¿Por qué ordenan el cierre del Gimnasio Los Laureles tras muerte de Valeria Afanador?
La gobernación de Cundinamarca canceló la licencia del colegio tras señalar fallas en vigilancia y respuesta ante la desaparición de la menor.
La gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución ubicada en Cajicá donde estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció dentro del plantel en agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente en el río Frío.
La decisión fue adoptada después de un proceso administrativo sancionatorio en el que la administración departamental declaró responsable al establecimiento por una infracción grave relacionada con la prestación del servicio educativo. Sin embargo, el cierre no será inmediato: la medida comenzará a aplicarse una vez termine el calendario académico de 2026, con el propósito de no afectar de manera abrupta a los estudiantes y sus familias.
La resolución también establece que la rectora, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca un Plan de Reubicación de Estudiantes antes del 31 de octubre de 2026.
Pero ¿qué llevó a la Gobernación a tomar una de las medidas más drásticas contra la institución? El expediente administrativo señala varios cuestionamientos relacionados con el deber de cuidado, la vigilancia y la respuesta ante la desaparición de Valeria.
El Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cundinamarca, deberá cerrar tras la cancelación de su licencia de funcionamiento por presuntas fallas en los protocolos de seguridad. Tomada de redes sociales
Fallas en los protocolos
Uno de los principales elementos analizados durante el proceso fue la inexistencia de una ruta institucional suficientemente definida para responder ante la desaparición o pérdida de ubicación de un estudiante.
Según la decisión administrativa, aunque algunos integrantes del colegio mencionaron procedimientos generales para atender evacuaciones y emergencias, durante la investigación no se acreditó un protocolo específico para enfrentar una desaparición dentro del plantel.
La Gobernación consideró que este tipo de situación debía estar contemplada dentro de los riesgos previsibles en una institución educativa, especialmente por el deber de protección y custodia que existe sobre los menores durante la jornada escolar.
El documento concluyó que hubo una “insuficiente estructuración institucional de mecanismos operativos de reacción inmediata”, lo que habría provocado actuaciones que la autoridad calificó como improvisadas y desarticuladas después de conocerse que Valeria no estaba en el lugar donde debía permanecer.
La respuesta inicial también fue examinada. De acuerdo con los testimonios incluidos en el expediente, algunos docentes y directivos se dirigieron a un punto de encuentro, hicieron el llamado a lista y posteriormente comenzaron a buscar a la menor. Sin embargo, no estaba definido con claridad quién debía liderar el operativo.
La Gobernación también señaló que no se habían establecido previamente las zonas que debían ser revisadas ni se habrían utilizado de manera inmediata los registros de las cámaras para determinar los lugares que debían tener prioridad en la búsqueda.
Estos elementos fueron determinantes para que la administración departamental cuestionara la oportunidad y coordinación de la respuesta institucional.
El riesgo del río Frío
Otro de los aspectos considerados fue la ubicación del colegio y su cercanía con el río Frío. Durante la investigación se estableció que la institución conocía la existencia del afluente y había contemplado algunos riesgos relacionados con este. Sin embargo, según la Gobernación, la valoración estaba enfocada principalmente en la posibilidad de inundaciones en determinadas áreas recreativas y no contemplaba de manera suficiente el riesgo de que un integrante de la comunidad educativa pudiera llegar hasta la zona del río.
La cercanía con el afluente ya había generado actuaciones de otras autoridades. En enero de 2026, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) había impuesto una medida preventiva relacionada con actividades en el área de ronda del río Frío, al considerar que existía un riesgo para los estudiantes.
El caso de Valeria puso así bajo la lupa no solo la reacción del colegio ante su desaparición, sino también las condiciones de seguridad de las áreas próximas a la institución.
¿Qué pasó con la vigilancia?
Durante el proceso administrativo, el colegio presentó como parte de su defensa los mecanismos de vigilancia que tenía implementados. Entre ellos estaban un cronograma de supervisión, personal de seguridad privada y zonas asignadas para la vigilancia de los estudiantes.
Sin embargo, la Gobernación consideró que demostrar la existencia formal de esos mecanismos no era suficiente. El análisis se concentró en determinar si realmente funcionaban y cumplían con el objetivo de proteger a los alumnos.
Según el expediente, Valeria salió de su aula antes del descanso y permaneció en zonas recreativas sin que su ausencia fuera detectada oportunamente. La decisión administrativa sostiene que el deber de cuidado no se cumple simplemente con tener cámaras, vigilantes o cronogramas, sino con garantizar que estos mecanismos funcionen de manera efectiva.
Este punto fue especialmente relevante porque la menor desapareció durante la jornada escolar y, según las investigaciones, las autoridades debieron desplegar posteriormente un amplio operativo para encontrarla.
La investigación penal
La decisión de la Gobernación corresponde a un proceso administrativo y no determina por sí misma responsabilidades penales. Por eso, la administración departamental decidió compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que evalúe los hechos dentro de sus competencias.
De manera paralela, la Fiscalía avanzó en la investigación penal. En junio de 2026 informó que solicitaría la imputación por homicidio culposo contra Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, quienes tenían responsabilidades relacionadas con la vigilancia y protección de la menor.
La familia de Valeria, representada por el abogado Julián Quintana, expresó su inconformidad porque la rectora no fue incluida en esa decisión judicial. Los familiares consideran que también deben esclarecerse las posibles responsabilidades de la dirección de la institución.
Es importante diferenciar ambos procesos: mientras la Gobernación sancionó administrativamente al colegio y ordenó cancelar su licencia, la Fiscalía adelanta una investigación independiente para establecer si existen responsabilidades penales.
¿Cuándo cerrará el colegio?
Aunque la Gobernación ordenó cancelar la licencia de funcionamiento, el Gimnasio Campestre Los Laureles no cerrará de inmediato.
La medida comenzará a regir una vez termine el calendario académico de 2026. La decisión busca permitir que los estudiantes culminen el año escolar antes de que se haga efectiva la cancelación de la licencia. La institución, además, debe presentar el plan para reubicar a sus alumnos antes del 31 de octubre.
La decisión también puede ser objeto de los recursos legales correspondientes, por lo que su ejecución está sujeta al desarrollo de las actuaciones administrativas que todavía puedan presentarse.
El cierre representa así el resultado de un proceso en el que la Gobernación cuestionó las condiciones de vigilancia, el manejo del riesgo asociado al río Frío y, especialmente, la falta de un protocolo específico y coordinado para reaccionar ante la desaparición de un estudiante.
La muerte de Valeria Afanador, ocurrida después de que desapareciera durante una jornada escolar, abrió investigaciones administrativas, ambientales y penales. Ahora, la cancelación de la licencia marca un nuevo capítulo en un caso que todavía continúa bajo análisis de las autoridades.
