¿Qué intereses hay en el Canal del Dique y las obras que detuvo el gobierno Petro?

Después de dos años frenadas, este martes, se confirmó que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella le dio luz verde al desarrollo de las obras de reconstrucción y restauración del Canal del Dique, ubicado en el municipio de Calamar, Bolívar.

El megaproyecto 'Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', a cargo de la empresa privada Sacyr, fue pausado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro en febrero de 2024. A través de una serie de resoluciones emitidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las obras fueron detenidas, argumentando la necesidad de garantizar los derechos de las comunidades y la sostenibilidad ambiental del proyecto.

Según lo expuesto en 2024 por la ANLA, las obras no podían avanzar sin licencia ambiental, ya que, según la entidad, podrían generar impactos en otros ecosistemas. En ese sentido, determinaron que se requería la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), encaminado al trámite de una licencia.

Las resoluciones fueron emitidas después de que la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, asegurara que el proyecto necesitaba licencia antes de iniciar las obras, incluso, omitiendo las alertas de la Procuraduría General de la Nación, que advertían que la construcción ya contaba con un instrumento de manejo y control ambiental.

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¿Qué dijo la Procuraduría?

Hace dos años, la entonces procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, se pronunció frente a lo que llamó un “abrupto giro” del Ministerio de Ambiente, al requerir a la ANLA el trámite de licencia ambiental para llevar a cabo las obras de este megaproyecto.

De acuerdo con Cabello, fue la misma entidad la que aprobó el instrumento de control ambiental denominado ‘Plan Hidrosedimentológico’ para la realización de las obras. Esto, incluso, revelando que, bajo esa decisión de la autoridad, fue que se estructuró el proyecto de Asociación Público-Privada (APP) por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En sus declaraciones, la entonces funcionaria llamó la atención de la cartera de Ambiente, asegurando que esta “no está habilitada para establecer discrecionalmente los proyectos, obras o actividades que requieran de la obtención de licencia ambiental”.

Los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental son definidos por la ley y el Decreto 1076 de 2015, lo que significa que no está sujeto al arbitrio del Ministerio de Ambiente establecer los casos en los que resulta exigible este instrumento ambiental,

Margarita Cabello, exprocuradora

¿Qué pasó con las obras durante el gobierno de Gustavo Petro?

Pese al concepto del ente de control, tanto la ANLA como el Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Gustavo Petro mantuvieron su posición de que las obras requerían de una licencia ambiental.

Durante 2024 y 2025 se realizaron reuniones conjuntas con la empresa a cargo del megaproyecto, las autoridades de Bolívar y Atlántico y el Gobierno nacional, para destrabar dichos trabajos.

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Este año, y al conocer la posible decisión del gobierno de Abelardo De La Espriella de reactivar las obras, Muhamad se pronunció, asegurando que el estudio que tenía el proyecto del Canal del Dique “no incluía la ecología de la zona”, ni “respondía con claridad los impactos sobre ciénagas y pescadores y sobre el Golfo de Morrosquillo”.

Adicionalmente, dijo que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) conceptuó que habría riesgo de salinización de suelos y agua.

Ahora el nuevo gobierno, en vez de terminar el estudio, decide volver al estudio desactualizado. Dicen que es un proyecto ambiental, porque descontamina la Bahía de Cartagena, pero los sedimentos, miles de m³, no desaparecen; los tienen que trasladar, afectando al Golfo de Morrosquillo y las ciénagas

Susana Muhamad, exministra de Ambiente

La decisión del presidente Abelardo De La Espriella

Durante el segundo día hábil del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, se confirmó que, tal y como lo prometió en campaña, daba luz verde al desarrollo de las obras del Canal del Dique.

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A través de la Resolución N° 002130 del 10 de agosto de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), bajo el gobierno vigente, suspendió todas las resoluciones emitidas por la misma entidad durante el periodo de Gustavo Petro.

Lo anterior dio vía libre a la megaconstrucción que busca prevenir inundaciones en los departamentos del Caribe que se encuentran en las zonas de influencia del afluente.

Reacciones sobre la decisión

Aunque la decisión fue celebrada por alcaldes y gobernadores de la región, quienes señalaron que las obras son necesarias para el territorio y su desarrollo, la exdirectora de la ANLA, Irene Vélez, mostró su descontento con la determinación del nuevo gobierno, criticando las resoluciones emitidas por la entidad ambiental.

Esta es la ANLA en un gobierno que desprecia a los pobres: de un plumazo borra la necesidad de licencia ambiental en el Canal del Dique. PILAS GENTE: el desarrollo de obras hidráulicas sin evaluar sus impactos de cargas contaminantes y sedimentarias oculta los impactos sobre las poblaciones más vulnerables.

Irene Vélez, exdirectora de la ANLA