¿El Estado vendería ISA? La propuesta que presentó ANIF para aliviar las finanzas de Colombia
ANIF propuso vender activos del Estado como ISA para reducir las necesidades de financiamiento de Colombia, en medio del debate por la Ley de Rescate.
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La venta de ISA entró en la discusión sobre las alternativas que tendría Colombia para enfrentar el deterioro de sus finanzas públicas. El Centro de Pensamiento Económico ANIF planteó la posibilidad de enajenar activos estatales, entre ellos la participación que tiene el sector público en esta compañía, como una fórmula para conseguir recursos y reducir las presiones sobre la deuda de la Nación.
La propuesta fue incluida en un pronunciamiento de la Asamblea General en el que ANIF respaldó la Ley de Rescate presentada por el gobierno de Abelardo De La Espriella, aunque pidió revisar varios componentes del proyecto para evitar que el ajuste fiscal termine afectando el empleo y la actividad productiva.
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El planteamiento sobre ISA llama la atención porque se trata de una de las compañías estratégicas del sector energético colombiano, cuya participación mayoritaria está en manos de Ecopetrol. La eventual venta supondría una decisión patrimonial de gran relevancia para el Estado, aunque ANIF no presentó una operación concreta ni estableció cuánto dinero podría obtenerse.
¿Por qué ANIF propone vender ISA para aliviar las finanzas públicas?
En su documento, el centro de pensamiento sugirió avanzar en la enajenación de activos del Estado para disminuir las necesidades de financiamiento de la Nación y conseguir una reducción importante del servicio de la deuda durante los próximos años.
"Adicionalmente, sugerimos la enajenación de activos del Estado, como ISA, a sabiendas de que la venta de activos no es un sustituto de fuentes recurrentes de ingresos, pero ayudaría a la Nación a tener menores necesidades de financiamiento y una reducción importante del servicio de la deuda en los próximos años", señaló ANIF.
La organización reconoce que vender una empresa o una participación accionaria permite obtener recursos extraordinarios, pero no resuelve por sí sola los problemas estructurales de las finanzas públicas. Por esa razón, considera que la operación tendría que acompañarse de otras decisiones para reducir los gastos permanentes del Estado y garantizar fuentes estables de ingresos.
La propuesta aparece en un momento en el que el Gobierno busca sacar adelante un ajuste fiscal cercano al 4,7 % del producto interno bruto (PIB) para 2030.
¿Quién es el dueño de ISA y qué participación tiene Ecopetrol?
Para entender el alcance de la propuesta es necesario revisar la composición accionaria de ISA. La compañía tiene como accionista mayoritario a Ecopetrol, que posee el 51,41 % de las acciones, de acuerdo con la información corporativa correspondiente al tercer trimestre de 2026.
El segundo accionista es Empresas Públicas de Medellín (EPM), con una participación del 8,82 %, mientras que el porcentaje restante está distribuido entre inversionistas institucionales y privados.
Esto significa que una eventual venta de la participación mayoritaria de ISA tendría que pasar por una decisión de Ecopetrol, no simplemente por una disposición directa del Gobierno sobre las acciones de la compañía.
El Estado colombiano, por su parte, mantiene el control de Ecopetrol mediante una participación del 88,49 %, según la composición accionaria publicada por la petrolera en septiembre de 2026.
En consecuencia, la propuesta de ANIF abre la discusión sobre una posible operación que involucraría a dos de las compañías más importantes del sector energético colombiano y que tendría implicaciones sobre el patrimonio público.
La venta de ISA no sería la única propuesta de ANIF
El pronunciamiento de ANIF incluye otras alternativas para conseguir recursos y reducir los compromisos presupuestales. Entre ellas está una reducción de al menos el 10 % de los cargos creados en los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los órganos de control.
También propone una mayor focalización de los subsidios públicos para que lleguen exclusivamente a los hogares de menores ingresos, establecer un impuesto a las pensiones altas y reducir las deducciones a los pagos empresariales en efectivo.
Otra de las propuestas consiste en desmontar gradualmente el subsidio al ACPM. El centro de pensamiento también pidió aplazar la reducción de la tarifa del impuesto de renta corporativa, a cambio de evitar mayores costos asociados a la nómina de las empresas y proteger el empleo.
ANIF considera que estas alternativas podrían compensar la pérdida de algunos ingresos que resultarían de modificar las medidas tributarias contempladas en la Ley de Rescate.
La organización también advirtió que la venta de activos debe entenderse como una medida complementaria y no como una solución definitiva a la situación fiscal del país.
