Hace un par de semanas, la OCDE presentó su Análisis de Desempeño Ambiental para Colombia, un diagnóstico que evalúa temas como cambio climático, calidad del aire, acceso al agua y saneamiento, gestión de residuos y biodiversidad, entre otros. Uno de los principales valores de pertenecer a la OCDE es precisamente contar con este tipo de evaluaciones comparables a nivel internacional.

Entre los temas del informe se encuentran los impuestos verdes y cómo financiar las metas ambientales del país. La OCDE reconoce que Colombia ha dado algunos pasos hacia un sistema tributario más verde, pero advierte que el avance sigue siendo limitado.

La OCDE reconoce que Colombia ha dado algunos pasos hacia un sistema tributario más verde, pero advierte que el avance sigue siendo limitado.

El principal impuesto verde del país es el impuesto al carbono, introducido en la reforma tributaria de 2016. Colombia es uno de los pocos países de la región que cuenta con este mecanismo, junto con Chile, México, Argentina y Uruguay. Sin embargo, el informe señala que su bajo monto más las exenciones y subsidios a los combustibles fósiles reducen de forma significativa su efectividad para disminuir emisiones. De hecho, la OCDE advierte que los subsidios superan el recaudo del impuesto, lo que implica un precio efectivo del carbono negativo.

En estas condiciones, el impuesto no genera la señal económica esperada: Que precios más altos conduzcan a menores niveles de consumo. Hoy, el precio del impuesto es de $ 29.070 por tonelada de carbono, una cifra baja frente a las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Precios de Carbono, liderada por el premio Nobel Joshep Stiglitz, que sugiere precios superiores a USD 40 para cumplir con las metas del Acuerdo de París.

Ahora bien, un precio de ese nivel podría ser políticamente inviable en Colombia considerando la presión social que se generaría por un aumento tan elevado de combustibles como la gasolina. Por eso, el diseño del instrumento incorpora mecanismos alternativos para canalizar recursos hacia la acción climática.

El primero es la destinación específica del 80 % al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, adscrito al Ministerio de Ambiente. Solo en 2024, estos recursos ascendieron a cerca de $ 440.000 millones, equivalentes a aproximadamente el 22 % del presupuesto total del sector ambiente ese mismo año. La ley establece que deben financiar acciones como protección de la erosión costera, reducción de la deforestación, conservación de fuentes hídricas, restauración, biodiversidad y medidas en materia de acción climática.

El segundo es el mecanismo de no causación, que permite a las empresas sustituir el pago del impuesto por créditos de carbono provenientes de proyectos certificados. Bien implementado, este mecanismo puede impulsar iniciativas de restauración y protección de bosques, el principal foco de emisiones del país.

De hecho, entre 2017 y 2024 más de la mitad de las emisiones compensadas a través de la no causación provinieron de proyectos REDD+, es decir, iniciativas que buscan detener la deforestación y degradación de bosques. Sin embargo, la OCDE advierte que varios de estos proyectos no cumplen con varios de los requisitos de integridad ambiental requeridos por los mecanismos de acreditación.

Esta preocupación no es nueva. Investigaciones del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), lideradas por el periodista Andrés Bermúdez, han documentado fallas en la articulación y comunicación con comunidades indígenas y dudas sobre la adicionalidad y las reducciones reales asociadas a los proyectos.

En ese sentido, es fundamental fortalecer los esquemas de salvaguardas ambientales y sociales y asegurar a través de metodologías claras que los proyectos sí brinden las reducciones de emisiones esperadas. Sin esto, seguiremos corriendo el riesgo de que recursos significativos asociados al impuesto al carbono no estén logrando el impacto climático esperado.

Las crisis climáticas no dan espera, como lo estamos observando en este momento con las emergencias causadas por el invierno. Aprovechar mejor los instrumentos existentes no es solo una discusión técnica, sino una necesidad económica y fiscal para enfrentar los impactos crecientes del cambio climático.

Es fundamental fortalecer los esquemas de salvaguardas ambientales y sociales y asegurar a través de metodologías claras que los proyectos sí brinden las reducciones de emisiones esperadas.