¿Puede un influencer meterse en problemas por un video viral? Esto dice la ley colombiana
El caso del carro que trataron de subir a un puente peatonal en Bogotá reabrió el debate sobre los límites legales de los creadores de contenido.
El caso del vehículo que intentó subir un puente peatonal en Bogotá abrió un debate sobre los límites de los creadores de contenido. Aunque las autoridades aún no identifican oficialmente al responsable, expertos advierten que registrar una conducta peligrosa no siempre exime de responsabilidad.
El video del conductor que intentó subir un Chevrolet Spark azul por un puente peatonal en la avenida 68 con calle 26, en Bogotá, no solo generó indignación por las múltiples infracciones de tránsito que quedaron registradas en cámara. También abrió una discusión jurídica que cada vez cobra más fuerza en Colombia: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un creador de contenido cuando participa, promueve o incentiva conductas peligrosas para obtener un video viral?
La pregunta surgió luego de que en la grabación se escuchara una voz diciendo: "Hágale, hágale... suba, suba", mientras el conductor intentaba ingresar el vehículo por una infraestructura destinada exclusivamente para peatones.
El caso del carro en el puente abrió un nuevo debate
Aunque las autoridades aún no han identificado oficialmente al conductor ni han establecido quién grabó el video, el caso ha puesto sobre la mesa un debate que trasciende este episodio y alcanza a miles de influencers y creadores de contenido en el país.
En principio, grabar una infracción de tránsito no constituye un delito. Sin embargo, el panorama cambia si durante una investigación se logra demostrar que quien sostenía la cámara no solo registró los hechos, sino que además los planeó, promovió o incentivó.
Precisamente eso es lo que ahora discuten abogados penalistas y expertos en derecho digital: si existe una diferencia entre documentar una conducta para denunciarla y participar activamente en su ejecución.
¿Qué dice el Código Penal?
El artículo 30 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) contempla la figura del determinador, es decir, la persona que induce o convence a otra de cometer una conducta punible.
No obstante, existe una diferencia importante. Las infracciones de tránsito no son delitos, sino faltas administrativas contempladas en el Código Nacional de Tránsito.
Por esa razón, la sola comisión de una infracción no activa automáticamente la responsabilidad penal del llamado determinador.
Sin embargo, si como consecuencia de una conducta de este tipo se produjeran delitos —por ejemplo, lesiones personales, homicidio culposo o daños a bienes públicos o privados— la Fiscalía sí podría analizar el papel que desempeñaron otras personas involucradas en los hechos.
La responsabilidad también puede ser administrativa
Más allá del ámbito penal, las autoridades pueden utilizar videos, testimonios y demás pruebas para fortalecer los procesos administrativos que adelante la Secretaría Distrital de Movilidad.
En otras palabras, si se demuestra que existió una actuación coordinada para cometer varias infracciones, todo ese material podría incorporarse al expediente que permita establecer las responsabilidades correspondientes.
Cielo Rusinque, saliente directora de la Superintendencia de Industria y Comercio. Crédito: Colprensa.
Los influencers ya están bajo la lupa en Colombia
El debate ocurre en un momento en que los creadores de contenido enfrentan un creciente escrutinio por parte de las autoridades.
En abril de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigaciones contra varios influencers por presuntamente no entregar información clara y veraz a sus seguidores en contenidos publicitarios.
Con esa decisión, la entidad dejó claro que los influencers no solo son generadores de contenido, sino también actores económicos que deben cumplir normas de protección al consumidor.
Le puede interesar: ¿Hoy le creen más a los influencers que a los medios? Candidatos hablarían con Westcol
Una industria que mueve miles de millones
El crecimiento del fenómeno explica por qué el Estado ha comenzado a regularlo.
Según datos citados por la plataforma Tusdatos.co:
Colombia cuenta con más de 82.300 influencers en Instagram.
En todas las plataformas digitales existen cerca de 500.000 creadores de contenido.
La actividad ha crecido cerca del 35 % durante los últimos años.
La inversión empresarial también se ha disparado.
Mientras en 2019 las compañías destinaban alrededor de 8.757 millones de pesos a campañas con influencers, para 2023 la cifra ascendió a 117.563 millones de pesos, y las proyecciones superaban los 300.000 millones de pesos.
Ese crecimiento ha convertido a los influencers en protagonistas del mercado publicitario, pero también en sujetos de mayores obligaciones legales.
Los influencers logran cada vez más alcance con sus contenidos. Crédito: archivo particular.
¿Qué obligaciones tienen los creadores de contenido?
Actualmente, los influencers deben respetar diferentes principios previstos en la legislación colombiana, especialmente cuando realizan publicaciones comerciales o contenidos que pueden afectar a terceros.
Entre ellos se encuentran:
Proteger la dignidad humana.
Respetar los derechos fundamentales.
Garantizar los derechos del consumidor.
Actuar con transparencia frente a la publicidad.
Respetar la propiedad intelectual.
Estas obligaciones tienen sustento principalmente en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y en las directrices emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
También se estudia una regulación más amplia
Además de las normas actuales, el Congreso ha venido discutiendo proyectos encaminados a establecer un marco específico para los creadores de contenido.
Las iniciativas buscan abordar temas como:
Profesionalización del oficio.
Protección laboral.
Transparencia financiera.
Ciberseguridad.
Prevención del ciberacoso.
Pedagogía ciudadana.
Protección de menores en entornos digitales.
¿Qué sanciones pueden enfrentar?
Cuando un influencer incumple las normas de protección al consumidor o las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, puede ser objeto de investigaciones administrativas.
Dependiendo de la gravedad del caso, las sanciones económicas pueden alcanzar hasta 2.320 millones de pesos, además de otras medidas que adopten las autoridades competentes.
Le puede interesar: Los 5 influenciadores que rodean a Abelardo De La Espriella, ¿tendrán cargos en el nuevo gobierno?
