¿Qué tiene que ver Irene Vélez con el pedido del Consejo Gremial de 'tumbar' la emergencia económica?
El gremio le explicó al magistrado que el presidente Gustavo Petro no renovó un permiso a tiempo.
El Consejo Gremial Nacional le pidió formalmente a la Corte Constitucional que anule el Decreto 1390 de 2025, bajo el argumento de que la declaratoria de emergencia económica fue firmada ilegalmente por la ministra Irene Vélez cuando ya no tenía permiso para ejercer el cargo y porque la crisis financiera actual es resultado de una mala administración del Gobierno y no de hechos imprevistos.
La demanda alertó sobre un error grave en la aprobación del decreto. Según el documento, la norma fue firmada por Irene Vélez Torres actuando como ministra de Ambiente encargada, una función temporal que inició el 5 de agosto de 2025. La ley establece que estos encargos duran máximo tres meses, por lo que su permiso venció el 5 de noviembre.
El gremio explicó al magistrado Carlos Camargo Assis que el presidente Gustavo Petro no renovó ese permiso a tiempo. "No obra prueba alguna de la expedición de un acto administrativo que haya prorrogado el encargo conferido a la doctora Irene Vélez", señaló el texto. Por esta razón, concluyeron que, para la fecha de la firma, el 22 de diciembre, la funcionaria "carecía de la competencia constitucional y legal necesaria para suscribir un decreto legislativo".
(Irene Vélez) carecía de la competencia constitucional y legal necesaria para suscribir un decreto legislativo.
Consejo Gremial a la Corte Constitucional
La postura de la ministra Irene Vélez
Frente a las afirmaciones según las cuales la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, no estaba habilitada para suscribir el decreto de emergencia económica, desde su despacho le informaron a Minuto60 que el Decreto 877 del 5 de agosto de 2025, mediante el cual se dispuso su encargo interinstitucional, "se encuentra vigente y produciendo plenos efectos jurídicos".
La ministra se encontraba en ejercicio del empleo y de las funciones propias del cargo al momento de la expedición del decreto.
Despacho de la funcionaria Irene Vélez
Advierten, además, que el Decreto 1083 de 2015 no establece un plazo de duración para los encargos interinstitucionales y que el señor presidente de la República, en su calidad de nominador, no ha adoptado una decisión distinta a la contenida en el Decreto 877.
Por lo tanto, sostienen desde el despacho de la funcionaria, "la ministra actuó dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, en su condición de encargada, al suscribir el decreto de emergencia económica".
"Crisis provocada, no sorpresiva"
Sobre las razones económicas, los empresarios aseguraron que el Gobierno no puede declararse en emergencia por una crisis que él mismo creó. El escrito detalló que el Ejecutivo presentó cuentas alegres en el presupuesto, contando con dinero que no tenía asegurado.
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"El agravamiento de la situación fiscal del país se debe a las acciones del propio gobierno, las cuales volvieron previsible la actual situación", afirmó el Consejo Gremial. Para la organización, la falta de plata no fue un accidente, sino el resultado de presentar presupuestos desfinanciados pese a las advertencias de los expertos.
El agravamiento de la situación fiscal del país se debe a las acciones del propio gobierno, las cuales volvieron previsible la actual situación.
Consejo Gremial a la Corte Constitucional
El rol del Congreso de la República
El Gobierno justificó la emergencia diciendo que el Congreso de la República no le aprobó sus reformas tributarias. Frente a esto, la demanda fue tajante: "El Gobierno no tiene derecho a exigir que le aprueben todo lo que presenta".
"Pretender que el archivo de una reforma tributaria sea tratado como un evento imprevisible equivale a desconocer la lógica misma del procedimiento legislativo", indicó la intervención. El gremio argumentó que en una democracia es normal que el Congreso niegue leyes y eso no constituye una catástrofe que permita al presidente tomar poderes extraordinarios.
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Finalmente, frente a los problemas de seguridad y las deudas en subsidios de energía, el Consejo Gremial demostró con cifras que son problemas viejos que se han dejado acumular. El documento recordó que el presupuesto de defensa para 2025 fue el más alto en diez años, llegando a 60 billones de pesos, por lo que no falta dinero, sino buena gestión.
Sobre los subsidios de energía eléctrica y gas que el Estado debe, el gremio aseguró que el Gobierno decidió no pagarlos a propósito desde hace tiempo. "Deliberadamente ha decidido omitir su pago de tiempo atrás", sentenció el texto, aclarando que el jefe de Estado tenía otras herramientas legales, como recortar gastos innecesarios, pero prefirió no usarlas antes de decretar la emergencia.
*Con información de Colprensa.
