A juicio nueve militares en retiro por torturas en la toma del Palacio de Justicia

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), representante de víctimas en el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas hace 40 años, informó que la Fiscalía General profirió resolución de acusación en contra de nueve militares, en retiro, por el delito de tortura agravada.

Señala la organización que la decisión respalda la tesis del caso que fue presentada por la parte civil, donde se argumentó “la existencia de un patrón sistemático de detención y tortura, que involucraba: (1) La calificación de las víctimas como ‘sospechosas o especiales’, (2) el traslado y retención inicial en el segundo piso de la Casa del Florero, donde fueron víctimas de malos tratos, (3) el traslado a guarniciones militares, donde se consumaron las torturas. Todo esto, siempre a manos de integrantes del Ejército Nacional, como quedó demostrado”, indicó el Cajar.

#Atención | La Fiscalía llama a juicio a nueve militares (r), quienes están procesados en calidad de presuntos responsables de tortura agravada durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos ocurridos hace 40 años en Bogotá. pic.twitter.com/FETOgyVMPV

— Minuto60 (@minuto60com) November 28, 2025

Advierte además que también se tuvo en cuenta el relato de José Vicente Rubiano Galvis, quien fue detenido de manera arbitraria en Zipaquirá y no se encontraba en el Palacio de Justicia. Además, los hechos están relacionados con los casos de los entonces estudiantes de la Universidad Externado Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, así como el abogado Orlando Quijano, entre otros.

La resolución de acusación como coautores impropios del delito de tortura agravada fue proferida en contra de los militares en retiro: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón.

“Es una decisión histórica, por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que valida la verdad que siempre han defendido. Sin embargo, insistimos en la necesidad de que la justicia investigue a fondo la cadena de mando que permitió este patrón de tratos crueles y tortura, tal como lo argumentamos desde la parte civil. La defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total de estos hechos y la sanción de todos los responsables, especialmente de quienes dieron la orden,” señaló el abogado Rafael Barrios Mendivil, representante de víctimas.

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Dentro de la decisión se tuvo en cuenta documentación y el denominado Plan Tricolor 83, un documento operativo militar que permitió analizar la cadena de mando y las directrices que, de acuerdo con la Fiscalía y la parte civil, llevaron a la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Dicho plan fue activado por altos mandos como el ministro de Defensa de la época, el comandante de las Fuerzas Militares y miembros de la Brigada XII.

“La Fiscalía también resaltó que se evidenció con la prueba recaudada la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), la coordinación de las unidades, el mando de Arias Cabrales y el liderazgo de Sánchez Rubiano, relevando sobre ellas, el Informe de Policía Judicial de 26 de septiembre de 2016. Consideró que con base en la prueba está demostrada la ocurrencia de las torturas y también la responsabilidad de los involucrados. Pidió que sean acusados como coautores impropios de tortura”, señala el Cajar.

Habla representante de víctimas

El abogado Rafael Barrios le dijo a Minuto60 que es importante la decisión tomada el 24 de noviembre por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia porque, según él, había una deuda con las víctimas.

#Justicia | El abogado Rafael Barrios, representante de víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, le dijo a Minuto60 que la decisión de la Fiscalía de llamar a juicio a nueve militares (r), procesados como presuntos responsables de tortura agravada, es una decisión… pic.twitter.com/jksf8RrHdq

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“Ya que se habían condenado a varios integrantes del Ejército con algunas de las desapariciones forzadas sucedidas en esa fecha, pero estaba pendiente el universo de personas torturadas y los crimínales que cometieron estas violaciones”, señaló Barrios.

Añadió que en esta decisión están comprometidos un general de la República, dos coroneles, un mayor y varios suboficiales del Ejército Nacional que participaron en la toma y retoma del Palacio de Justicia.

¿Qué sigue en el caso?

El abogado Rafael Barrios le dijo a Minuto60 que se espera que los implicados podrían apelar la decisión, la cual sería resuelta por una instancia superior.

“El juzgamiento le corresponde a un Juzgado Penal del Circuito de Bogotá (…) y el promedio de estos juicios es más o menos de unos tres a seis meses, pero como la mayoría de implicados por parte del Ejército podría demorarse mucho más hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó.