Radican denuncia penal contra gerente de empresa de acueducto en el Caribe
La acción penal cuestiona los cobros estimados que estaría realizando la empresa a los usuarios de la región.
Ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una denuncia penal contra la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado Triple A, por parte de veedores ciudadanos que señalaron a la organización de realizar cobros estimados a los usuarios del Caribe.
La acción legal también se presentó contra el actual gerente de la empresa, Ramón Hemer.
De acuerdo con Rubén Llanos, vocal de control de servicios públicos en el departamento del Atlántico, el objetivo de la denuncia es que se vigile e investigue el reiterado uso de cobros estimados a los ciudadanos por parte de la compañía.
Adicionalmente, busca que se analice el impacto económico de dichos cobros en la población, teniendo en cuenta que, según lo expuesto por los denunciantes, las estimaciones no corresponderían al consumo real de los usuarios.
Lo anterior constituye uno de los principales cuestionamientos planteados en la acción penal, debido a que los valores cobrados mediante estimaciones podrían no reflejar el consumo efectivo de los servicios prestados por la empresa durante los periodos correspondientes.
(Le podría interesar: Consternación por muerte de trabajadores en una alcantarilla en Atlántico: esto se sabe)
En ese sentido, se plantea que, al parecer, habría mayores cobros y, por lo tanto, presuntas incidencias en los recursos públicos destinados al saneamiento.
Los veedores ciudadanos buscan que este aspecto sea revisado por las autoridades competentes, con el propósito de establecer si los cobros señalados corresponden a situaciones puntuales o si, por el contrario, se trataría de una práctica que se estaría presentando de manera reiterada entre los usuarios atendidos por la empresa.
El documento presentado por Llanos también trasladó los hechos expuestos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio.
(También lea: ¿Quién busca controlar las universidades públicas?: La lucha por la rectoría de la Uniatlántico)
De acuerdo con el planteamiento de los denunciantes, la intervención de estas entidades permitiría que se revisen los aspectos relacionados con la prestación de los servicios públicos y las condiciones en las que se estarían efectuando los cobros cuestionados.
La denuncia también pone bajo análisis el posible impacto que estas estimaciones tendrían sobre los usuarios de los departamentos de la Costa colombiana atendidos por Triple A, particularmente en aquellos casos en los que el valor facturado no correspondería con el consumo real.
De esta manera, las veedurías ciudadanas buscan que las instituciones pertinentes esclarezcan si se han presentado presuntos cobros excesivos a la población.
(Además: El acueducto disfuncional de $ 13.500 millones en el Cesar, ¿se perdió la inversión?)
La acción penal pretende, además, que se determinen las circunstancias en las que se estarían generando las facturaciones cuestionadas y que las autoridades establezcan si existen responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.
