¿Puede la Fuerza Pública entrar a una universidad? Esto dice la ley sobre la autonomía universitaria
La más reciente alocución del presidente De La Espriella sigue generando muchas dudas, pero esto dice la ley.
La polémica por las recientes declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella durante su alocución del pasado domingo 13 de septiembre, en la que se refirió a la posibilidad de intervenir con la Fuerza Pública los campus universitarios en medio de protestas sigue generando muchas dudas.
El mandatario marcó una línea entre la movilización social y los hechos que puedan constituir delitos y cuestionó que la autonomía universitaria pueda convertirse en un límite para las autoridades cuando se presenten actos de violencia.
“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica será garantizada y respetada por el Gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta”, afirmó De La Espriella.
Según explicó, será la Policía Nacional la que esté a cargo de atender las situaciones que se den alrededor de las universidades.
"Por eso, he dado instrucciones para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la propuesta y cuándo existen hechos de violencia. (...) La Policía podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas, no voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia", añadió.
¿Qué dice la ley?
El artículo 69 de la Constitución Política reconoce la autonomía universitaria como una garantía institucional. Esto permite que las universidades establezcan sus propios estatutos y 'reglas', elijan a sus autoridades y definan su régimen académico, administrativo y financiero.
Esto lo establece la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior. En su artículo 28, la norma reconoce a las universidades, entre otras facultades, la posibilidad de definir sus programas, seleccionar a sus profesores y admitir a sus estudiantes.
Sin embargo, la autonomía universitaria no es un derecho absoluto, según lo establecido por la Corte Constitucional. En la sentencia C-829 de 2002, la Corte señaló que la autonomía corresponde a la discrecionalidad necesaria para el desarrollo académico, pero tiene como límites el orden público, el interés general y el bien común.
Asimismo, en la sentencia C-337 de 1996, en la que también se reconoció que el orden público y el bien común pueden establecer límites a la autonomía de las instituciones de educación superior.
Así, desde hace más de dos décadas la jurisprudencia constitucional reconoce que la autonomía universitaria puede estar limitada en determinadas circunstancias por razones relacionadas con el orden público.
¿Los actos vandálicos vienen de las universidades?
Frente a esta posición, Minuto60 dialogó con Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Según explicó, este no es un tema nuevo y aseguró que, siempre que se ha discutido, aparece el debate sobre la autonomía universitaria y los límites que se 'pelean' las diferentes partes.
Esto no es un tema nuevo, siempre se ha discutido y siempre que aparece este debate se genera la tensión entre autonomía universitaria y validación de la violencia. Eso es claro: en ninguna parte del espíritu de la Constitución Política ni del espíritu de los acuerdos institucionales, en el marco de la autonomía, se tolera.
Domínguez añadió que es importante aclarar que se ha demostrado que la mayoría de esos actos vandálicos a los que se refiere el mandatario no vienen de las comunidades universitarias, sino que, por el contrario, han sido de actores externos que muchas veces ingresan sin mucho problema a los planteles.
Está demostrado a través de la historia que la mayoría de los actos violentos, cuando se vulneran y se amenaza la vida de las personas en los campos, casi siempre han sido actores externos a la universidad los que los han protagonizado. ¿Qué necesitamos para, en virtud de ello, que esto no suceda? Efectivamente, debe haber una conversación donde la autonomía nunca se vulnere. Ese derecho a ser independientes, a generar espacios para la discusión de diferentes posturas, de diferentes miradas del mundo, debe seguirse manteniendo. Pero en manera alguna la autonomía protocoliza los actos vandálicos y de afectación de la vida y de la vulneración de derechos.
Según Óscar, es un buen momento para que la propuesta que ha hecho el gobierno nacional la discutan todos los actores involucrados. Es decir, universidades, gobierno universitario, estudiantes, profesores, sociedad, para que se llegue a un acuerdo en el que cualquier persona que transgreda esa 'línea roja' entre el derecho a la protesta pacífica y las acciones de hecho que llevan a la violencia sean detenidas y sean frenadas.
No podemos seguir teniendo a personas afectadas en nuestros campos universitarios porque esa línea roja hay unos que aprovechan cruzarla soportándose en la discusión de la autonomía.
