Revocan libertad condicional de Emilio Tapia y ordenan su captura inmediata

El Juzgado 15 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá decidió revocar la libertad condicional concedida en abril de este año a Emilio José Tapia Aldana, quien cumple condena por cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La decisión responde al recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría de Barranquilla, que argumentó que el beneficio otorgado por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Atlántico fue concedido sin una valoración adecuada de la gravedad de los delitos y de los antecedentes del condenado.

Antecedentes judiciales de Emilio Tapia

Tapia fue uno de los principales implicados en el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá, un escándalo que, según las sentencias judiciales, afectó gravemente la transparencia de la administración distrital y ocasionó pérdidas millonarias a la hacienda.

Desde 2015, acumula varias condenas que suman más de 145 meses de prisión (alrededor de 12 años) y millonarias multas por los delitos cometidos en distintos procesos relacionados con contratación pública.

En abril de 2025, una jueza de Barranquilla le concedió libertad condicional tras considerar que había cumplido las tres quintas partes de su pena, mantenía buena conducta y contaba con arraigo familiar. Sin embargo, la Procuraduría apeló al considerar que el fallo no tuvo en cuenta todos los elementos exigidos por la ley.

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Argumentos del fallo

El juez Juan Guillermo Salazar Arboleda, quien resolvió la apelación, señaló que aunque Tapia cumplía los requisitos objetivos, como el tiempo de pena y el buen comportamiento en prisión, la gravedad de sus delitos, su participación reiterada en actos de corrupción y su falta de resocialización hacían improcedente la libertad condicional.

El despacho destacó que los hechos por los cuales fue condenado “socavaron las arcas del Distrito” y “defraudaron la confianza de la ciudadanía”, constituyendo uno de los mayores fraudes en la contratación pública del país.

Además, el fallo tuvo en cuenta que Tapia fue nuevamente vinculado al caso ‘Centros Poblados’, ocurrido mientras aún cumplía su condena anterior, lo que evidencia, según el juez, que no hay un pronóstico favorable de reintegración social.

La decisión judicial ordena la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, quien deberá ser puesto a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, encargado de la ejecución de su condena.

Revocan libertad del Bandidazo de Emilio Tapia.

Hasta cuando aguantará la sociedad este fenómeno del chanchullo??? pic.twitter.com/XdjHzFRm8o

— OFA (@ofaburgos) October 10, 2025

El caso Centros Poblados

De acuerdo con la Fiscalía, Tapia fue el verdadero responsable detrás de la unión temporal Centros Poblados, que obtuvo un contrato por más de un billón de pesos para llevar internet a escuelas rurales del país. La investigación determinó que presentó garantías bancarias falsas y participó en la apropiación indebida de un anticipo de 70.000 millones de pesos.

En 2024, el contratista aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Como parte de un acuerdo con la justicia, se comprometió a devolver 5.063 millones de pesos y a colaborar como testigo en otros procesos relacionados con corrupción.

Devolución del dinero y garantías presentadas

Según la Fiscalía, Tapia ha restituido hasta el momento 2.532 millones de pesos, representados en ocho títulos judiciales. El restante 50 % de la suma acordada será cubierto mediante dos pagarés por 1.265 millones de pesos cada uno, que debería entregar en abril y octubre de 2025.

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Vinculado también al caso Emcali

Además del escándalo de Centros Poblados, Tapia también fue vinculado al caso Emcali, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a consorcios bajo su influencia.

La Fiscalía sostiene que utilizó documentos alterados y empresas fachada para obtener contratos con Empresas Municipales de Cali, repitiendo así el patrón de uso de garantías falsas y manipulación documental que lo ha caracterizado en otros procesos judiciales.