Compradores aceleran, pero Ferrari frena el paso en Colombia: ¿qué está pasando con sus carros?
La SIC abrió una averiguación preliminar al antiguo concesionario de Ferrari en Colombia tras denuncias por anticipos y carros no entregados.
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La historia de Ferrari en Colombia parece estar lejos de terminar porque lo que comenzó con las denuncias de varios compradores que aseguraban haber pagado millonarios anticipos por vehículos que nunca recibieron, ahora dio un nuevo giro con la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que abrió una averiguación preliminar para establecer qué ocurrió con la operación comercial del antiguo representante de la marca italiana en el país.
Las dudas aumentaron después de que varios clientes aseguraran que, tras consignar importantes sumas de dinero para reservar exclusivos modelos Ferrari, dejaron de recibir respuestas sobre la entrega de sus vehíulos, la devolución de los recursos y hasta el servicio posventa que requiere este tipo de automóviles de lujo.
En algunos casos, incluso se afirma que los carros llegaron al país, pero nunca fueron nacionalizados.
El nuevo capítulo de esta historia fue evidente con un requerimiento oficial enviado por la SIC a Autos Italianos de Colombia S.A. Sucursal Colombia, empresa que representó a Ferrari en el país y que ahora deberá entregar información detallada sobre su operación comercial.
¿Qué está investigando la SIC en el caso de Ferrari Colombia?
En el documento oficial, identificado con el radicado 26-294239, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor solicita al antiguo concesionario explicar las condiciones bajo las cuales ofrecía los vehículos Ferrari a los consumidores colombianos.
La entidad también requirió toda la publicidad emitida durante los últimos seis meses, así como información sobre la relación contractual que mantenía con Ferrari North America Inc., incluyendo la naturaleza de ese vínculo, su vigencia y las funciones que desempeñaba cada una de las partes dentro del proceso de importación, distribución y comercialización de los vehículos.
Uno de los aspectos que más interesa a la autoridad tiene que ver con la terminación de esa relación comercial. La SIC pidió explicar si esa decisión afectó la importación de los automóviles, la nacionalización, las órdenes de compra pendientes y la entrega de los vehículos a los clientes colombianos.
La investigación corresponde, por ahora, a una averiguación preliminar, por lo que no implica una sanción ni determina responsabilidades. Su propósito es establecer si existieron posibles incumplimientos a las normas de protección al consumidor.
Clientes aseguran que pagaron millones y siguen esperando
El caso tomó notoriedad nacional luego de que varios compradores decidieran hacer públicas sus historias.
Uno de ellos es el empresario Antonio Mendivil, quien contó que ya era propietario de un Ferrari adquirido en Colombia y decidió iniciar la compra de un nuevo vehículo personalizado, cuyo valor superaba los 875.000 dólares.
Carta de Ferrari a clientes. Foto: Semana
Según explicó en Blu Radio, el 20 de mayo consignó 30.000 dólares para reservar el cupo de fabricación. Días después recibió la noticia de que Ferrari había retirado la representación del concesionario colombiano y, desde entonces, asegura que no ha obtenido respuestas claras sobre el destino de su dinero.
Mendivil también expresó preocupación por la incertidumbre que enfrentan los propietarios respecto al mantenimiento y la posventa de los vehículos, un servicio que únicamente puede ser prestado por representantes autorizados de la marca.
El empresario afirmó que el antiguo representante legal ha mantenido comunicación con algunos clientes, pero aseguró que la nueva administración no ha dado soluciones concretas sobre los compromisos adquiridos anteriormente.
El cambio de concesionario abrió un nuevo frente
La controversia coincide con un cambio en el control de Autos Italianos de Colombia S.A. De acuerdo con comunicaciones enviadas a clientes, la compañía pasó a manos de una nueva administración luego de un proceso relacionado con el incumplimiento de un préstamo respaldado con acciones de la empresa.
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Los nuevos administradores informaron que adelantan una revisión financiera, documental y operativa para conocer el estado real de los negocios celebrados por la administración anterior y determinar el alcance de las obligaciones existentes.
En esas comunicaciones también manifestaron que, mientras concluye esa revisión, no están en capacidad de establecer fechas ni compromisos frente a las entregas o devoluciones reclamadas por los compradores.
Esa postura ha incrementado la incertidumbre entre quienes realizaron pagos por vehículos que todavía no reciben.
También preparan denuncias penales
Paralelamente a la actuación de la SIC, varios afectados anunciaron que acudirán a la Fiscalía General de la Nación. Los compradores buscan que las autoridades investiguen si los hechos podrían constituir delitos relacionados con el manejo de los recursos entregados como anticipo para la compra de los automóviles.
Por ahora, esas denuncias corresponden a los planteamientos de los afectados y será la Fiscalía la que determine si existen méritos para abrir investigaciones penales.
