Procuraduría advierte una eventual crisis por expedición de pasaportes

Ante el anuncio del Gobierno Nacional, con relación a la suscripción de un convenio interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para el suministro de pasaportes, el Ministerio Público reiteró que hay preocupaciones por la continuidad de la prestación del servicio.

Advierte la Procuraduría General que “no se conocen los estudios previos técnicos de dicho convenio”, ni tampoco los demás documentos que hacen parte del proceso precontractual , tal y cómo está establecido en la ley de contratación nacional.

Ante anuncio del Gobierno sobre suscripción de convenio para suministro de pasaportes entre @CancilleriaCol e Imprenta Nacional, la @PGN_COL reiteró su preocupación por los problemas que se puedan presentar en la continuidad de la prestación del servicio. https://t.co/VNKARvc0af pic.twitter.com/CZ46kaBIfi

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 22, 2025

Lo anterior se corrobora con la información  que deben subir las entidades del país al portal de contratación Secop II,  pero tal y como lo advierte el organismo de control, el fin de semana solo apareció el convenio interadministrativo y el acto administrativo de justificación.

“Contrario a lo anterior, se conocen unos estudios previos elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar con el aliado público internacional. Sin embargo, el convenio indica que la contratación la realizará la Imprenta Nacional de Colombia”, señala la Procuraduría.

Al ente de control le asaltan dudas con respecto a la posibilidad del actual contratista para prestar el servicio.

De otra parte, la el Ministerio Público advierte que restan un poco menos de 290 mil libretas por entregar, en el marco del contrato actual, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de agosto de 2025 y que en consecuencia esta situación genera un alto riesgo de desabastecimiento, al considerar que no se ha definido con claridad quién asumirá la prestación del servicio a partir del 1 de septiembre de 2025.

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“Al ente de control le asaltan dudas con respecto a la posibilidad del actual contratista para prestar el servicio, pues se desconoce si ha sido notificado o consultado para suministrar pasaportes por medio de la urgencia manifiesta. Sumado a esto, se desconocen las razones y el acto administrativo por el cual se suscribe el convenio por la secretaria general (en encargo) y no por la ministra de Relaciones Exteriores”, puntualiza la Procuraduría General.

En cuanto a investigaciones disciplinarias se refiere, el organismo de control señala que la Imprenta Nacional ya tiene abiertas algunas investigaciones por posibles irregularidades en la contratación para la fabricación de las cédulas de extranjería, situación en la cual también se acudió a un tercero internacional, gracias al régimen contractual de la Imprenta Nacional de Colombia.

Finalmente, asegura que continuará con la vigilancia sobre este proceso y si es el caso “tomará las acciones correspondientes para que se garantice la prestación del servicio, la adecuada administración de los recursos públicos y la transparencia del proceso de contratación”.

Figura de E.I.C.E. genera dudas en contratación

En contratación pública ha generado todo tipo de cuestionamientos la figura de E.I.C.E. (Empresa Industrial y Comercial del Estado), porque en muchos casos se ha prestado para saltarse la Ley 80 que rige los procesos de contratación de las entidades públicas en el país.

Particularmente estas empresas se constituyen con capital mixto, es decir recursos públicos y recursos privados, abriendo una puerta para la contratación a dedo, sin que esto genere algún tipo de dudas, pues al poseer la característica mixta le da un margen para maniobrar en procesos contractuales.

Por ejemplo, una E.I.C.E., de constitución mixta, suscribe un convenio interadministrativo con una entidad pública; es decir ambas partes aportan recursos para el objeto a contratar. Posteriormente la E.I.C.E., al estar constituida por igual o mayor porcentaje con recursos privados, contrata directamente y sin necesidad de licitación pública, porque la ley se lo permite.