Hace unas semanas iniciaron las clases del primer semestre de 2026 y, como cada año, antes del inicio oficial los profesores nos reunimos con los estudiantes de primer semestre para compartir consejos y responder preguntas. Esta vez, dos inquietudes surgieron en la conversación: por qué escogimos ser economistas y qué nos aporta la disciplina en la vida cotidiana.

Conté que mi elección fue temprana. Me atraía combinar lo social con las matemáticas y la Economía parecía unir ambos mundos. Con el tiempo confirmé que la disciplina ofrece un marco conceptual potente para pensar la realidad.

A la segunda pregunta respondí que la Economía funciona como unas gafas: no vuelve perfecta la visión, pero ayuda a enfocar. Permite ver con algo más de claridad aquello que suele presentarse borroso: cifras, titulares, debates públicos y decisiones que se toman alrededor nuestro.

Un colega añadió una idea que sintetiza la fortaleza del oficio: los economistas solemos pensar en las consecuencias no intencionadas, en lo que ocurre después, y a veces muy lejos de una decisión, incluso si se tomó con fines nobles. Recordé el dicho de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones: una política puede ser deseable en su propósito inmediato y, sin embargo, traer efectos secundarios costosos.

Esa intuición se conecta con el debate actual sobre el aumento del salario mínimo decretado en 23%, un salto que recuerda épocas de inflaciones de 20% o 30% de hace más de tres décadas. Para quien gana el mínimo, la noticia luce extraordinaria: recibir 23% cuando la inflación ronda un poco más de 5% implica un aumento real del ingreso. Si además hay estabilidad laboral, es natural que se reciba con alegría. Y es legítimo concentrarse en el bienestar propio y familiar.

La prosperidad no se sostiene solo con decretos.

Pero lo crucial, y lo que a menudo cuesta transmitir, está en el entorno que hace posible ese aumento y en cómo se distribuye su costo.

Para ilustrarlo, quiero compartir un episodio con Ricardo, un vigilante a quien aprecio. Hasta el año pasado trabajaba en la entrada por donde accedemos a las oficinas. Al retomar labores en enero noté su ausencia y me preocupé, porque la vigilancia es uno de los sectores más expuestos al incremento del salario mínimo. Semanas después me lo encontré de nuevo; le expresé el alivio de verlo trabajando y su respuesta terminó siendo una lección de economía desde el sentido común.

La vigilancia es un buen ejemplo porque es intensiva en trabajo: los costos laborales representan la parte mayoritaria de sus gastos. Por eso, un aumento fuerte del salario mínimo eleva el costo del servicio y puede presionar la viabilidad financiera de empresas con márgenes estrechos. Y ese aumento no se queda en la empresa: se traslada a quienes contratan el servicio.

En edificios y conjuntos residenciales, la vigilancia se financia con la cuota de administración que paga cada unidad, junto con aseo, cuidado de áreas comunes y salarios de administración. En ese universo, los costos laborales pueden ser entre 60% y 80% del total. Si el salario mínimo sube 23% y parte importante de los contratos está amarrada a ese mínimo, el gasto total podría aumentar en una proporción importante. La consecuencia práctica es una discusión inevitable en las juntas de administración: a qué tasa subir la cuota para sostener servicios esenciales.

El objetivo de elevar el salario mínimo podría verse opacado.

Con ese contexto vuelvo a Ricardo. Él soltó una idea provocadora: si una economía se desarrollara “a punta” de incrementos del salario mínimo, entonces 23% sería incluso poco y el gobierno debió subirlo más. Pero su reflexión central iba más allá del porcentaje: el desarrollo de un país, decía, descansa en la generación de empleo que proviene del crecimiento de la actividad empresarial. La prosperidad no se sostiene solo con decretos, sino con empresas capaces de crear más puestos de trabajo y de mejor calidad.

Hacia el final, Ricardo insistió en que las políticas deben alinearse para asegurar a las empresas un terreno fértil para crecer, de modo que ese crecimiento se traduzca en progreso para los trabajadores. Habló de un “fino equilibrio”: proteger el bienestar sin asfixiar la creación de empleo. Ese equilibrio puede ponerse en riesgo cuando las decisiones no son proporcionadas.

Lo que ocurre en vigilancia y aseo se replica en micro y pequeñas empresas, las más vulnerables del tejido empresarial colombiano. Si ese conjunto, que es inmensamente mayoritario, enfrenta alzas fuertes de costos laborales, el objetivo de elevar el salario mínimo podría verse opacado por efectos no deseados: más informalidad y desempleo. Aquí reaparece la lógica de las consecuencias no intencionadas.

Tras la suspensión del decreto de salario mínimo por parte del Consejo de Estado, algunos grandes empresarios manifestaron que estaban dispuestos a mantener el aumento. Esa postura puede ser coherente para una fracción pequeña del empresariado, con músculo financiero y flexibilidad para absorber rápidamente un choque de costos de grandes proporciones. Pero para la inmensa mayoría, el ajuste no es “contable” sino existencial: el incremento de costos laborales los acerca al límite de su viabilidad, obligándolos a renegociar contratos, recortar turnos, aplazar inversiones o, en el peor de los casos, reducir empleo formal.

La narrativa actual está dominada por la idea de que oponerse a un aumento alto equivale a querer salarios más bajos. Nada más alejado de la realidad. El salario remunera el esfuerzo y, si una empresa puede sostener ese aumento, es positivo para quienes trabajan allí. La labor del economista es advertir sobre riesgos colaterales de medidas deseables en apariencia. Señalar la posibilidad de mayor desempleo o informalidad no es desearlo, sino recordar, como lo hizo Ricardo, que las políticas públicas deben buscar un equilibrio delicado: mejorar el bienestar sin comprometer el crecimiento y la creación de empleo. Ese equilibrio fue puesto en riesgo con la decisión tomada a finales de 2025.