Contratos de empleadas domésticas y discapacitados, los primeros avances reglamentarios de la laboral

En Colombia, según los datos de la encuesta de uso del tiempo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mujeres pasan siete horas y 44 minutos al día en tareas no remuneradas, mientras que los hombres emplean tres horas y cuatro minutos diarios en las mismas actividades.

Allí se encuentra el cuidado de personas mayores de edad, con discapacidad o menores de edad, un trabajo que limita las posibilidades de muchos de sus cuidadores para encontrar un empleo pago.

Como respuesta, Natalia Moreno, directora de Cuidado del Ministerio de Igualdad, explicó en entrevista con Minuto60 que ”si bien el país cuenta con una trayectoria en materia de política de primera infancia, de discapacidad y de personas mayores, hemos planteado en este gobierno un sistema que integra todas esas políticas, el sistema nacional de cuidado”.

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Una de sus funciones, además, es la de ayudar “a pensar como sociedad y a planear qué necesidades vamos a tener a futuro, por ejemplo, con el envejecimiento del país y cómo efectivamente podemos ampliar la garantía del cuidado”, añade Moreno.

Esta política también impuso al gobierno unos objetivos a 10 años de ampliación de la cobertura de servicios para esta población, que incluye también asistencia sus cuidadores.

Formalización para empleadas domésticas

Otras de esas labores que se realizan sin paga en un hogar son varias de las que asumen las y los trabajadores domésticos, ellos sí, a cambio de un pago. Para estas trabajadoras, la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso de la República impone medidas de formalización.

La directora de Cuidado explica que “con la reforma laboral hemos dado saltos enormes, estamos ya reglamentando todo lo relacionado con el trabajo en casa para personas con discapacidad y los programas de inspección a hogares para garantizar el cumplimiento de derechos laborales de trabajadoras domésticas”.

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La funcionaria recordó que, según lo aprobado en el Congreso, el contrato laboral para estas trabajadoras tendrá que ser “obligatoriamente escrito”.

Además, los hogares empleadores tendrán que hacer los correspondientes aportes a seguridad social por estas trabajadoras, lo que incluye el pago de vacaciones, cesantías y las correspondientes primas.