ABC para entender el decreto 0581 de 2026: multas de hasta 5.000 salarios mínimos a empresas
El Decreto 0581 de 2026 permite imponer multas a empresas que incurran en tercerización laboral ilegal.
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El Decreto 0581 de 2026 es la reciente norma expedida por el Gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo, que establece criterios más estrictos para identificar prácticas de tercerización e intermediación laboral ilegal y fortalece las facultades sancionatorias del Estado frente a las empresas que incumplan las reglas de contratación.
La medida es decretada en medio de nuevas disposiciones de la reforma laboral y cambios profundos en la legislación; además busca responder a una preocupación recurrente de sindicatos, trabajadores y autoridades sobre el uso de figuras contractuales que, en algunos casos, terminan ocultando verdaderas relaciones laborales.
Con la entrada en vigor del decreto, las compañías deberán revisar cuidadosamente sus esquemas de contratación, especialmente aquellos relacionados con contratistas, subcontratistas y empresas de servicios temporales.
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¿Qué cambia con el Decreto 0581 de 2026?
Uno de los aspectos centrales de la norma es la definición de los criterios que utilizarán los inspectores laborales para determinar cuándo existe una tercerización laboral ilegal. El decreto establece que esta situación puede configurarse cuando el contratista carece de autonomía real, no posee estructura productiva propia o cuando los trabajadores terminan subordinados a la empresa beneficiaria del servicio.
Entre los indicios que podrán analizar las autoridades se encuentran casos en los que la empresa contratante fija horarios, imparte órdenes directas, suministra herramientas esenciales para el trabajo, decide despidos o ejerce funciones disciplinarias sobre trabajadores que formalmente pertenecen a otra organización.
La reglamentación también introduce una presunción reforzada de relación laboral cuando actividades permanentes de una empresa son desarrolladas mediante terceros. Esto significa que, en determinadas circunstancias, la compañía beneficiaria deberá demostrar que existe una verdadera independencia entre las partes y que no hay subordinación laboral encubierta.
Otro punto relevante es el control sobre las empresas de servicios temporales, pues el decreto recuerda que estas únicamente pueden utilizarse para atender necesidades excepcionales, transitorias o temporales.
Cuando se empleen para cubrir cargos permanentes o se superen los límites establecidos por la ley, las autoridades podrán considerar que existe intermediación laboral ilegal.
¿Cuáles pueden ser las multas para estas empresas?
El Ministerio del Trabajo quedó facultado para imponer multas sucesivas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción detectada. Con el salario mínimo actual, las sanciones pueden representar cifras que superan ampliamente los $ 7.000 millones de pesos.
Las multas no serán la única consecuencia y el decreto contempla medidas complementarias que pueden tener efectos significativos sobre la operación de las empresas. Entre ellas aparece la posibilidad de suspender temporalmente actividades cuando se determine que las prácticas detectadas afectan la seguridad y salud de los trabajadores.
Con el Decreto 0581 de 2026 del presidente @petrogustavo, desde #MinTrabajo combatimos la tercerización ilegal. Habrá sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos para quienes evadan derechos laborales. #ConDignidadCumplimos 🇨🇴 🧵 pic.twitter.com/havsDPvI8B
— MinTrabajo (@MintrabajoCol) June 9, 2026
Las empresas de servicios temporales también podrán enfrentar la revocatoria de su licencia de funcionamiento si se comprueba una afectación grave de los derechos laborales. Esta decisión podría impedirles continuar operando en el mercado.
¿Qué dice la norma?
La norma señala que quienes reincidan podrán recibir un incremento de hasta el 50 % sobre la multa inicialmente impuesta. También se contempla la suspensión temporal de actividades hasta por seis meses, dependiendo de la gravedad de la conducta y del impacto generado sobre los trabajadores.
Para el sector empresarial, la entrada en vigencia del Decreto 0581 de 2026 representa un llamado a revisar contratos, procesos y esquemas de operación, pues las autoridades contarán ahora con herramientas más amplias para investigar y sancionar posibles irregularidades en materia laboral.
