Salario mínimo 2027: proponen aumento entre 8 % y 9,5 % para evitar más presión sobre las empresas
La negociación del salario mínimo en Colombia comienza este 18 de noviembre con diferencias entre empresarios y sindicatos.

La discusión por el incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 comienza este 18 de noviembre con una advertencia sobre los límites que tendría la economía para asumir un nuevo aumento salarial. Mientras el Gobierno, los sindicatos y los gremios se preparan para sentarse a negociar, Audrey Rodríguez, CEO de Lexaty S.A.S, defendió un incremento muy técnico.
La empresaria considera que la discusión no puede apartarse de los indicadores económicos, especialmente la inflación con la que cerraría el año, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). A su juicio, cualquier decisión debe tener en cuenta la capacidad real de las empresas para asumir los nuevos costos laborales.
¿De cuánto será el aumento del salario mínimo en Colombia?
"Para mí el aumento debe estar en un rango prudente entre lo que he venido sosteniendo, que es el 8 %, el 9,5 %, con un techo máximo del 10%, porque es lo que realmente aguanta la economía", explicó Rodríguez a Minuto60.
Uno de los principales argumentos tiene que ver con la situación financiera de las micro y pequeñas empresas, que todavía estarían asumiendo las consecuencias del incremento del 23 % aplicado al salario mínimo de 2026.
Rodríguez recordó que el impacto de un aumento salarial no se limita al dinero adicional que recibe cada trabajador en su cuenta bancaria. Para los empleadores, cada punto porcentual también representa mayores obligaciones relacionadas con la seguridad social, los aportes parafiscales y las prestaciones laborales.
"Cada punto jala de inmediato a la seguridad social a cargo del empleador, que es la salud, la pensión, los riesgos y los parafiscales, y otro que son las provisiones de las primas y las cesantías", señaló.

Aumento del salario mínimo: advierten sobre el límite del 10 %
El empleo formal, otro de los puntos que preocupa en la negociación
La advertencia de Rodríguez está relacionada con la posibilidad de que un incremento elevado termine trasladándose a las decisiones de contratación de las compañías. Las micro y pequeñas empresas, que tienen estructuras financieras más limitadas, podrían enfrentar mayores dificultades para mantener sus costos laborales.
"Acercarse al 9,5 % o máximo al 10 % ya pone esa caja al límite y romper definitivamente esa barrera de los dos dígitos sería darle un golpe muy duro al empleo formal", afirmó.
Para la experta el debate también debe considerar las condiciones económicas que enfrentan los trabajadores y las empresas, pues un aumento nominal más alto no necesariamente significa una mejora sostenible si termina generando presiones adicionales sobre la contratación.
La ley de rescate fiscal también entra en el radar de las empresas
Rodríguez llamó la atención sobre otro asunto que, según explicó, debe seguirse de cerca durante las próximas semanas: la ley de rescate fiscal que se debate paralelamente en el Congreso.
Aunque no hace parte directamente de la mesa de concertación del salario mínimo, considera que su eventual aprobación podría representar nuevas obligaciones para empresas y trabajadores independientes.
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"Independientemente de en cuánto queda el salario mínimo, si esa reforma llega a pasar, tanto empresas como trabajadores independientes con ingresos superiores a los salarios mínimos tendrían que asumir nuevos descuentos y pagos en la seguridad social", advirtió.
¿Habrá acuerdo entre empresarios y sindicatos o el Gobierno fijará el aumento?
Otro de los puntos que Rodríguez considera determinantes es la distancia entre las posiciones que llegan a la negociación. De un lado están los gremios empresariales, que defienden un incremento de un solo dígito, mientras que desde los sindicatos se han planteado aumentos de dos dígitos.
Esa diferencia podría complicar las conversaciones y reducir las posibilidades de alcanzar un acuerdo entre las partes. Para la empresaria, la productividad del país debe ser uno de los criterios centrales para definir el porcentaje definitivo.
"Con una distancia que estamos observando ahorita tan grande entre lo que plantean los gremios, que se mueven en un solo dígito, y esas propuestas desbordadas del doble dígito que suelen traer los sindicatos, el espacio para un acuerdo se ve bastante estrecho", explicó.
La posibilidad de que la negociación termine sin consenso también está sobre la mesa. En ese caso, el Gobierno tendría que intervenir para definir el incremento mediante un decreto, como ha ocurrido en otros procesos de concertación.
"Si no se colocan de acuerdo y no son sensatos técnicamente frente a la productividad del país, lo más seguro es que volvamos a terminar con un aumento fijado por decreto", concluyó Rodríguez.

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