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Los detalles y polémicas de la subasta de energía que pusieron a la CREG en el ojo del huracán

La subasta del Cargo por Confiabilidad terminó envuelta en acusaciones de favorecimiento, cambios regulatorios y otras polémicas.

- Crédito: Foto: tomada de redes sociales
Andrés Martín Piñeros
Andrés Martín PiñerosPeriodista
26 MAY 2026 - 17:17Actualizado: 26 MAY 2026 - 17:53

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La subasta del cargo por confiabilidad realizada el pasado 22 de mayo terminó convirtiéndose en una de las mayores controversias recientes del sector energético colombiano.

Lo que inicialmente era un proceso técnico para garantizar el abastecimiento eléctrico del país entre 2029 y 2030 hoy enfrenta cuestionamientos por cambios regulatorios de última hora, sospechas de favorecimiento y una fuerte disputa política que incluso terminó salpicando al Gobierno de Gustavo Petro.

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La polémica estalló luego de conocerse que una planta térmica a gas de 270 megavatios, proyectada para Santa Marta, obtuvo adjudicación dentro del proceso organizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La decisión generó críticas inmediatas debido a que el Gobierno Nacional ha insistido durante los últimos años en priorizar energías limpias dentro de la transición energética.

El propio presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente y calificó el resultado como una “traición al progresismo colombiano”. Además, insinuó posibles irregularidades detrás de la adjudicación y cuestionó la aprobación de una nueva planta térmica a gas en medio del discurso oficial de descarbonización.

La discusión escaló rápidamente porque el mandatario también lanzó críticas indirectas hacia el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien tiene asiento dentro de la CREG. El ministro respondió defendiendo la legalidad del proceso y aseguró que la subasta fue manejada técnicamente por la Comisión y por XM, operador del sistema eléctrico colombiano.

¿Qué es el Cargo por Confiabilidad y por qué es tan importante?

El Cargo por Confiabilidad es uno de los mecanismos más importantes del sistema energético colombiano. Su función principal es garantizar que el país tenga suficiente capacidad de generación eléctrica durante momentos críticos, especialmente cuando fenómenos climáticos como El Niño reducen los niveles de agua en los embalses y afectan la generación hidroeléctrica.

A través de estas subastas, las empresas presentan proyectos de generación que se comprometen a entregar energía firme en el futuro y a cambio reciben pagos asegurados por parte del sistema eléctrico.

Por eso, cualquier irregularidad o cambio inesperado dentro del proceso genera enorme preocupación en el mercado energético y entre los inversionistas.

El cambio de última hora que hoy genera sospechas

La principal controversia gira alrededor de una resolución expedida por la CREG apenas dos días antes de la subasta. Según denuncias conocidas en el sector energético y reveladas en por la periodista Paola Herrera en Tercer Canal, la entidad modificó los plazos relacionados con la presentación de garantías financieras exigidas a los participantes.

El tiempo habría pasado de cerca de 15 días hábiles a un periodo cercano a los 50 o 55 días. De hecho, la explicación oficial fue que uno de los agentes interesados tenía dificultades para tramitar instrumentos financieros internacionales y necesitaba una ampliación de tiempo.

Sin embargo, varias empresas y actores del mercado cuestionaron el cambio porque, según indicaron, ya contaban con sus garantías listas y consideraban innecesario alterar el cronograma a tan pocos días de la subasta.

Firmas como Nitro Energy, Gecelca y representantes del gremio Andeg habrían advertido previamente que la modificación podía afectar la transparencia y las condiciones de competencia dentro del proceso. Desde ese momento comenzaron las sospechas sobre un posible favorecimiento específico.

La planta térmica que desató la tormenta

El proyecto adjudicado quedó en manos de Nodo Energético del Norte de Colombia (Nencol) y Termoinduenergy Corporation, empresas representadas por George Castellanos, empresario relacionado con Termocol, firma que anteriormente enfrentó sanciones y cuestionamientos por parte de organismos de control.

Dentro del sector energético comenzaron a surgir dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto. Algunos expertos incluso empezaron a catalogarlo como un posible “proyecto de papel”, término utilizado para describir iniciativas que todavía no tendrían completamente asegurada su financiación o respaldo económico.

Otro de los factores que aumentó la controversia fue el precio ofertado dentro de la subasta porque, de acuerdo con análisis posteriores al proceso, el proyecto habría presentado una oferta cercana a los $ 16,4 dólares por megavatio hora, una cifra considerada especialmente baja para una planta térmica a gas.

Esto llamó la atención porque este tipo de proyectos normalmente tiene costos operativos elevados, especialmente por el precio del gas natural y los combustibles necesarios para operar durante periodos críticos del sistema eléctrico. Varios actores del mercado consideran difícil que una planta de estas características pueda ser rentable bajo esas condiciones económicas.

Este escándalo llega en un momento especialmente sensible para la política energética del Gobierno Petro. Mientras el Ejecutivo insiste en acelerar la transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles, el país enfrenta retrasos en proyectos renovables, preocupaciones por abastecimiento futuro y alertas sobre posibles riesgos para la confiabilidad energética.

Lo que debía ser un proceso técnico para garantizar energía suficiente terminó convirtiéndose en un nuevo foco de crisis para el sector energético colombiano y dejó a la CREG en una tormenta de cara a las elecciones.

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