Un preacuerdo pone contra las cuerdas a Juliana Guerrero: esto pasó en la audiencia
Luis Carlos Gutiérrez aceptó responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía por la expedición irregular de títulos de Juliana Guerrero.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, aceptó responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía por los hechos relacionados con la expedición irregular de los títulos académicos que fueron presentados por Juliana Guerrero en su aspiración al viceministerio de Juventudes.
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La decisión se conoció durante la audiencia que se adelanta este jueves, 20 de agosto, dentro del proceso penal. Antes de exponer los términos del acuerdo, la Fiscalía explicó a Gutiérrez las consecuencias de acogerse a este mecanismo de terminación anticipada, entre ellas la renuncia al derecho a un juicio público, oral y contradictorio y las implicaciones de realizar una alegación de culpabilidad.
De acuerdo con la explicación entregada en audiencia, Gutiérrez decidió someterse al mecanismo de preacuerdo y aceptar los hechos jurídicamente relevantes planteados por el ente acusador.
¿Cómo avanza el caso contra Juliana Guerrero?
Según la Fiscalía, Gutiérrez se desempeñó como secretario general de la Fundación de Educación Superior San José entre el 1 de septiembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2025. Desde ese cargo, de acuerdo con la investigación, autorizó la expedición de dos diplomas académicos y sus respectivas actas de grado que no correspondían a la realidad académica de la persona beneficiaria.
Los documentos tenían fecha del 1 de julio de 2025 y certificaban que Juliana Guerrero había cumplido con la totalidad de los requisitos académicos y legales necesarios para obtener los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
Luis Carlos Gutierrez Martinez, ex secretario de la Fundación De Educación Superior San José autorizó la expedición de dos títulos falsos Tecnología en gestión contable y tributaria y Contadora profesional a Juliana Guerrero. pic.twitter.com/rNzjeREWA4
— Javier Hernández (@JaviPekerman) August 20, 2026
La Fiscalía sostuvo ante el juez que esa certificación no correspondía a la realidad y que los documentos fueron expedidos pese a que no se habían cumplido las condiciones necesarias para obtener los títulos.
El ente acusador presentó los hechos jurídicamente relevantes que sustentan el preacuerdo y señaló expresamente la participación que habría tenido Gutiérrez desde su posición dentro de la institución educativa.
El preacuerdo implica una terminación anticipada del proceso
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que un preacuerdo permite terminar anticipadamente el proceso penal a partir de una aceptación de responsabilidad y bajo unas condiciones que deben ser sometidas al control judicial.
Antes de formalizar la decisión de Gutiérrez, se le explicaron sus derechos y las consecuencias de renunciar a un juicio. Entre ellos están el derecho a contar con un proceso público, oral, contradictorio, concentrado e imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas.

También se le explicó que, al realizar una alegación de culpabilidad en virtud del preacuerdo, puede acceder a una rebaja de la pena que será impuesta por el juez de conocimiento en una eventual sentencia condenatoria, de acuerdo con las condiciones establecidas en el mecanismo negociado con la Fiscalía.
La Fiscalía hizo igualmente una precisión sobre las conversaciones adelantadas durante la negociación: estas no tendrán valor probatorio por sí mismas dentro del proceso.
¿Qué pasó con Juliana Guerrero?
Mientras avanzaba este trámite con Gutiérrez, la audiencia de acusación contra Juliana Guerrero no pudo desarrollarse este jueves porque la exfuncionaria no se presentó y se solicitó el aplazamiento de la diligencia.
La audiencia tendrá que ser reprogramada para continuar con el proceso que la Fiscalía adelanta en su contra por las presuntas irregularidades relacionadas con los títulos académicos.
La investigación de la Fiscalía busca establecer las responsabilidades individuales de quienes participaron en la presunta expedición y utilización irregular de los documentos académicos.
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