“Grupos armados condicionaron voto en 15 departamentos el 8 de marzo”: informe 'Votar con miedo'
Una veeduría ciudadana documentó la compra de votos, hasta por $ 500.000, panfletos de las disidencias de las Farc y más alertas electorales.
Panfletos de las disidencias de las FARC que exigían el certificado electoral para poder transitar en Guaviare, líderes comunitarios que acompañaron al votante hasta la mesa y anotaron en cuadernos la opción marcada en Guapi y López de Micay (Cauca), un "refrigerio" de entre 300.000 y 500.000 pesos a cambio del certificado electoral en Bajo Baudó (Chocó), mensajes de WhatsApp con amenazas de "multas" para quienes no votaran en San Vicente del Caguán (Caquetá) y grupos armados en las inmediaciones de un puesto de votación en El Tarra (Norte de Santander) fueron el panorama en algunos departamentos durante las elecciones al Congreso el pasado 8 de marzo.
Los hallazgos son del informe "Votar con miedo", del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Colombia 2050, que desplegó 126 veedores en 139 puestos de 42 municipios y monitoreó 380 fuentes abiertas y los departamentos cubiertos fueron Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
La compra de votos operó con tarifas fijas, fotografía del comprobante como prueba de la marca y pago diferido contra entrega del certificado. Las tarifas registradas fueron de 20.000 pesos por voto en Olaya Herrera (Nariño) y de hasta 500.000 pesos en Bajo Baudó (Chocó), la cifra más alta del país. En la Institución Educativa Francisco Pizarro de Bajo Baudó, militantes de partidos obligaron a comunidades indígenas a votar en grupo bajo amenazas. En carpas instaladas a 150 metros del puesto, los votantes se anotaban antes de sufragar y regresaban con el certificado para reclamar el dinero.
En el sector Bocas de Agua Bonita de San José del Guaviare se instalaron las llamadas "zonas calientes" a menos de 100 metros de las urnas, con oferta de pagos directos por el voto y "trabajo de día" por sumas entre 50.000 y 200.000 pesos.
¿Cómo son las intimidaciones?
El 41 % de los veedores reportó presencia de actores armados o con capacidad de interferir. La forma más frecuente, con 44 reportes, fue la presencia latente: "se sienten, pero no se ven directamente". El 86 % identificó al menos una situación inusual, y el 91 % respondió que "no es claro quién se beneficia" de la interferencia.
De 103 veedores que reportaron formas de intervención, 59 señalaron la supervisión de entradas y salidas de los municipios, 18 la limitación del movimiento de personas, 16 la distribución de material de campaña por parte de actores armados, 10 amenazas y extorsión, ocho interacciones directas con candidatos y siete paros armados o confinamiento.
Los grupos documentados con presencia territorial fueron el Bloque Jacobo Arenas (disidencias FARC) en Valle, Cauca y Nariño; el Bloque Amazonas Manuel Marulanda en Guaviare; el Frente Dagoberto Ramos en Cauca; el Clan del Golfo en Antioquia, Chocó y Magdalena; el ELN en Antioquia y Norte de Santander; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Magdalena.
El 89,49 % de los puestos atípicos está en municipios con presencia documentada de al menos un actor armado y el 86,35 % en territorios con riesgo MOE. En municipios bajo "control coercitivo" con presencia armada, la tasa de puestos atípicos llegó al 15,5 % en Cámara y al 14,3 % en Senado, frente a un promedio nacional del 3,78 %. Cauca registró 13,9 % de puestos atípicos, Nariño 13,4 %, Guainía 10 % y Chocó 9,9 %. La concentración geográfica se registró en el litoral Pacífico, Urabá, Catatumbo y corredores del Bajo Cauca.
Partidos hablaron, pero no fueron escuchados
El ICP sostuvo reuniones con cuatro partidos políticos, que coincidieron en señalar que la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales no atendió sus denuncias de seguridad. Las quejas se concentraron en amenazas que restringían el proselitismo y en extorsiones a candidatos para permitirles el ingreso a ciertos municipios, con montos entre 500.000 y 1.000.000 de pesos. Las situaciones se concentraron en Arauca, Cauca, Nariño y Chocó.
De los 42 municipios priorizados, las visitas a Registraduría, Personería, Fiscalía y Policía solo se concretaron en ocho. En Cali, los veedores reportaron evasión por parte de funcionarios. En Yarumal, las fiscalías locales manifestaron no recibir denuncias y remitieron a los ciudadanos a correos electrónicos radicados en Bogotá. En Buenaventura, sin denuncias formales, el personero admitió el control territorial de grupos armados como hecho notorio. En Santa Rosa del Sur se reconoció presencia armada en el 100 % del territorio rural.
Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del ICP, indicó que "la libertad del voto puede afectarse antes de que el ciudadano entre a la urna" y que "la ausencia de violencia abierta no equivale a ausencia de riesgo". El ICP ampliará el despliegue a 117 municipios con 204 veedores para la elección presidencial. La segunda vuelta de 2022 se decidió por una diferencia cercana a 700.000 votos.
*Con información de Colprensa
