Análisis | Ley de Rescate: las claves para entender el futuro económico de Colombia
El Gobierno busca una salida al complejo escenario fiscal mientras expertos advierten que el margen para reducir el gasto es limitado.
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La Ley de Rescate llega en medio de una de las discusiones económicas más importantes para Colombia, basada en cómo cerrar una brecha fiscal que, de acuerdo con el análisis de un experto consultado por Minuto60, podría acercarse a los $ 90 billones, sin frenar la inversión ni profundizar las dificultades de las finanzas públicas.
Christian Junot Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN y CEO de Clever Tax Assessment, analizó para el escenario que enfrenta el gobierno y explicó cuáles deberían ser, a su juicio, las principales herramientas de una iniciativa que tendrá que abordar tanto el gasto como los ingresos del Estado.
El punto de partida está en el presupuesto que el Gobierno había presentado y que posteriormente retiró para realizar ajustes. Según Quiñónez, ese proyecto estaba cerca de $ 57 billones por encima del presupuesto presentado durante el Gobierno de Gustavo Petro, mientras que este último tendría un desfinanciamiento cercano a los $30 billones.
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“Uno puede ahí deducir fácilmente que la situación de déficit en el orden de las finanzas actuales del Estado y lo que requiere el Estado está alrededor de $90 billones de pesos”, explicó el experto.
¿Qué busca mejorar la Ley de Rescate?
La magnitud de la cifra permite entender por qué la Ley Rescate no puede limitarse a una sola medida. El Gobierno tendría que combinar reducción del gasto, búsqueda de nuevos ingresos, manejo de la deuda y, especialmente, una estrategia que permita recuperar el crecimiento económico.
Para Quiñónez, uno de los principales obstáculos está precisamente en la estructura del gasto público porque una parte importante de los recursos ya está comprometida en obligaciones que no pueden eliminarse fácilmente. Son gastos que, aunque podrían ser objeto de ajustes, tienen un margen de maniobra reducido.
El gasto que tiene actualmente el Gobierno comprometido tiene gran cantidad o gran porcentaje en situaciones que son inflexibles.
Señalo Quiñonez
El exsubdirector de Fiscalización de la DIAN explicó que se trata de recursos que, en teoría, no pueden eliminarse sin generar consecuencias sobre el funcionamiento del Estado.
“Es decir, gasto que en teoría no se podría eliminar porque perjudicaría en cierta medida el funcionamiento del Estado”, agregó.
Economía de Colombia.
Ese escenario hace que el Gobierno tenga que buscar un equilibrio particularmente complejo: reducir el gasto que sí puede tocar, pero sin afectar obligaciones que resultan difíciles de modificar.
¿Cuánto podría reducirse del gasto?
La estimación de Quiñónez apunta a que el margen de reducción podría estar alrededor de $ 20 billones, además de otros $ 20 billones que podrían conseguirse mediante ajustes presupuestales. Pero incluso si esas reducciones se materializan, todavía quedaría una diferencia considerable frente a las necesidades fiscales que identifica el experto.
“Yo creo que como el margen de maniobra es poco, la reducción del gasto contemplada por el Gobierno puede estar alrededor de unos $20 billones, más los $ 20 billones que puedan reducir del presupuesto”, explicó.
Para Quiñónez, una parte importante de la presión que existe actualmente sobre las finanzas públicas está relacionada con el servicio de la deuda.
El pago de las obligaciones financieras consume recursos que podrían destinarse a otras necesidades del Estado y reduce el margen de maniobra del Gobierno. “La situación de déficit más alarmante está casi que encaminada al servicio de la deuda”, aseguró.
Por eso, el manejo de las obligaciones financieras será otro de los componentes que deberá tener en cuenta el Gobierno.
El experto considera que existen mecanismos de refinanciamiento que pueden ayudar a manejar esta presión, aunque aclara que este tipo de decisiones hacen parte también de la gestión ordinaria de la Hacienda Pública y no necesariamente tendrían que estar contenidas dentro de la Ley Rescate.
La discusión, sin embargo, sigue siendo relevante: si una proporción cada vez mayor de los recursos debe destinarse a atender la deuda, el Estado dispone de menos espacio para impulsar inversión y programas que puedan contribuir al crecimiento.
La salida no estaría solamente en cobrar más impuestos
Para el experto, Colombia necesita una estrategia que permita aumentar los ingresos del Estado, pero que también genere las condiciones para que la economía vuelva a crecer.
La lógica es sencilla y es que una economía con mayor inversión, producción y empleo puede ampliar posteriormente la base sobre la que se genera recaudo. “El gobierno está encaminado hacia una situación de crecimiento económico que primero tiene que pasar por un estado de reactivación económica”, explicó.
Miguel Gómez, ministro de Hacienda.
Quiñónez también propone que la Ley Rescate contemple mecanismos para incentivar al sector privado a participar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Su propuesta apunta a que las empresas que aporten recursos directamente para la reconstrucción del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó puedan recibir posteriormente un beneficio tributario.
Los $ 70 billones que la DIAN tendría pendientes por recuperar
Otro de los puntos que el experto considera fundamental es la recuperación de la cartera de la DIAN.
Según Quiñónez, esta cartera ronda los $ 70 billones, una cifra que podría representar una fuente importante de recursos si el Estado logra mejorar los mecanismos de cobro.
Hay que generar herramientas o beneficios para la recuperación inmediata de cartera de la DIAN, que ronda los $70 billones de pesos.
Afirmó el experto
La importancia de esta alternativa está en que no necesariamente implicaría crear nuevos impuestos. Se trataría de mejorar la capacidad de la administración tributaria para recuperar recursos que ya hacen parte de obligaciones existentes.
El desafío estaría en determinar cuánto de esa cartera puede recuperarse realmente, en qué plazo y mediante qué mecanismos.
¿Qué implica la Ley Rescate para la economía colombiana?
La respuesta dependerá finalmente de las medidas que queden incluidas en el proyecto y de lo que termine aprobando el Congreso.
Pero el análisis permite identificar varias de las variables que estarán en el centro de la discusión: gasto público, deuda, recaudo, inversión y crecimiento económico.
El Gobierno tiene que conseguir recursos, pero también debe evitar que las medidas adoptadas terminen debilitando la actividad económica.
Esa es precisamente la razón por la que la Ley Rescate debería combinar medidas de corto plazo con una estrategia que permita recuperar la confianza y atraer inversión, además el reto será encontrar ese punto de equilibrio.
Reducir el gasto puede ayudar a aliviar las cuentas públicas, pero el margen es limitado por las obligaciones inflexibles. Aumentar los ingresos puede cerrar parte del déficit, pero una mayor carga tributaria también puede tener efectos sobre empresas e inversionistas. Y recurrir a más deuda permitiría financiar necesidades inmediatas, pero aumentaría una presión que ya es uno de los principales problemas de las finanzas públicas.
