupción. Para ello, las entidades plantean fortalecer los mecanismos de detección temprana de posibles actos de corrupción, facilitar los canales de denuncia institucional y contribuir a que las conductas irregulares sean investigadas y sancionadas por las autoridades competentes.
El tercer punto establece una rendición de cuentas basada en resultados, con ejercicios periódicos ante la ciudadanía e indicadores que permitan evaluar la gestión pública, el uso de los recursos y los resultados obtenidos.
El cuarto compromiso está dirigido a la protección del denunciante. El acuerdo contempla mecanismos de confidencialidad y protección efectiva para ciudadanos y servidores públicos que denuncien actos de corrupción o irregularidades administrativas.
También se contempla la transformación digital al servicio de la transparencia, mediante la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas de información para facilitar la consulta, la trazabilidad y la auditoría de los procesos administrativos y de gestión pública.
El sexto punto plantea fortalecer una cultura de integridad en el servicio público, a través de formación continua de los servidores en principios de ética, integridad y prevención de conflictos de intereses.
El séptimo compromiso está relacionado con la participación ciudadana y el control social, mientras que el octavo busca fortalecer la articulación interinstitucional entre los órganos de control, la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y las asociaciones de gobiernos territoriales.
¿Cómo se hará seguimiento al acuerdo?
Uno de los puntos centrales del documento es la creación de mecanismos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos.
El noveno compromiso establece la necesidad de garantizar la trazabilidad de los recursos públicos, con el propósito de facilitar que los ciudadanos puedan conocer el recorrido de los recursos desde su asignación presupuestal hasta su ejecución, control y auditoría.
Para ello, las entidades firmantes plantean promover herramientas claras, oportunas y verificables, respetando los límites relacionados con la protección de datos personales y la información sometida a reserva legal.
El décimo compromiso corresponde al seguimiento y evaluación. Para esta tarea se conformará una Mesa Técnica de Seguimiento, integrada por un delegado de cada entidad u organización firmante.
La coordinación de esta mesa estará a cargo de una entidad designada de común acuerdo, bajo un esquema rotativo entre las ramas y órganos representados. El documento establece que la Mesa Técnica deberá sesionar de manera ordinaria al menos dos veces al año y presentar un informe público anual sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo.
El Acuerdo Institucional por la Transparencia tendrá una vigencia de cuatro años contados desde su suscripción y podrá ser prorrogado por periodos iguales mediante comunicación escrita de los firmantes.
Además, el documento deja abierta la posibilidad de que otras entidades públicas u organizaciones de carácter institucional se adhieran posteriormente mediante una comunicación dirigida a la Mesa Técnica de Seguimiento.
Con la firma, las instituciones participantes reafirmaron su voluntad de trabajar por un Estado abierto, eficiente, seguro y orientado a la ciudadanía, con énfasis en la transparencia, el control social y la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.
