¿Por qué Colombia saldría de la CPI y qué efectos tendría abandonar el Estatuto de Roma?
Las decisiones que ha venido tomando el nuevo gobierno parecen llevar al país a salir de esta instancia internacional. Les contamos las implicaciones.

Mientras Colombia ha vivido el terremoto de 7,4 de magnitud y sus consecuencias, los cambios en la política exterior del gobierno de Abelardo De La Espriella son, quizás, los que más se han sentido en la primera semana del nuevo mandato. Tanto, que ya se habla de la posibilidad de salir de la Corte Penal Internacional, CPI, que es un órgano que investiga -cuando es necesario-, casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Este tribunal actúa, generalmente, cuando las autoridades del propio país no lo hicieron y cuando se trata de casos que generan preocupación a nivel internacional. La salida no ha sido confirmada, pero para algunos ya hay señales, una de ellas, es el reciente reconocimiento del país de los Altos del Golán como territorio israelí.
La ONU considera que los Altos son un territorio ocupado y la decisión de Colombia generó el rechazo de países como Siria, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Palestina.
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¿De dónde salió la idea de que Colombia saliera de la CPI?
Además de tomar una decisión totalmente contraria a la ONU, se suma que el nuevo canciller colombiano, Omar Bula, tiene una línea cercana a Estados Unidos y este país ha pedido que se retiren del organismo internacional.
El pedido lo hizo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y fue para los 19 países que hacen parte del 'Escudo de las Américas'. Un nuevo grupo internacional que creó el presidente Donald Trump y que reúne a presidentes de derecha, incluido a Abelardo De La Espriella. "Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía", afirmó Hegseth.
Y, durante campaña, el presidente colombiano había mencionado que estaría dispuesto de salirse de los organismos internacionales.
Pero aún quedan algunas preguntas. Enrique Prieto, experto en relaciones internacionales, contestó varias de las dudas que hay alrededor de este tema para Minuto60.
¿Colombia puede retirarse del Estatuto de Roma?
Lo primero es señalar que Colombia sí puede retirarse del Estatuto de Roma. Es una decisión soberana del Estado: el gobierno tendría que notificar por escrito al secretario general de Naciones Unidas y, en principio, la salida se haría efectiva un año después. Eso está previsto en el propio Estatuto.
¿Salir de la CPI borraría los crímenes cometidos antes del retiro?
Salirse no borra lo ocurrido antes. La CPI conservaría competencia sobre los crímenes cometidos durante el tiempo en que Colombia fue estado parte, es decir, desde 2002 hasta el momento en que la denuncia se haga efectiva. Además, Colombia tendría que seguir cooperando respecto de investigaciones o procedimientos que ya estuvieran en curso.
¿Habría algún debate constitucional en Colombia?
Sí. La Corte Constitucional ha reconocido que varias disposiciones y principios vinculados al Estatuto de Roma tienen relación con el bloque de constitucionalidad y, además, la propia Constitución fue reformada para permitir el reconocimiento de la jurisdicción de la CPI. Por eso, aunque formalmente el presidente dirige las relaciones internacionales y podría presentar la denuncia, una decisión de esta naturaleza seguramente abriría un debate constitucional y eventualmente podría ser objeto de control judicial.
¿Colombia dejaría de estar obligada a investigar los crímenes más graves si sale de la CPI?
En cualquier caso, retirarse de la CPI no significa que Colombia deje de estar obligada a investigar y sancionar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra o la tortura. Muchas de esas prohibiciones existen independientemente del Estatuto de Roma, tanto en la Constitución como en otras normas de derecho internacional, algunas incluso de carácter imperativo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula. Colprensa
¿Qué papel ha tenido la CPI en Colombia?
La Fiscalía mantuvo durante 17 años, entre 2004 y 2021, un examen preliminar sobre la situación del país. Ese examen se cerró durante el gobierno de Iván Duque, pero la decisión la tomó el fiscal Karim Khan, al considerar que las instituciones colombianas estaban adelantando actuaciones genuinas y que, por el principio de complementariedad, no era necesario abrir una investigación formal.
¿Qué significó el cierre de ese examen preliminar?
Eso fue relevante porque significó un reconocimiento a la capacidad de la justicia colombiana, incluida la justicia ordinaria y la JEP, para investigar los crímenes más graves. A partir de allí se mantuvo además un esquema de cooperación y diálogo con la Fiscalía de la CPI. Colombia ha sido presentada muchas veces como un ejemplo de cómo debería funcionar la complementariedad: la Corte no reemplaza a los jueces nacionales, sino que incentiva que el propio Estado investigue.

La Jurisdicción Especial para la Paz surgió del proceso de paz firmado con las extintas Farc. Colprensa.
¿Qué podría perder Colombia si abandona la CPI?
Una eventual salida también debe analizarse desde lo que Colombia podría perder: cooperación judicial, respaldo internacional, credibilidad institucional y confianza en su compromiso con la lucha contra la impunidad.
¿Hay desinformación sobre una eventual salida de la CPI?
Hay además bastante desinformación en esta discusión pública y algunas afirmaciones que han circulado en medios tienen imprecisiones técnicas. La salida de un tratado es una facultad soberana de los Estados, porque el consentimiento es uno de los pilares del derecho internacional. Pero ese principio tiene límites: un Estado no puede simplemente desligarse de obligaciones que existen por otras fuentes, como la costumbre internacional o las normas de ius cogens.
¿Cuál sería el principal problema práctico después del retiro?
Jurídicamente, Colombia seguiría teniendo ciertas obligaciones de cooperación frente a asuntos anteriores a su retiro. Pero, una vez fuera de la CPI, sería mucho más difícil verificar y hacer efectiva esa cooperación si no existe voluntad política. La Corte no tiene una policía propia y depende en gran medida de los Estados para obtener información, realizar diligencias y ejecutar sus decisiones.
El problema es más práctico que jurídico: una vez Colombia deja de ser miembro, se reduce considerablemente la capacidad de seguimiento, diálogo institucional y presión para asegurar esa cooperación. En teoría subsisten determinadas obligaciones; en la práctica, verificar y hacer efectivo su cumplimiento sería mucho más difícil, sobre todo si no existe voluntad política del gobierno de cooperar.
