Parranda de Nelson Velásquez en cárcel Itagüí sacude al Inpec: revocan suspensión de 11 funcionarios
La Procuraduría anuló la apertura del proceso disciplinario por fallas legales en el caso de la parranda en la cárcel de Itagüí el 8 de abril de 2026.
La investigación por la polémica parranda vallenata realizada el pasado 8 de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí, Antioquia, dio un giro importante luego de que la Procuraduría General de la Nación ordenara revocar la suspensión provisional de 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) vinculados al caso.
El evento, que ha generado debate nacional, habría contado con la participación de internos señalados como cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá y la presentación del cantante de música popular y vallenata Nelson Velásquez, lo que desató cuestionamientos sobre los controles de seguridad dentro del establecimiento penitenciario.
La decisión del Ministerio Público no implica el cierre de la investigación, pero sí obliga a rehacer parte del proceso disciplinario desde su fase inicial debido a fallas procedimentales detectadas en la actuación administrativa.
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Parranda de Nelson Velásquez en cárcel Itagüí. Redes sociales
¿Qué encontró la Procuraduría en el proceso?
De acuerdo con el documento emitido por la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, el proceso disciplinario contra los 11 dragoneantes inició con irregularidades que afectan su validez jurídica.
El ente de control estableció que la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) del Inpec adelantó de forma simultánea la indagación previa y la apertura formal de investigación disciplinaria, sin respetar la secuencia legal que exige el procedimiento.
Esta actuación, según la Procuraduría, rompe el orden procesal establecido y vulnera el debido proceso de los funcionarios investigados.
En el documento se precisa: “Se decretó nulidad procesal del auto que ordenó apertura de investigación disciplinaria”. Además, se dejó sin efectos la decisión de suspensión provisional emitida el 10 de abril de 2026 por la OCID del Inpec contra los servidores públicos involucrados.
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¿Por qué se cayó la suspensión de los funcionarios?
El Ministerio Público fue enfático en señalar que la decisión de suspender a los funcionarios no estuvo suficientemente fundamentada, especialmente en lo relacionado con la individualización de conductas.
Según el análisis, la OCID del Inpec no explicó de manera clara y diferenciada qué acciones u omisiones se atribuían a cada uno de los investigados, sino que aplicó señalamientos generales a todos los vinculados.
Esto, según la Procuraduría, impide que los funcionarios conozcan con precisión los hechos por los cuales son investigados, lo que afecta directamente su derecho a la defensa.
La entidad también advirtió que el auto de apertura no cumplió con lo establecido en el Código General Disciplinario, particularmente en la obligación de describir de forma clara y sucinta los hechos disciplinariamente relevantes.
Decisión de la Procuraduría en caso de parranda de Nelson Velásquez. Redes sociales
¿Quiénes son los 11 funcionarios del Inpec?
Con la decisión adoptada, los 11 dragoneantes regresan a etapa de indagación previa mientras se corrigen los errores del proceso disciplinario.
Los servidores mencionados en el expediente son:
Nairo Vargas Rubio
Fran Alexander Barbosa Pinzón
Jhon Eduar Aguilar Conde
José Luis Becerra Puello
Juan Camilo Goez David
Juan Diego Ospina Morales
Gustavo Adolfo Montejo Casas
Eduardo Parra Ceballos
Salvador del Cristo Jiménez Palencia
Heyler Antonio Fracica Sarmiento
Fredy Antonio Ciprián Díaz
El documento señala que todos habrían estado vinculados a los hechos ocurridos dentro del pabellón 1 del establecimiento penitenciario durante la jornada del 8 de abril.
¿Qué originó la polémica parranda en Itagüí?
La controversia se desató tras denuncias sobre la realización de una fiesta vallenata dentro del centro penitenciario de Itagüí, un hecho que generó fuertes críticas sobre el control institucional en las cárceles del país.
La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue una de las primeras en denunciar públicamente el caso, asegurando que el evento habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos.
Según su denuncia, alrededor de 100 millones habrían sido destinados a la presentación del cantante Nelson Velásquez, mientras que el resto del presupuesto se habría utilizado en logística, alimentación, bebidas alcohólicas y otros gastos asociados al evento. Este hecho generó una fuerte reacción pública y motivó la apertura de un proceso disciplinario contra varios funcionarios del Inpec.
Por otro lado, el Ministerio Público insistió en que el debido proceso exige que cada investigado conozca con claridad los hechos específicos que se le atribuyen.
En el documento se advierte que no es suficiente una imputación general, sino que debe existir una descripción detallada que permita identificar la conducta individual de cada servidor público.
La Procuraduría explicó que esta exigencia no es un formalismo, sino una garantía constitucional que permite ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
Además, señaló que en ausencia de esta claridad, los investigados no pueden acceder de forma adecuada a beneficios como la aceptación de cargos o la confesión dentro del proceso disciplinario.
¿Qué viene ahora en la investigación?
Con la nulidad decretada, el proceso deberá regresar a etapa de indagación previa, en la que se deberán corregir los errores identificados por el Ministerio Público.
La Procuraduría ordenó que en esta nueva etapa se presente una relación clara de los hechos disciplinariamente relevantes, con lenguaje comprensible y con la individualización de cada posible responsable. Aunque la suspensión fue revocada, la investigación continúa abierta y seguirá bajo revisión de los organismos de control.
Un caso que sigue generando impacto
El caso de la parranda de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí se ha convertido en uno de los episodios más polémicos recientes dentro del sistema penitenciario colombiano.
No solo por la realización del evento dentro de un centro carcelario, sino por las implicaciones jurídicas que ha dejado el proceso disciplinario contra los funcionarios del Inpec.
La decisión de la Procuraduría reabre el debate sobre los controles internos en los establecimientos penitenciarios y la rigurosidad de los procesos disciplinarios dentro del Estado.
