“Mi vida me la acabaron”: mayor (r) denuncia presuntas vulneraciones y politización de la JEP

Después de 10 años de la firma de los Acuerdos de Paz, Minuto60 recopiló versiones de actores activos sobre el proceso durante esta década y el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Uno de los casos conocidos por este medio es el del mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional, quien denunció presuntas irregularidades que habría evidenciado a lo largo de los años.

En conversación con Minuto60, el oficial en retiro expuso su caso y las razones por las que considera que no ha tenido garantías dentro de la jurisdicción.

El exmilitar, quien se encuentra vinculado a procesos relacionados con la masacre de Aracatazo y la Operación Orión, aseguró que ha defendido su inocencia durante años y cuestionó las decisiones que se han tomado en su contra.

¿Cómo ha sido su proceso de sometimiento?

Según explicó, su caso comenzó en la JEP en 2018, cuando decidió someterse a la jurisdicción con la expectativa de que se revisaran las actuaciones de la justicia ordinaria y se esclarecieran los hechos.

Sin embargo, manifestó que el tribunal lo calificó como máximo responsable de la masacre de Aracatazo, ocurrida en 1995 en Chigorodó, Antioquia, en la que fueron asesinadas 18 personas.

Pérez García sostuvo que la investigación en la justicia ordinaria había sido precluida a su favor y que la decisión fue ratificada posteriormente.

También aseguró que varios testimonios de integrantes de grupos paramilitares no lo relacionan con los hechos.

¿Qué cuestiona el exoficial sobre su proceso en la JEP?

El mayor (r) Pérez García manifestó que, pese a que durante varios años aportó información a la jurisdicción, terminó siendo calificado como máximo responsable de la masacre de Aracatazo, correspondiente al macrocaso 04 de la JEP, por hechos ocurridos en el Urabá antioqueño.

Yo he pregonado y defendido mi inocencia a lo largo de todos estos años y me sometí a la JEP con la esperanza de que iba a ser un tribunal imparcial y un tribunal para lo que está diseñado, para hallar la verdad,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

Según explicó, su vinculación se produjo cuando en una investigación se señaló al batallón Voltígeros y a él de haber cooperado con paramilitares para asesinar a ciudadanos.

También indicó, la investigación fue precluida a su favor por la justicia ordinaria. Sin embargo, afirmó que la JEP desconoció la actuación judicial previa y lo vinculó como máximo responsable.

¿No hay testigos contra el exoficial?

De acuerdo con el mayor (r), durante los años del proceso han sido entrevistados integrantes de grupos paramilitares que, según su versión, no lo señalaron como participante de la masacre.

Entre los testimonios mencionó el de Everth Veloza, alias HH, uno de los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Pérez García afirmó que Veloza fue interrogado sobre su relación con él y que habría respondido en varias oportunidades que no lo conocía ni había tenido ningún tipo de trato.

También se refirió a Freddy Miranda, alias El Vampiro, a quien identificó como uno de los autores materiales de la masacre y cuyo testimonio, según explicó, solicitó ante la JEP.

El mayor aseguró que Miranda habría relatado cómo se planeó y ejecutó el ataque, además de manifestar que ni él ni el Ejército Nacional tenían relación con los hechos.

Les contó cómo hicieron la masacre, dónde la planearon, de dónde salió,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

Pese a las declaraciones, Pérez García manifestó que la JEP terminó calificándolo como máximo responsable, decisión que considera arbitraria.

También cuestionó las pruebas que habrían sido utilizadas en su contra.

Asimismo, el oficial denunció presuntas irregularidades en la valoración de los documentos que, según explicó, fueron utilizados para vincularlo con la masacre de Aracatazo.

De acuerdo con su versión, dentro del proceso se habría tomado un oficio dirigido a otro capitán del Ejército, en el que se advertía sobre la posibilidad de que ocurriera una masacre en Chigorodó.

Pérez García aseguró que el documento no estaba dirigido a él y que tampoco llevaba su firma. Sin embargo, la JEP lo habría relacionado con ese oficio.

Y la JEP dice que ese capitán era yo, sabiendo que el oficio tiene la firma de ese capitán, va dirigido a ese capitán,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

Según el mayor, desde su perspectiva, no se habría realizado una adecuada verificación de las evidencias antes de tomar la decisión que lo señala como máximo responsable.

¿Qué quiere decir esto? Que la JEP no contrasta las evidencias,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

Aunque el oficial buscó que se revisara el auto en el que fue calificado como responsable de la masacre e interpuso una tutela, aseguró que fue negada bajo el argumento de que esa decisión no contaba con doble instancia.

Posteriormente, presentó una impugnación, pero cuestionó que la revisión de estos recursos se realizara dentro de la misma jurisdicción.

La situación, según mencionó, representa una dificultad para obtener garantías dentro del proceso debido a que, en su criterio, la doble instancia es fundamental.

Es decir, la JEP revisa su tutela y también la impugnación a la tutela. Esto en la justicia ordinaria no pasaría,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

¿Por cuáles casos enfrenta procesos ante la JEP?

Además de la masacre de Aracatazo, Pérez García se refirió a su participación dentro de las actuaciones relacionadas con la Operación Orión, desarrollada en Medellín.

El oficial manifestó que inicialmente fue llamado a declarar como testigo, debido a que se desempeñó como oficial de operaciones de inteligencia en la regional de inteligencia.

Sin embargo, aseguró que ya ha participado en cuatro audiencias y que se encuentra a la espera de un eventual auto de hechos y conductas relacionado con esta operación.

Según explicó, en ese proceso hay personas vinculadas pertenecientes a diferentes batallones de infantería, artillería y caballería, bajo el mando del general Mario Montoya.

Pérez García afirmó que, pese a no haber tenido soldados en el terreno ni en el campo de combate, ha tenido que comparecer en varias oportunidades ante la jurisdicción.

Ya llevo cuatro audiencias en la Operación Orión, sin haber tenido un solo soldado en el terreno ni en el campo de combate,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

¿Persecución de militares?

Durante la entrevista, Pérez García cuestionó lo que considera una metodología de la JEP para establecer patrones de sistematicidad dentro de las investigaciones.

Según su interpretación, estos patrones permiten construir contextos en los que podrían terminar vinculados militares por acciones u omisiones.

El mayor manifestó que, aunque reconoce la presencia del paramilitarismo en Urabá, considera que esto no significa que todos los integrantes de las Fuerzas Militares hayan participado en delitos o violaciones de derechos humanos.

Dentro de ese contexto cabe cualquier militar, cualquiera, por omisión o por acción, pero más que todo por omisión,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

En ese sentido, insistió en que los procesos deben analizarse de manera individual y que no todos los militares pueden ser señalados de la misma forma.

Pero es que no todos los militares somos violadores de los derechos humanos, ni somos asesinos, ni criminales de guerra,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

Pérez García también relató el caso de un oficial que, según su versión, habría aceptado responsabilidades relacionadas con falsos positivos y posteriormente habría sido señalado por otros delitos que no reconocía.

El mayor aseguró que el militar habría terminado aceptando esos señalamientos por temor a enfrentar una condena y a las consecuencias que el proceso pudiera tener para su familia.

¿Renunciaría a la Jurisdicción Especial para la Paz?

Pérez García mencionó que su renuncia a la jurisdicción sería su primera opción, debido a las presuntas vulneraciones que asegura haber enfrentado durante el proceso.

El oficial afirmó que, después de conocer el auto en el que fue calificado como máximo responsable, elaboró dos documentos de 44 páginas cada uno para presentar sus observaciones ante el tribunal.

Según explicó, desde marzo estaría esperando una respuesta sobre los cuestionamientos que formuló.

Estoy desde el mes de marzo esperando que me contesten mis observaciones y estas personas pasan por encima de los términos como quieren,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

El mayor también cuestionó la capacidad de respuesta de la jurisdicción frente a los documentos que presentó y aseguró que, si tuviera la posibilidad de retirarse, lo haría.

Yo, si a mí me dan la opción de salir de la JEP, automáticamente pido la salida,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

Además, calificó al tribunal como arbitrario y aseguró que no ha encontrado las garantías que esperaba cuando decidió someterse al proceso.

¿El proceso dejó consecuencias personales?

El oficial en retiro también habló sobre las consecuencias personales y familiares que, según afirmó, ha tenido su vinculación a la JEP.

Aseguró que perdió la visa estadounidense, por lo que no puede visitar a su hija en ese país y que ha enfrentado dificultades al ingresar y salir de Colombia.

El mayor manifestó que actualmente vive en otro país, donde creó una empresa antes de que comenzaran las actuaciones judiciales que cuestiona.

Mi vida me la acabaron. A mí me quitaron la visa de Estados Unidos. Tengo a mi hija viviendo en Estados Unidos, no puedo ir a verla,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

También aseguró que la situación ha afectado la tranquilidad de su esposa y las condiciones de vida de su familia.

El oficial relató que, según su versión, cada vez que ingresa o sale de Colombia debe solicitar permisos ante Migración.

Además, denunció que hace cuatro años habría sido golpeado por funcionarios durante un procedimiento migratorio.

Pérez García aseguró que, en esa oportunidad, les pidió revisar la resolución que le autorizaba a entrar y salir del país, pero terminó siendo trasladado a un cuarto donde, según afirmó, fue agredido por siete personas.

Me metieron en un cuarto y me golpearon entre siete personas,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

El mayor insistió en que, desde su perspectiva, la JEP ha ignorado pruebas que considera fundamentales para su defensa, entre ellas los testimonios de integrantes de grupos paramilitares y la preclusión ratificada por la justicia ordinaria.

¿Hay más militares en la misma situación?

El mayor en retiro manifestó que otros integrantes de las Fuerzas Militares también estarían enfrentando situaciones similares dentro de los procesos de la JEP.

Según indicó, uno de ellos sería un sargento mayor en retiro vinculado al mismo caso de Aracatazo.

Pérez García también aseguró que conoce a otros militares que habrían decidido aceptar responsabilidades dentro de sus procesos por temor a las consecuencias que podrían enfrentar sus familias.

El mayor sostuvo que este tipo de situaciones generan cuestionamientos sobre la imparcialidad de la jurisdicción y las garantías que reciben los comparecientes.

¿Politización en la JEP?

Durante sus declaraciones a Minuto60, Pérez García también planteó cuestionamientos sobre la composición de la JEP y aseguró que, desde su perspectiva, existe una posición política que afecta el tratamiento de los militares.

El oficial manifestó que considera que hay sectores de izquierda que han contribuido a generar una percepción negativa sobre las Fuerzas Militares y que esto, según su opinión, habría influido en las actuaciones del tribunal.

Desafortunadamente, la propaganda de izquierda nos alineó con un odio de los tribunales hacia el Ejército,

Mayor (r) Sergio García del Ejército Nacional.

En ese sentido, sostuvo que considera que los militares han sido objeto de humillaciones dentro de algunos procesos judiciales.

El mayor finalmente cuestionó que los militares que hubieran cometido delitos fueran equiparados con integrantes de grupos guerrilleros, señalando que sus actuaciones deberían ser juzgadas en salas diferentes.

¿Qué responde la JEP al caso del mayor (r)?

Frente a las denuncias del mayor (r) Sergio Enrique Pérez García sobre su imputación como máximo responsable en el Caso 04, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una respuesta oficial a Minuto60.

De acuerdo con la JEP, la decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento, mediante el Auto 09, no constituye una sentencia ni declara culpable al compareciente.

También explicó que, en esta etapa del proceso, formula hipótesis y conclusiones preliminares a partir de las pruebas recopiladas, por lo que indicó que Pérez García puede reconocer su responsabilidad, aceptarla parcialmente o rechazar los señalamientos.

Además, aseguró que la ley prohíbe cualquier presión para que los comparecientes se autoincriminen.

En su respuesta, la JEP indicó que el oficial cuenta con herramientas para ejercer su defensa, entre ellas presentar objeciones, aportar pruebas y controvertir los señalamientos dentro de los términos establecidos.

Adicionalmente, explicó que, en caso de que decida no aceptar los cargos, el proceso pasaría a la vía adversarial, en la que la Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal para la Paz adelantarían las actuaciones correspondientes, escenario en el que, la Fiscalía de la JEP tendría que demostrar las acusaciones en un juicio público.

Sobre la investigación por la masacre de 18 personas en la discoteca El Aracatazo, ocurrida en 1995 en Chigorodó, Antioquia, la jurisdicción sostuvo que revisó los expedientes y las decisiones de la justicia ordinaria, pero precisó que su mandato constitucional le permite investigar patrones macrocriminales.

Según la entidad, las conclusiones preliminares sobre el caso se sustentan en el análisis de las declaraciones del propio Pérez García, los testimonios de otros cinco militares y los informes de organizaciones de víctimas.

De acuerdo con la JEP, los elementos señalan presuntos nexos y apoyo de inteligencia a estructuras paramilitares cuando el oficial se desempeñaba como jefe de inteligencia (S2) del Batallón Voltígeros.

Frente a la tutela presentada por el mayor (r), la JEP señaló que el Tribunal para la Paz la declaró improcedente mediante la sentencia SRT-ST-298 de 2025.

Según explicó, los magistrados consideraron que el proceso continúa en curso y que la acción de tutela no puede utilizarse para omitir los mecanismos ordinarios de defensa disponibles dentro de la jurisdicción.

¿Por qué la JEP puede investigar hechos que la justicia ordinaria archivó?

La jurisdicción sostuvo que las investigaciones no tienen el mismo objeto.

En ese sentido, aseguraron que la justicia ordinaria había investigado al oficial por el delito de concierto para delinquir, mientras la JEP adelanta actuaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos la masacre de El Aracatazo y ataques sistemáticos contra la población civil.

Según la entidad, se contrastaron los expedientes anteriores con nuevos elementos de prueba y testimonios que no habían sido conocidos por la justicia ordinaria.

Finalmente, la JEP explicó que su investigación busca establecer posibles redes y alianzas, así como determinar si desde la jefatura de inteligencia del Batallón Voltígeros se habría colaborado con estructuras paramilitares mediante la filtración de información, la omisión de alertas o la facilitación de la fuga de desmovilizados.