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¿Quién tiene la razón: Colpensiones o fondos privados? Dinero de pensiones los tiene en el ring

El decreto que ordena trasladar $ 25 billones desató un choque entre Colpensiones y los fondos privados, que cruzan acusaciones.

- Crédito: Imagen: fotomontaje Minuto60
Andrés Martín Piñeros
Andrés Martín PiñerosPeriodista
27 ABR 2026 - 09:19Actualizado: 27 ABR 2026 - 14:23

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El sistema pensional colombiano se subió a un ring. En una esquina está Colpensiones, en la otra, los fondos privados y en el centro, una cifra de $ 25 billones junto a los millones de colombianos que observan cómo el debate dejó de ser técnico para convertirse en una confrontación abierta por el control, la legalidad y el futuro del ahorro pensional.

Todo se detonó por el decreto 0415 del Gobierno Nacional que ordena el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones. La norma permite que ese giro no sea en efectivo, sino mediante títulos financieros que hoy reposan en los portafolios de los fondos privados.

Lo que en papel parece un mecanismo técnico, en la práctica abrió una grieta porque, mientras Colpensiones sostiene que esos recursos ya le pertenecen, las AFP advierten que se están cambiando las reglas del juego y que el impacto puede ser mayor de lo que se está diciendo.

El debate, sin duda, se volvió público, directo y con declaraciones que evidencian una tensión creciente entre las partes. No hay matices suaves. Hay posiciones enfrentadas, cuestionamientos abiertos y advertencias que ya escalan al terreno judicial.

Colpensiones 'golpea' primero

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, dejó clara su postura en entrevista con Minuto60, defendiendo el decreto como una obligación que no admite interpretaciones.

“Primero que hay que cumplir el decreto. Es un decreto expedido por el Gobierno Nacional que le posibilita a los fondos privados de pensiones, no sacar los recursos en efectivo, sino con los papeles que tienen en el sector financiero, endosarlos y pagarle a Colpensiones los $ 25 billones que en este evento nos deben”.

Para Dussan, el origen de esos recursos no está en discusión. Se trata, según explica, de dinero correspondiente a afiliados que ya se trasladaron o que decidieron cambiarse de régimen y que hoy están bajo la órbita de Colpensiones. En su lectura, no hay ambigüedad posible.

Esas personas ya no son de los fondos privados de pensiones, son de Colpensiones. Todo lo demás son pataletas.

Jaime Dussán

La frase no solo marca una postura jurídica, sino que también deja ver el tono de la confrontación, pues para Colpensiones, la discusión no es técnica sino de cumplimiento, y la resistencia de las AFP se interpreta como una negativa a acatar una norma vigente. Incluso, el presidente de la entidad minimiza el impacto del traslado en los fondos privados.

“$ 25 billones al lado de 500 y más billones que ellos tienen de los otros pensionados, no les afecta”, dijo.

En medio de la crítica, también lanzó una recomendación que deja entrever el fondo del debate económico.

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Los fondos privados contraatacan

En la otra esquina del ring, la respuesta no tardó y mucho menos bajó el tono, porque desde los fondos privados, la lectura del decreto es completamente distinta y arranca con una palabra que eleva la tensión: ilegal.

“El decreto expedido el día de ayer es ilegal. Contraviene la normativa, contraviene el espíritu de la ley y creemos que pone en riesgo el ahorro de los colombianos de largo plazo”, afirmó Ricardo Guerra, presidente de Colfondos.

La distancia entre ambas posiciones es evidente ya que Colpensiones habla de una obligación clara, los fondos ven una ruptura del marco normativo que ha regido el sistema pensional. Pero la crítica no se queda en lo jurídico, también apunta a la forma en que se está ejecutando la medida.

Hoy día estamos cambiando esas reglas del juego, además dando plazos que son francamente ridículos. Entonces uno dice, ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿cuál es el apuro?, ¿cuál es el afán?".

Ricardo Guerra

Bajo esa lógica, cualquier decisión que altere el manejo de esos recursos debe ser cuidadosamente evaluada. Por eso, la reacción del sector no se limita a declaraciones. “Vamos a tomar todas las medidas necesarias para detener esa medida que va en perjuicio del ahorro de todos los colombianos”.

En el ring aparece la posición de Porvenir, aunque con un enfoque más técnico que refuerza la preocupación del sector privado. Miguel Largacha, su presidente, pone sobre la mesa la interpretación de la ley vigente y los posibles efectos en el sistema.

“Ese artículo contempla expresamente que esos recursos seguirán siendo administrados por las AFP cuando las personas se trasladan a Colpensiones y se girarán cuando corresponda, con una destinación específica”, dijo a Minuto60.

Para Porvenir, el marco legal ya define cómo debe hacerse el traslado, lo que choca directamente con la implementación del decreto. Sin embargo, el punto más sensible aparece cuando se analizan los efectos financieros.

“No se está trasladando la totalidad de los recursos, sino los del fondo conservador. Se desbalancea el fondo y podría darse una lesión en los intereses y los retornos que tienen sus afiliados”, expresó Largacha.

El momento más tenso: la palabra embargo entra al debate

La pelea subió de nivel cuando Colpensiones introdujo una posibilidad que tensó aún más el ambiente y es acudir a mecanismos judiciales para obligar el cumplimiento del decreto. “Si no cumplen el decreto, los mecanismos que señalan es hacer que mediante un mecanismo judicial entreguen los dineros. Eso incluye medidas como los embargos si es necesario", expresó Dussán en exclusiva a Minuto60.

Esta situación no se trata solo de diferencias de interpretación, sino de la posibilidad real de acciones legales que impacten directamente a los fondos privados. La respuesta desde el sector no se dio en el mismo tono, pero sí dejó claro el camino.

“Estamos solicitando instrucciones a las autoridades y medidas de actuación judicial ante las altas cortes como corresponde”, explicó Largacha.

Aunque los $ 25 billones concentran la atención, el trasfondo es mucho más relevante y lo que está en juego no es solo un traslado de recursos, sino la forma en que se entiende y se administra el sistema pensional en Colombia.

Colpensiones insiste en que se trata de recursos que deben garantizar el pago de pensiones actuales y que, por lo tanto, deben ser transferidos sin dilaciones. Los fondos privados, por su parte, advierten que decisiones como esta pueden afectar la estabilidad del sistema y la confianza en el ahorro individual.

En medio de esa tensión, aparece un factor clave: la confianza de los afiliados. Desde Colpensiones se asegura que los traslados continúan. “La gente se sigue trasladando, tiene tiempo hasta el 16 de julio y lo está haciendo progresivamente”.

Mientras tanto, desde los fondos el mensaje es de alerta frente a lo que consideran una decisión que puede tener efectos a largo plazo. “Creemos que es preocupante y vamos a usar toda la institucionalidad para frenar este tipo de iniciativas”.

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