Fiscalía da explicaciones de investigaciones a disidentes de las Farc

Por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía General dio explicaciones de los hechos registrados el 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia, cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de integrantes del Estado Mayor de las disidencias de las FARC.

El ente acusador aseguró que en dicho operativo militar tres de las personas fueron judicializadas, que se incautó material probatorio que quedó en cadena de custodia, el cual ha permitido la vinculación penal de un grupo de al menos 28 integrantes de las disidencias, entre otras acciones.

Señaló que en la caravana transitaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, quienes portaban algunos elementos que fueron objeto de incautación.

“(…) fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos. Sometido a cadena de custodia el material incautado, éste fue debidamente legalizado ante los jueces de la República y dos equipos forenses adscritos a la DIJIN de la Policía Nacional se encargaron de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital, emitiendo cinco informes técnicos, el último de los cuales se presentó el pasado 26 de junio a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Medellín que ha tenido a su cargo la investigación por estos hechos”, explicó la Fiscalía.

Los elementos incautados han servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las FARC en Antioquia.

Fiscalía General de la Nación

Sostuvo la entidad, que el más reciente cruce y análisis de datos fue ordenado por dicha delegada el pasado 24 de septiembre, con varios actos investigativos que deben ser validados como material probatorio y de evidencia ante la justicia. Advierte también que, a la fecha, continúa en verificación la gran cantidad de información hallada.

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“Los elementos incautados han servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las FARC en Antioquia. Además, tres de los integrantes de la caravana fueron judicializados así: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, por el que aceptaron cargos y fueron condenados cumpliendo actualmente pena de prisión. Y Edgar de Jesús Ortega, alias Firu, por el de homicidio por el cual ya se radicó escrito de acusación y quien también permanece privado de la libertad”, indico la entidad.

La Fiscalía precisó que ese 23 de julio no fueron capturados Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, porque habían sido suspendidas las órdenes de captura en su contra, así como las que pudieran emitirse en el futuro, “en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año”.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc.

Fiscalía General de la Nación

Reiteró que la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, adelanta las investigaciones, de las cuales no tiene injerencia el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni tampoco otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, que son los superiores jerárquicos de dicha delegada.

Frente a las verificaciones realizadas en las últimas horas en Medellín, que revelan la presunta existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas, “la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.

Compulsa de copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera.

Fiscalía General de la Nación

Comunicado de la Fiscalía General de la Nación pic.twitter.com/3VhppldrCu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 25, 2025

De otra parte, señaló la Fiscalía, que la delegada de la fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados.

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“Asimismo, no puede soslayarse que es deber de la Fiscalía General de la Nación acatar lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) sobre el levantamiento de órdenes de captura contra miembros-representantes de organizaciones armadas para que participen en las mesas de diálogos de paz del Gobierno nacional, en los términos comunicados a fines de agosto de 2024 por la Corte Constitucional, en sentencia C-525”, señaló el ente acusador.

Finalmente señaló que los dispositivos recuperados, de los cuales se extrajo la información en el informe periodístico de Caracol Noticias, han estado desde su incautación bajo la custodia de la DIJIN, por lo que resulta para la Fiscalía alarmante, ya que su contenido fue develado públicamente, en lo que se considera una supuesta clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales.