Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, niega llamado a juicio por carrusel de la contratación en Bogotá

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que no ha sido formalmente llamado a juicio y negó su responsabilidad en el escándalo del llamado ‘carrusel de la contratación’, investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos en 2009.

Sanguino calificó como imprecisas las versiones que afirman que el alto tribunal ya lo envió a juicio, y recalcó que su defensa sigue solicitando nulidades dentro del proceso. Según el ministro, el caso se basa en interpretaciones erróneas de su gestión como servidor público y no en pruebas concluyentes que demuestren un delito.

Equivocado y mal intencionado titular de @WRadioColombia desinformando sobre un fallo de la @CorteSupremaJ que es “reservada” hasta el 14 de Agosto fecha de la audiencia citada para la lectura del mismo.

NO es cierto, señores @WRadioColombia que la corte “haya negado la… https://t.co/EcNken1QRx

— Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) August 8, 2025

El expediente involucra presuntas irregularidades en la designación de directivos hospitalarios y la adjudicación de contratos en la localidad de Usme hace más de una década. Según la Fiscalía, Sanguino habría presionado para que Liliana Patricia Paternina fuese nombrada como gerente del Hospital de Usme, con el fin de direccionar contratos en beneficio de determinados contratistas. Uno de esos contratos habría incluido una coima del 10 % sobre el monto total.

Como ha sido mi actitud en estos 18 años en lo que vengo defendiendo mi inocencia, seguiré acudiendo a todas y cada una de las citaciones que me haga la Corte hasta la culminación del proceso sin ninguna dilación o maniobra de distracción,

ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Ahora bien, según expuso el alto tribunal, Sanguino actuó “por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió y garantizando la prevalencia del interés general, en contravía de los mandatos legales y constitucionales que rigen la función pública”.

Por su parte, la Corte Suprema mantiene el proceso abierto mientras resuelve las solicitudes de la Fiscalía y la defensa.

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