Un trabajador fue despedido con justa causa por no legalizar sus cesantías: este es el caso
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia avaló el despido de un trabajador que no legalizó el retiro de cesantías ni respondió a la empresa.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la validez del despido con justa causa de un trabajador en Colombia que no logró demostrar el destino de las cesantías que había retirado parcialmente, ni respondió a los reiterados requerimientos realizados por su empleador para legalizar dichos recursos.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia del uso correcto de las cesantías, un beneficio laboral destinado a fines específicos como vivienda o educación, pero que exige un estricto cumplimiento de las normas para evitar sanciones disciplinarias que pueden llegar incluso a la terminación del contrato laboral.
La decisión fue respaldada por la magistrada ponente Marjorie Zúñiga Romero, quien confirmó lo determinado por un tribunal de segunda instancia, al concluir que la conducta del trabajador constituyó una falta grave conforme al reglamento interno de la empresa.
Le puede interesar: ICETEX 'perdonará' a sus morosos: ¿De qué se trata el acuerdo?
Caso de despido por cesantías no legalizadas fue avalado por la Corte Suprema en Colombia. Freepik
El uso de cesantías y la obligación de legalizarlas
De acuerdo con el expediente judicial, el trabajador había solicitado el retiro parcial de cesantías con el propósito de adquirir derechos hereditarios sobre un inmueble. Sin embargo, no presentó los soportes necesarios dentro del tiempo establecido por la empresa.
El reglamento interno fijaba un plazo de 90 días calendario para justificar el uso de los recursos, periodo que la Corte consideró razonable debido a la naturaleza de este tipo de transacciones financieras, que suelen implicar trámites complejos como la compra de vivienda o la cesión de derechos.
El alto tribunal explicó que estos controles no solo son válidos, sino necesarios, ya que la ley colombiana obliga a los empleadores a verificar el uso correcto de las cesantías.
La falta del trabajador y los requerimientos de la empresa
Durante el proceso, la empresa realizó múltiples solicitudes al trabajador para que explicara y soportara el destino del dinero retirado. No obstante, el empleado no atendió los llamados ni entregó la documentación requerida.
Solo después de varios intentos, la compañía inició el proceso disciplinario, citando al trabajador a diligencia de descargos.
La defensa alegó que la empresa había tardado en actuar, pero la Corte Suprema descartó este argumento al considerar que la compañía actuó dentro de un plazo prudente y respetando el debido proceso laboral.
Le puede interesar: Ahorros pensionales de colombianos no se mueven: esto decidió el Consejo de Estado
Corte Suprema respalda el despido con justa causa
La Sala Laboral concluyó que la empresa actuó correctamente al verificar la situación antes de imponer la sanción. Según el fallo, los múltiples requerimientos no constituyen demora injustificada, sino garantía del debido proceso.
Además, el tribunal aclaró que el plazo para iniciar acciones disciplinarias no comienza automáticamente tras el retiro de cesantías, sino cuando la empresa confirma el incumplimiento del trabajador y la falta de respuesta.
En ese sentido, la Corte determinó que la conducta del empleado sí representó una violación a los deberes establecidos en el reglamento interno de trabajo.
Corte Suprema confirmó el despido de un trabajador por no legalizar el retiro de sus cesantías. Colprensa
Qué dice la ley sobre las cesantías en Colombia
El artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo establece que los empleadores deben vigilar el uso de las cesantías y pueden verse afectados si permiten un uso indebido.
Por ello, el sistema laboral colombiano exige que el trabajador demuestre el destino del dinero cuando realiza un retiro parcial de cesantías.
El fallo reafirma que las cesantías son un derecho laboral, pero también una responsabilidad que exige transparencia, soporte y cumplimiento de los procedimientos legales.
