El próximo 2 de noviembre se cumplen 30 años del magnicidio del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado y la Jurisdicción para la Paz sorprendió en las últimas horas con el anuncio de asumir las investigaciones por el crimen.El abogado Enrique Gómez Martínez, quien representa los intereses de la familia del asesinado líder del Partido Conservador, dijo no estar de acuerdo con el anuncio hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz.“Rechazamos de manera categórica la asunción de competencia de la investigación del magnicidio por parte de la JEP. Esto no hace sino continuar estos largos 30 años de impunidad en la investigación de los autores intelectuales y materiales del magnicidio del líder sacrificado durante el gobierno de Ernesto Samper”, señaló el abogado.Agregó que la decisión de la JEP “implica el desconocimiento franco, claro de toda la evidencia recaudada por la Fiscalía que permitió la declaratoria en su momento de este homicidio como un delito de lesa humanidad”.Concluyó que se adelantarán todas las acciones legales para que no se mantenga la impunidad y no se le dé crédito a las supuestas falsas versiones entregadas por el entonces secretariado de las Farc ante la justicia transicional. ¿Qué dijo la Jurisdicción Especial para la Paz?La JEP anunció que vincula oficialmente al Caso 10 la investigación por la presunta responsabilidad de las Farc-EP por los homicidios del dirigente político Álvaro Gómez, así como Jesús del Cristo Huertas, Pablo Guarín, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal y Hernando Pizarro y, en el Caso 05, el de José Fedor Rey.Lo anterior, según el tribunal especial, porque en 30 años, seis de los siete homicidios, no han sido esclarecidos por la justicia ordinaria y en tal sentido se declaró competente para investigar los hechos tras “un análisis exhaustivo de los Aportes Tempranos de Verdad de exmiembros de las Farc-EP, de expedientes judiciales, informes de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad civil, de documentos de la antigua guerrilla”, entre otros.“Al menos siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP reconocieron, a nombre de la antigua guerrilla, haber cometido estos crímenes. Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, reconoció en particular su responsabilidad individual como mando de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) por los homicidios de Gómez Hurtado, Huertas Hastamorir, Landazal Reyes y Pizarro Leongómez.La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP no descarta que las extintas Farc-EP sean responsables en estos homicidios, que además tuvo la confesión de exmiembros del último secretariado de la guerrilla.Aclara sin embargo que la decisión no anula la competencia de la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar los hechos, teniendo en cuenta que hay varias hipótesis sobre los posibles responsables.