Periodista Digital
Siete años de internamiento preventivo a adolescentes responsables de homicidio en Bogotá


Un juez penal para adolescentes impuso sentencia sancionatoria de siete años de internamiento preventivo contra dos jóvenes de 14 y 15 años, quienes aceptaron su responsabilidad en el crimen de un menor de edad.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, y según las investigaciones de la Fiscalía General se estableció que la víctima fue llevada mediante engaños a una zona boscosa del barrio José Sucre, en inmediaciones del río Tunjuelo, y allí fue agredida con arma cortopunzante y su cuerpo abandonado.
#Judicial | Un juez penal para adolescentes profirió una sanción de siete años de internamiento contra dos jóvenes de 14 y 15 años de edad, quienes aceptaron su responsabilidad en el homicidio de un menor de edad el pasado 8 de mayo en la localidad de Usme, sur de Bogotá. pic.twitter.com/SDAD3txX0Z
— minuto60.com (@minuto60com) July 1, 2025
Los dos adolescentes infractores aceptaron en audiencias preliminares ante un juez de control de garantías el delito de homicidio agravado que se les endilgó.
La sanción impuesta se hará efectiva en un establecimiento especializado para menores de Bogotá y cumplirán la sanción en el tiempo indicado.
Menores cumplirán su condena en centro especializado sin importar que allí cumplan la mayoría de edad
Minuto60 consultó a la abogada penalista Myriam Pachón, quien indicó que en este caso los menores infractores tendrán que cumplir la sanción en el centro de resocialización sin importar que allí cumplan la mayoría de edad.
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En este tipo de procesos prevalece la sanción impuesta por el juzgado de menores por tratarse de casos especiales de la justicia donde se busca la resocialización de los jóvenes, con base en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, previsto en la Ley 1098, señaló la abogada.
Para las autoridades y organizaciones sociales es preocupante el panorama de los menores de edad que están siendo reclutados por organizaciones criminales para la comisión de delitos en el marco del conflicto armado.
La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas reveló recientemente que entre los años 2022 y 2024 se presentaron al menos 658 casos de graves violaciones de derechos humanos contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 474 corresponden a casos de reclutamiento forzado.
Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que entre el 1 de enero y el 30 de abril del presente año se presentaron 21 casos de reclutamiento forzado de menores de edad, siendo los mayores victimarios el Estado Mayor Central, seguido por las disidencias, el ELN y la Segunda Marquetalia.
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