Las ocho exigencias de la Corte Constitucional al gobierno para proteger el Acuerdo de Paz
La Corte Constitucional le dio 30 días hábiles al gobierno para que presente una hoja de ruta con presupuesto.
A pocos días de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc, la Corte Constitucional lanzó una advertencia sobre los recursos destinados a garantizar la reincorporación de quienes dejaron las armas y señaló que el actual gobierno estaría tomando decisiones que pueden afectar el cumplimiento de lo pactado.
En el Auto 1538 de 2026 el alto tribunal recogió una alerta de la Defensoría del Pueblo sobre cerca de $ 53.000 millones bloqueados en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), una situación que podría afectar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los firmantes del Acuerdo.
Los recursos están relacionados con proyectos productivos, beneficios económicos, el funcionamiento de antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y apoyos para el traslado de personas que enfrentan riesgos de seguridad.
Pero esa no fue la única preocupación de la Corte. El tribunal también advirtió que el proyecto de presupuesto para 2027 contemplaba una reducción del 79,1 % en los recursos de inversión de la ARN, por lo que exigió al Gobierno explicar las razones de ese ajuste y sus posibles consecuencias.
Corte da 30 días al Gobierno para presentar hoja de ruta
En medio de estas advertencias, la Corte Constitucional le dio al Gobierno de Abelardo De La Espriella un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de la decisión, para presentar información sobre la incorporación de los compromisos del Acuerdo de Paz en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.
El auto, expedido el pasado 4 de noviembre, hace la revisión de la sentencia SU-020 de 2022 con la que el tribunal declaró el estado de cosas inconstitucional del componente de garantías de seguridad para la población que firmó el acuerdo. Los magistrados Héctor Carvajal, Jorge Enrique Ibáñez y Miguel Polo volvieron a revisar y señalaron que pese a las órdenes emitidas continúa la "violación masiva y sistemática" de sus derechos.
Por ello, el Ejecutivo deberá detallar las metas, los cronogramas y los recursos previstos para avanzar en la implementación, particularmente en las medidas relacionadas con la seguridad de los firmantes.
La Corte recordó que el Acuerdo de Paz es una política de Estado y que sus compromisos deben cumplirse hasta 2030, independientemente de quién ocupe la Presidencia.
Aunque cada gobierno puede establecer los mecanismos para desarrollar lo pactado, esa facultad no significa que pueda eliminar los compromisos adquiridos, aplazarlos indefinidamente o dejarlos sin financiación.
Este 24 de noviembre se cumplen 10 años de la firma del acuerdo. Colprensa.
Persisten las fallas en la protección de los firmantes
La decisión también puso la lupa sobre las garantías de seguridad de quienes se reincorporaron a la vida civil.
La Corte señaló que persisten dificultades institucionales para garantizar su protección y que los reportes de actividades de las entidades no son suficientes para demostrar que los mecanismos de seguridad estén funcionando de manera efectiva.
Por eso, estableció plazos de 20 días hábiles para que distintas entidades acrediten el funcionamiento de instancias de seguimiento y protección, entre ellas la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
La decisión se conoce cuando Colombia se acerca a una década de la firma definitiva del Acuerdo de Paz, mientras continúan los desafíos para garantizar la reincorporación y la seguridad de quienes abandonaron las armas.
¿Qué órdenes emitió la Corte Constitucional?
Orden | ¿Qué exige? | Plazo |
|---|---|---|
1. Incluir la paz en el Plan Nacional de Desarrollo | Presentar información sobre metas, cronogramas, proyectos y recursos para cumplir el Acuerdo, especialmente las garantías de seguridad. | 30 días hábiles |
2. Fortalecer la entidad encargada de implementar el Acuerdo | Garantizar presupuesto, personal, capacidad institucional y autoridad suficiente para coordinar la implementación. | 30 días hábiles para informar |
3. Reactivar el seguimiento al Acuerdo | Garantizar el funcionamiento de la CSIVI y el trabajo conjunto entre Gobierno y representantes de los firmantes. | 20 días hábiles |
4. Poner a funcionar los mecanismos de seguridad | Activar el sistema de información y monitoreo del SISEP y establecer indicadores para evaluar la protección de los excombatientes. | 20 días hábiles |
5. Hacer seguimiento a las medidas de protección | La Mesa Técnica de Seguridad y Protección debe demostrar cómo supervisa el Plan Estratégico de Seguridad y Protección. | 20 días hábiles |
6. Prevenir la estigmatización | El Ministerio del Interior debe informar sobre las acciones de convivencia, reconciliación y prevención de señalamientos contra firmantes. | 20 días hábiles |
7. Combatir las organizaciones criminales | La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe garantizar el seguimiento a la política de desmantelamiento de organizaciones criminales. | Seguimiento requerido |
8. Fortalecer la reincorporación | Activar el subcomité encargado de coordinar y evaluar los programas de reincorporación. | Seguimiento requerido |
