Ordenan la captura de reconocido hacendado por desplazamiento y paramilitarismo en el Cesar
Hace 30 años los paramilitares sembraron el terror y obligaron a que 70 familias lo dejaran todo para ampliar los linderos de la hacienda Bellacruz.
Uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado en Colombia se vivió en el departamento de Cesar hace 30 años cuando 70 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado tras una incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente el frente Héctor Julio Peinado. Detrás de este hecho habrían estado dos hermanos: Francisco Alberto y Carlos Arturo Marulanda Ramírez.
Sin embargo, este caso, donde también se reportaron homicidios, no ha prescrito porque fue declarado como crimen de lesa humanidad. Además, las investigaciones continuaron y uno de los hermanos Marulanda Ramírez tendrá que comparecer ante la justicia y en tal sentido la Fiscalía ordenó su captura.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), hace parte del proceso como representante de víctimas e informó sobre la decisión de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General, según la cual se ordena la detención preventiva de Francisco Alberto Marulanda Ramírez, como presunto coautor del delito de desplazamiento forzado de al menos 70 familias campesinas de la Hacienda Bellacruz, en el sur del departamento de Cesar.
Francisco Alberto Marulanda Ramírez fue vinculado al proceso como persona ausente en 2016. La Fiscalía en varias oportunidades no logró hacer efectiva su captura; sin embargo, consideró que la detención es necesaria para garantizar su comparecencia, evitar la fuga, impedir la continuidad de la actividad delictiva y proteger la investigación, así como sus pruebas y ordenó librar la boleta de detención.
“Por fin se da un paso para buscar algo de justicia en el caso, pero advirtiendo que este señor no está detenido y se debe hacer efectiva la orden de captura. Las pruebas son absolutamente contundentes para demostrar que él era el que ordenaba y planificaba la totalidad de las operaciones para desplazar a los habitantes de esta región, que eran poseedores de unos predios baldíos, los cuales algunos integrantes de la familia Marulanda anexaron en forma arbitraria a sus propiedades tras el desplazamiento de las familias campesinas”, señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Cajar.
#Justicia | La Fiscalía ordena la captura del hacendado Francisco Alberto Marulanda Ramírez, por el desplazamiento de 70 familias en el sur del departamento de Cesar hace 30 años.
— Minuto60 (@minuto60com) October 1, 2026
Se trata del caso de la hacienda Bellacruz que inició con 100 hectáreas en la década de los 40 y en… pic.twitter.com/Ai1poxhlwo
¿Qué busca la investigación?
El proceso busca establecer si Francisco Alberto Marulnda es responsable de los desplazamientos forzados ocurridos en febrero de 1996 en las veredas San Alonso, Caño Alonso, Loma Atrato, Las Cotas y sector Mata Redonda, en inmediaciones de la Hacienda Bellacruz, en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, departamento Cesar.
En los hechos, grupos paramilitares llegaron a las viviendas de familias campesinas, las amenazaron y obligaron a abandonar sus parcelas, en algunos casos mediante la destrucción de ranchos, quema de cultivos, robo de animales y otras formas de violencia.
“(Marulanda) desplegó acciones concretas con la verbalización de órdenes que se materializaron por hombres de las autodefensas, quienes ejecutaron los intereses de la familia Marulanda en contra de setenta familias asentadas en la hacienda Bellacruz, contra quienes cayeron múltiples amenazas y acciones violentas que obligaron a esa comunidad a abandonar su proyecto de vida, perdiendo todos sus bienes y tranquilidad (…)”, señaló la Fiscalía.
La decisión, en la que se le niega a Marulanda Ramírez el beneficio de libertad provisional, lo vincula por el delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y agravado por coparticipación criminal.
¿Cuál es la historia de Bellacruz?
En la década de los 40 llegó el caldense Alberto Marulanda Grillo al sur del departamento de Cesar, adquirió 100 hectáreas de tierra y posicionó la Hacienda Bellacruz en la región.
En 1986 algunas familias llegaron a terrenos aledaños al considerar que se trataba de baldíos de la Nación. Luego, con luchas, desalojos y una toma de la oficina del Incora en Pelaya, lograron que el Estado reconociera sus parcelas, donde construyeron sus casas, sembraron yuca, plátano y maíz. Además, criaron gallinas y cerdos.
En febrero de 1996 la paz fue relegada por la zozobra. Llegaron los paramilitares. Según los testimonios que obtuvo la Fiscalía, grupos de hasta treinta hombres armados, algunos con pasamontañas, llegaban de día o de noche a los ranchos. Les decían a los campesinos que la tierra era de los Marulanda, los acusaban de guerrilleros, quemaban sus viviendas y acababan con sus cultivos y animales. A varias familias les dieron cinco días o 24 horas para irse o serían declaradas “objetivo militar”.
La crueldad llegó más lejos que las amenazas. Los testigos de estos macabros hechos describen cómo los paramilitares golpeaban a los campesinos con un látigo con balines en las puntas. La propia Fiscalía señaló que los denunciantes vieron cabezas de víctimas colgadas en postes y cercas, hechos que generaron tensión y terror en la comunidad, “(…) por ello, al momento de recibir las amenazas, no esperaban a que estas se materializaran, sino que corrían con lo poco que podían para escapar del accionar de estos violentos (…)”.
Los hermanos Eliseo y Eder Narváez Corrales fueron asesinados el 28 de septiembre de 1996 porque se negaron a abandonar sus tierras. Las personas que intentaron quedarse fueron obligados a pagar ‘vacunas’ de hasta diez mil pesos por hectárea cada seis meses, para la época de los hechos y el cobro se hacía en La Mayoría, la casa principal de la hacienda, donde, según los testimonios, se alojaban los paramilitares.
¿Fue efectiva la versión entregada por paramilitares?
La Fiscalía no solo se apoyó en testimonios de las víctimas, pues adicionalmente contó con las versiones libres de los exparamilitares del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas.
Manuel Alfredo Rincón, alias Pasos o Manaure, fue quien dirigió la incursión paramilitar y aseguró que Francisco Alberto Marulanda Ramírez se reunió con el jefe paramilitar Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, para supuestamente ordenarle que los paramilitares sacaran a las familias campesinas. Esa noche, al menos treinta hombres recorrieron la hacienda, mientras alias Caballito iba señalando las casas. Al amanecer, las viviendas habían sido desalojadas.
Alfredo Ballena, también exparamilitar, declaró que supuestamente acompañó a Marulanda Ramírez y otros paramilitares a una oficina de Servientrega en el municipio de Aguachica. Allí aparentemente recogieron un guacal a nombre del hacendado que contenía siete fusiles AK-47 nuevos.
¿Hay responsables por estos hechos?
En 2019 la Fiscalía llamó a juicio al Teniente de la Policía Edison Ladino Barbo, por su presunta responsabilidad en el homicidio de los hermanos Eder y Eliseo Narváez Correa, así como la tortura del su sobrino Wilmer Amaris y por el delito de concierto para delinquir al ser parte activa, desde su rol como Comandante de la Policía de Pelaya, en connivencia con grupos paramilitares, la familia Marulanda Ramírez, el Ejército Nacional y la Policía Nacional para consolidar el proyecto paramilitar en la región y salvaguardar los intereses económicos de la familia Marulanda.
En marzo de 2020, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó al exjefe paramilitar Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, y otros integrantes del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, por el desplazamiento masivo de Bellacruz. El pasado mes de junio, la Fiscalía llamó a juicio a Edgar Rodríguez, alias Caballito.
