Así va el caso de Luis Fernando Velasco, el exministro de Petro preso por el escándalo de la UNGRD
Radicó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión que lo mandó a la cárcel.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sigue preso y enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía General de la Nación lo señala como una de las dos cabezas de la red que desvió contratos del Estado para asegurar votos en el Congreso. Su movimiento más reciente es una tutela con la que busca tumbar la decisión que lo mandó a la cárcel.
Velasco llevaba más de tres décadas en cargos públicos cuando el caso de la UNGRD lo llevó a prisión. Su nombre estuvo ligado al Partido Liberal y, en los últimos años, al proyecto político del presidente, Gustavo Petro.
Velasco, nacido en Popayán en 1964, es abogado de la Universidad del Cauca y uno de los nombres más veteranos del Partido Liberal. Llegó al Concejo de su ciudad en 1988 y fue alcalde de Popayán a los 27 años. Es hijo de Omar Henry Velasco, excongresista liberal y exprocurador.
Su carrera nacional despegó en el Congreso: fue representante a la Cámara por el Cauca entre 1998 y 2006 y senador entre 2006 y 2022. En la legislatura 2015-2016 presidió el Senado, justo cuando se tramitaban las reformas que dieron piso jurídico al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.
En la campaña de 2022, Velasco se enfrentó al jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, y encabezó al grupo de liberales que se sumó a Petro, pese a que la dirección del partido respaldaba a Federico Gutiérrez.
Su ascenso llegó por etapas. En agosto de 2022 fue nombrado consejero presidencial para las regiones y, en paralelo, director encargado de la UNGRD. En abril de 2023, Petro lo designó ministro del Interior en reemplazo de Alfonso Prada.
Cuál fue su presunto papel
Foto: Colprensa
Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 (cuando Velasco era ministro del Interior y Ricardo Bonilla, de Hacienda) los dos encabezaron una “empresa criminal” dedicada a desviar contratos del Estado. El acuerdo, sostiene el ente acusador, consistía en repartir obras de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) entre congresistas a cambio de sus votos para las reformas del Gobierno.
La Fiscalía calcula que la red comprometió $612.237 millones en 79 proyectos prometidos a senadores y representantes. De esos proyectos, según el ente acusador, solo siete se concretaron.
De acuerdo con la acusación, el reparto funcionaba así: Velasco y Bonilla le ordenaron a María Alejandra Benavides, entonces asesora de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda, definir cuánto le correspondía a cada congresista. A cada uno le asignaban cupos indicativos (porciones del presupuesto que un parlamentario puede dirigir hacia obras) y contratos del Estado.
Las cámaras de seguridad de la sede del Ministerio de Hacienda registraron la llegada de varios congresistas, entre ellos Wadith Manzur y Karen Manrique, en fechas de sesiones decisivas para el Gobierno. Los dos hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), la instancia del Congreso que aprueba los créditos que solicita la Nación.
Velasco rechaza los señalamientos. Ha dicho que la Fiscalía lo puso de “chivo expiatorio” y que cambió los hechos investigados.
Cómo va el caso
Foto: Colprensa
La Fiscalía imputó a Velasco el 1 de diciembre de 2025 por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de esos cargos tiene aún una condena: el exministro sigue cobijado por la presunción de inocencia.
El 18 de diciembre de 2025, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó enviarlo a la cárcel. Lo hizo pese a que la propia Fiscalía había pedido para él detención domiciliaria. Velasco se entregó esa noche en Cali, donde sigue recluido.
El 7 de abril de 2026, la Fiscalía radicó el escrito de acusación, un documento de 287 páginas. El 29 de abril se instaló la audiencia de formulación de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que reconoció como víctimas a la UNGRD, al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a la Contraloría General de la República.
El otro exministro acusado, Ricardo Bonilla, corrió con mejor suerte. El mismo 7 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad porque la Fiscalía radicó la acusación seis días después del plazo legal. Bonilla sigue vinculado al juicio, pero lo enfrenta fuera de la cárcel; Velasco, en cambio, continúa preso.
Frente a ese panorama, Velasco interpuso la tutela contra la decisión de Rosero, en la que reclama que su encarcelamiento violó sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa. El caso quedó en manos del magistrado Hugo Bernate, quien ya recibió los conceptos de la UNGRD, del despacho tercero del Tribunal Superior de Bogotá y de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema. Con esos documentos en su despacho, Bernate debe decidir sobre la tutela.
