Gobierno de Ecuador le envía la policía a empresas que usan energía de la red nacional
El país vecino ordenó el despliegue policial contra empresas por la crisis eléctrica en medio de duras réplicas gremiales.
La tensión por la emergencia energética en Ecuador alcanzó un punto de máxima confrontación institucional tras la decisión del Gobierno de recurrir a la fuerza pública contra el sector productivo.
El Ejecutivo ecuatoriano solicitó la intervención de la policía y las fuerzas de seguridad para forzar la desconexión de instalaciones industriales de media tensión que se mantendrían enganchadas a la red nacional.
La disposición oficial busca contener la demanda de energía y frenar el rápido deterioro del embalse de Mazar, la mayor reserva hídrica del país. Sin embargo, la medida desencadenó un fuerte rechazo en el sector empresarial, que niega los incumplimientos y denuncia serios impactos sobre la producción y el empleo.
¿Por qué el Gobierno ecuatoriano ordenó la intervención de la fuerza pública?
La orden de movilizar a la policía fue anunciada públicamente por el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, mediante la difusión de listados oficiales con los nombres de las compañías señaladas. El funcionario fundamentó la medida en la necesidad urgente de salvaguardar el suministro energético de la población residencial.
"Estos son los clientes de medio voltaje que en este momento se encuentran conectados al Sistema Nacional Interconectado, poniendo en riesgo el abastecimiento de las familias ecuatorianas", señaló Neira.
"He solicitado la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas dispuestas para precautelar la estabilidad operativa del Sistema", agregó el portavoz gubernamental al mencionar directamente al ministro del Interior, John Reimberg.
Continuamos con el reporte de los clientes de medio voltaje que no cumplen la disposición de desconexión al Sistema Nacional Interconectado. Seguiremos enviando a la Fuerza Pública para que se encargue de quienes ponen en riesgo el abastecimiento eléctrico de las familias ecuatorianas.
— José Julio Neira (@JoseJulioNeira) October 15, 2026
El señalamiento del Ejecutivo abarca a 40 grandes clientes de mediano voltaje pertenecientes a sectores como la acuicultura, la pesca, la minería, el papel, los plásticos y la producción de alimentos perecederos.
Entre las firmas expuestas constan empresas como Provefrut, Electrocables, Propemar, Monmifish, Crimasa, Industrial Pesquera Santa Priscila, Plapasa y Grupasa. De acuerdo con los reportes oficiales, doce de las principales compañías señaladas operan en la jurisdicción de CNEL Guayaquil y sus actividades dependen críticamente de cadenas de frío ininterrumpidas.
¿Cuál es la situación real del embalse de Mazar y la red eléctrica?
La presión del Gobierno sobre el aparato industrial coincide con una situación hídrica crítica en el complejo Paute Integral, infraestructura que aporta una porción sustancial de la generación hidroeléctrica del país.
El nivel de agua en el embalse de Mazar se ubicó en torno a los 2.123 y 2.124 metros sobre el nivel del mar. Esta cifra sitúa a la reserva a solo nueve metros de su límite mínimo de operación segura, fijado técnicamente en los 2.115 metros.
Si el embalse alcanzara esa cota mínima, la central Mazar tendría que salir de servicio de forma obligatoria para evitar que los sedimentos dañen irreversiblemente sus turbinas. Una eventual paralización de Mazar afectaría directamente a las centrales de Molino y Sopladora, situadas aguas abajo, limitando su capacidad al caudal natural del río Paute.
A la par, el caudal de los ríos que alimentan el complejo registra niveles un 69,2 por ciento inferiores a sus promedios históricos habituales para el mes de octubre. Por su parte, la planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair también opera a la mitad de su capacidad instalada debido al bajo caudal del río Coca y la acumulación de sedimentos.
¿Cómo respondieron las empresas y gremios señalados por el Ejecutivo?
La publicación de los listados oficiales desató reclamos inmediatos por parte de los representantes del sector privado, que calificaron la información gubernamental como errónea y perjudicial para su reputación.
Varias de las empresas señaladas aseguraron que han acatado estrictamente las desconexiones y que las actividades en sus plantas se mantienen exclusivamente mediante autogeneración.
"Offset Abad ha respetado todos los cortes de energía dispuestos por el operador del sistema", afirmó la compañía mediante un comunicado público, al precisar que opera con cinco generadores propios asumiendo costos extraordinarios para no demandar electricidad de la red nacional.
Firmas como Electrocables y Grupasa rechazaron igualmente las acusaciones oficiales y sostuvieron que sus plantas funcionan de manera independiente gracias a equipos de generación privada. Por su parte, la Cámara Nacional de Acuacultura expresó su rechazo a los cortes prolongados y advirtió sobre las graves consecuencias que estas medidas generan en la estabilidad del empleo.
"Pedimos al Gobierno transparencia sobre la gravedad de la crisis energética que atraviesa el país", manifestó la entidad gremial.
¿Qué cuestionamientos legales y técnicos enfrenta la medida estatal?
El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
La decisión de recurrir a la fuerza pública abrió un intenso debate jurídico sobre la legalidad de enviar efectivos policiales o militares a instalaciones privadas. Las publicaciones de la Administración Pública omitieron detallar la tipificación penal o el marco regulatorio que facultaría las intervenciones de seguridad.
El exministro de Energía y Minas de Ecuador, Fernando Santos, cuestionó con dureza el procedimiento estatal y advirtió sobre el impacto en el marco institucional. "Usar fuerza pública contra industrias que utilizan energía pública es un atentado", sostuvo Santos al recordar que la provisión de energía eléctrica constituye un servicio público bajo responsabilidad exclusiva del Estado.
"La ley más bien establece sanciones para quien interrumpe un servicio público y quienes han dispuesto estas suspensiones son las autoridades", afirmó el exfuncionario.
Santos agregó que las empresas afectadas poseen fundamentos para presentar acciones de protección constitucional ante la vulneración del derecho al trabajo y reclamar indemnizaciones económicas por los daños ocasionados. Asimismo, indicó que durante administraciones previas se dejaron firmados contratos para incorporar 800 megavatios de generación renovable que no fueron impulsados por la gestión actual.
¿Qué horizonte operativo le espera al sector industrial ecuatoriano?
El conflicto actual ocurre tras una serie de modificaciones y rectificaciones en las disposiciones gubernamentales sobre los horarios de desconexión. El Gobierno debió corregir un oficio emitido por la Subsecretaría de Distribución que pretendía extender la desconexión industrial por siete días continuos, lo que provocó la desvinculación inmediata del funcionario emisor.
Bajo el esquema vigente, los usuarios industriales de alto voltaje recibieron autorización para retomar su consumo habitual, mientras que las industrias de mediano voltaje deben mantener las restricciones de consumo hasta la medianoche del viernes 16 de octubre.
No obstante, los análisis del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha proyectan que el sistema nacional registra un déficit de al menos 500 megavatios térmicos. De igual forma, gremios técnicos estiman que el déficit de generación podría situarse entre los 1.000 y 1.300 megavatios durante el periodo de estiaje, lo que mantendrá bajo extrema presión la estabilidad operativa del país.
