Crisis en salud dispara el gasto de bolsillo y golpea a millones de hogares
Los hogares colombianos asumieron más gastos en salud entre 2022 y 2025, impulsados por barreras de acceso, demoras y falta de medicamentos.
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El gasto de bolsillo en salud se convirtió en una de las señales más visibles de las dificultades que atraviesa el sistema sanitario colombiano. Aunque el país mantiene uno de los niveles de cobertura más amplios de América Latina, cada vez más familias están pagando directamente por servicios, medicamentos y tratamientos que antes lograban obtener mediante su aseguramiento.
Un informe de Algebra Labs encontró que entre 2022 y 2025 el gasto de bolsillo de los hogares aumentó 57,3 %, un crecimiento que refleja cómo parte de las dificultades financieras y operativas del sistema terminaron trasladándose directamente a los pacientes.
La investigación, elaborada con base en los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, advierte que la protección financiera que históricamente caracterizó al sistema de salud colombiano muestra señales de deterioro. Los autores sostienen que problemas relacionados con la atención, la asignación de citas y la entrega de medicamentos están generando mayores desembolsos por parte de los hogares.
¿Por qué aumentó el gasto de bolsillo en salud en Colombia?
Uno de los factores más relevantes identificados en el estudio es el deterioro de la experiencia de los usuarios dentro del sistema. La percepción positiva sobre la calidad del servicio prestado por las EPS ha disminuido desde los niveles alcanzados durante la pandemia, especialmente entre los hogares de menores ingresos.
Ricardo Valencia, CEO de Algebra y experto consultado por Minuto60, explicó que las dificultades para conseguir citas médicas aparecen como una de las principales causas de inconformidad. "Entre los hogares más vulnerables, la demora en la asignación de citas pasó de representar el 42,14 % de las preocupaciones relacionadas con la calidad del servicio en 2020 a 55,76 % en 2023", dijo.
La consecuencia de estas barreras es que muchos usuarios terminan buscando soluciones por fuera del sistema. El informe evidencia una reducción en el porcentaje de personas que recurren a su EPS cuando enfrentan un problema de salud y, al mismo tiempo, un aumento en la automedicación, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
El gasto de bolsillo se ha convertido en un mecanismo de financiamiento implícito que golpea con mayor fuerza a quienes no tienen alternativas.
Ricardo Valencia
La falta de medicamentos agrava la presión económica
Otro de los hallazgos más preocupantes está relacionado con la disponibilidad de medicamentos y el documento revela que en 2025 el 60,3 % de las personas pertenecientes al quintil de menores ingresos reportó que los medicamentos formulados no les fueron entregados porque no estaban disponibles. Entre los hogares de mayores ingresos la cifra fue de 45,1 %.
Esa situación obliga a muchos pacientes a comprar directamente los tratamientos para evitar interrupciones, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas o condiciones que requieren seguimiento permanente. El estudio señala que este fenómeno termina convirtiéndose en un mecanismo informal de financiación del sistema, al que denomina “copago de facto”.
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Las diferencias también aparecen entre zonas urbanas y rurales porque el gasto de bolsillo de los hogares urbanos creció 26,4 % entre 2022 y 2025, en las zonas rurales el aumento llegó a 61,7 %, una brecha que evidencia mayores dificultades de acceso para quienes viven lejos de los principales centros de atención.
El impacto resulta aún más fuerte en las familias que conviven con enfermedades complejas, ya que los hogares cuyos jefes reportan estar en muy mal estado de salud incrementaron sus gastos de bolsillo en 32,7 % durante el período analizado, lo que revela una presión económica adicional sobre quienes más dependen del sistema.
Las conclusiones del informe apuntan a que el aumento de estos pagos directos puede convertirse en un problema de equidad. Cuando los usuarios deben asumir gastos para acceder a consultas, medicamentos o tratamientos que deberían estar garantizados, la carga financiera recae con mayor fuerza sobre los hogares vulnerables, ampliando las diferencias sociales y reduciendo la capacidad del sistema para proteger a quienes más lo necesitan.
