Otro revés para Petro: Fiscalía mantiene capturas contra 29 miembros del Clan del Golfo
Entre las órdenes que había pedido suspender el Gobierno está la de alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo.
Después de que el Consejo de Estado frenara el traslado de $ 25 billones de las AFP al Régimen de Prima Media de Colpensiones, este martes, el gobierno de Gustavo Petro sufrió un nuevo golpe.
En esta ocasión, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó una resolución en la que decidió no acceder, por ahora, a la suspensión de las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo.
Entre las órdenes que pidió suspender el Gobierno, está la de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo jefe de esa organización criminal y quien además tiene una solicitud de extradición hacia Estados Unidos.
¿Por qué no suspenden las órdenes de captura?
La Fiscalía condicionó cualquier suspensión de las órdenes de captura al cumplimiento de varios compromisos por parte de ese grupo armado. También informó que se abstendrá de aplicar medidas automáticas hasta contar con información verificable sobre el estado avanzado del proceso de paz y el cumplimiento de requisitos legales.
La Fiscalía "resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata órdenes de captura antes del 25 de junio de 2026, fecha de inicio de las ZUT fijada por la misma OCCP, y hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz", comunicó al respecto.
Además, el ente investigador dispondrá de una revisión detallada del listado de las 29 personas para identificar su situación jurídica y órdenes de captura vigentes, incluyendo procesos de extradición.
Entre las exigencias de la Fiscalía también están el cese de crímenes que vulneren el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la entrega de menores de edad reclutados y el fin de las actividades económicas ilícitas.
¿Qué pedía el Gobierno?
El Gobierno de Gustavo Petro había expedido previamente una resolución, fechada en abril de 2026, mediante la cual oficializaba la solicitud de suspensión de las órdenes de captura contra los 29 integrantes del Clan del Golfo para facilitar el avance de las conversaciones.
Dicha resolución fue firmada por el Comisionado para la Paz, Otty Patiño, bajo la justificación del proceso de conversaciones de paz que se tiene entre el gobierno y el Clan del Golfo.
Señalaba el documento que estos 29 cabecillas "se trasladarán a las zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de manera preparada, progresiva y condicionada desde el próximo 25 de junio de 2026".
El documento explica además que se han definido dos puntos geográficos para este fin: Tierralta, en el departamento de Córdoba, y Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, con el fin de lograr el desarme y la posterior desmovilización.
No obstante, la resolución no daba mayores detalles sobre los lineamientos del ZUT, en lo que respecta sobre los deberes que tendrán los cabecillas en estas zonas, si llegarán desarmados, entre otros interrogantes.
Esta decisión se produce en un momento en que el Clan del Golfo es el mayor grupo criminal en Colombia comparado en hombres, en armamento y hasta en el gran crecimiento que ha tenido durante el gobierno Petro.
Según datos de la Fundación Ideas para la Paz, mientras que en mayo de 2022, al momento de la extradición de Otoniel, el grupo contaba con aproximadamente 4,099 integrantes, para el año 2025 la cifra ascendió a 9,840 hombres en armas.
