Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
Periodista Digital
Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
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La Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión que impedía a la policía federal de inmigración realizar detenciones en Los Ángeles bajo criterios como lugar de trabajo, idioma o apariencia étnica. La decisión reaviva una práctica que ya había generado fuertes protestas en California y que había motivado al presidente Donald Trump a desplegar a la Guardia Nacional en la zona.
La medida revierte fallos previos de un tribunal federal y de una corte de apelaciones que, en julio y agosto respectivamente, habían prohibido de forma temporal estas operaciones, al considerar que podían violar derechos constitucionales.
Estallan cientos de protestas en #LosÁngeles contra redadas masivas de deportación. #Trump moviliza a 2 mil militares para contencion
— Avispa Mídia (@Avispa_Midia) June 9, 2025
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Los factores que ahora vuelven a ser válidos para justificar las redadas incluyen: la presencia en lugares comúnmente asociados con la mano de obra inmigrante (como paradas de autobús, lavaderos de coches o campos agrícolas), el tipo de actividad realizada, hablar español o inglés con acento extranjero, o bien la apariencia étnica de una persona.
Estas prácticas han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos por fomentar la discriminación racial y por exponer a comunidades latinas y migrantes a detenciones arbitrarias.
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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó el fallo, calificándolo como un “ataque” contra las libertades civiles:
“El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema, pero ahora, de un plumazo, ha socavado los derechos de millones de personas”.
Desde junio, Los Ángeles ha sido escenario de manifestaciones en rechazo a las redadas, algunas de las cuales terminaron en enfrentamientos violentos. Fue en ese contexto que Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, argumentando la necesidad de reforzar la seguridad ante los disturbios.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció que continuará su batalla legal para frenar lo que califican como “redadas inconstitucionales”, anticipando nuevos choques en los tribunales y en las calles.
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