PGN 2026: ¿presupuesto inflado o apuesta realista del Gobierno Petro?

El Presupuesto General de la Nación (PGN) es, en términos simples, el plan financiero del Estado, allí se proyectan los ingresos y gastos que el Gobierno ejecutará durante el año siguiente. Para 2026, el Ministerio de Hacienda radicó una propuesta por $557 billones, cifra que hoy centra la atención del Congreso y del país entero.

El legislativo aún dispone de tres días para tomar una decisión. Sin embargo, las divisiones en las comisiones económicas de Senado y Cámara mantienen en vilo la aprobación, mientras un sector respalda el monto planteado por el Ejecutivo, otro considera que la cifra es excesiva y requiere un ajuste, aunque no hay claridad sobre el tamaño de la reducción.

En medio del pulso político, el Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado su disposición a ajustar la llamada reforma tributaria o “ley de financiamiento” a 16 billones de pesos. No obstante, la falta de consensos podría llevar a un escenario inédito: que el Presupuesto 2026 sea expedido por decreto presidencial, lo que encendería las alarmas sobre la función de control del Congreso y la representación ciudadana.

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La importancia del PGN

“El presupuesto es la herramienta de planeación y de esencia administrativa más importante de todo un año de actividades económicas”, explica Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario. Allí se registran las rentas que financian los gastos del Estado central y, de acuerdo con los artículos 150 y 346 de la Constitución, debe ser aprobado por el Congreso.

El plazo vence el lunes 15 de septiembre, y según Amorocho, el rechazo es una posibilidad real debido a la falta de consenso político: “cada vez es más difícil que las comisiones económicas se pongan de acuerdo con la propuesta del Gobierno”.

¿Un presupuesto inflado?

Voces críticas señalan que el monto propuesto es poco realista frente a la capacidad de recaudo del país. La senadora Angélica Lozano lo califica como “inflado”, con un vacío que impactaría directamente a la clase media y a los sectores populares, especialmente por el efecto de los combustibles.

“El Gobierno busca hacer caja con una reforma tributaria muy dura de 26 billones de pesos y, además, con más de 200 billones en deuda nueva, con intereses elevados”, advirtió Lozano.

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Lo que está en juego

Más allá de las cifras, lo que se debate en el Capitolio es la legitimidad del proceso: si el presupuesto se dicta por decreto, el Gobierno evitaría al Congreso y se abriría un debate mayor sobre la separación de poderes y el respeto a la representación ciudadana.

El reloj avanza y el país espera: en solo unos días se sabrá si el presupuesto más grande en la historia reciente de Colombia será fruto de un acuerdo político o de una decisión unilateral.