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16 de octubre de 2025 - 10:07 a. m.
|Actualizado - 16 de octubre de 2025 - 11:44 a. m.
La SIC destapa el lado oscuro del fútbol colombiano: ¿El fin del 'pacto de caballeros'?
El caso reabre el debate sobre los derechos laborales y la libertad de contratación en el fútbol de nuestro país.
SIC destapa vetos, castigos y un cartel de silencio. - Crédito: X: @sicsuper
El reciente fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que sanciona a la Dimayor y a cinco clubes profesionales por prácticas anticompetitivas no solo marca un hito jurídico: también destapa un entramado de poder que durante años silenció a los futbolistas que se atrevían a exigir mejores condiciones o a cambiar de equipo.
La resolución, que impone multas por más de 8.000 millones de pesos, confirmó la existencia de un sistema de vetos, informalmente conocido como el “pacto de caballeros”, mediante el cual dirigentes y clubes intercambiaban información para impedir la libre contratación de jugadores que habían tenido conflictos laborales o que se marchaban sin dejar ganancias económicas.
El hallazgo no sorprende a los jugadores. Desde hace años, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) advertía que el mercado local operaba bajo un esquema de represalias y control. “Por fin se prueba lo que muchos denunciaban: que el jugador en Colombia no es libre, sino rehén del sistema”, dijo Carlos González Puche, director del gremio.
El sistema como un cartel
La SIC determinó que los equipos, entre ellos Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y Atlético FC, actuaron de manera coordinada, con conocimiento y respaldo de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, para desincentivar la movilidad laboral. A través de correos y comunicaciones internas, los clubes compartían listas con nombres de jugadores considerados “problemáticos”, invocando supuestas faltas disciplinarias o “actitudes poco éticas”.
En la práctica, esto significaba que cualquier futbolista que demandara un pago atrasado, terminara contrato de forma unilateral o buscara un nuevo equipo, podía quedar vetado en el país.
“Era una condena silenciosa”, dice un exjugador del fútbol colombiano que prefirió no revelar su nombre. “Uno sabía que, si reclamaba, no lo volvía a llamar nadie. Había que agachar la cabeza”.
La orden de la constitución es competencia, comunidades y Estado.
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La Dimayor, juez y parte
El papel de la Dimayor, entidad que agrupa a los clubes y regula las competencias, fue clave en el esquema. Según la SIC, la organización no solo conocía los intercambios de información, sino que en algunos casos reenviaba los mensajes, legitimando así los vetos.
Esa conducta, calificada por la Superintendencia como una forma de “apoyo institucional al cartel”, representa un conflicto profundo: la entidad encargada de proteger la transparencia en el fútbol participó en la distorsión del mercado.
De acuerdo con la resolución, la Dimayor fue la más sancionada, con una multa superior a 3.200 millones de pesos.
La resolución también detalla las sanciones económicas impuestas a cada uno de los implicados. El Envigado Fútbol Club recibió la multa más alta entre los equipos, cercana a 2.700 millones de pesos, seguido por el Deportivo Pasto, con cerca de 1.000 millones. El Boyacá Chicó Fútbol Club deberá pagar 603 millones, mientras que al Unión Magdalena y al Atlético Fútbol Club se les impusieron sanciones de 174 y 116 millones de pesos, respectivamente.
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Además, la SIC sancionó de manera individual a varios dirigentes y exdirectivos involucrados en el esquema, entre ellos Ricardo Hoyos Ángel, José María Campo Alzamora, Óscar Armando Casabón, Ramiro Alberto Ruiz Londoño, Gustavo Bernardo Moreno y Fernando Jaramillo Giraldo, expresidente de la Dimayor.
Estas multas no solo evidencian la magnitud del entramado, sino también la responsabilidad directa de quienes tomaban decisiones dentro de los clubes y del organismo rector del fútbol profesional colombiano.
🚨La SIC del Cambio impuso sanciones por más de $8.000 millones a la Dimayor y cinco clubes del fútbol profesional colombiano por prácticas anticompetitivas que limitaron la libre movilidad de jugadores y afectaron la competencia en el mercado laboral deportivo. ⚖️ pic.twitter.com/F09if3SmgM
Derechos laborales en fuera de lugar
Más allá de las cifras, el caso pone en evidencia el vacío de derechos laborales que enfrentan los jugadores en Colombia.
A diferencia de ligas como la española o la inglesa, donde los gremios tienen poder real de negociación, en el país los futbolistas dependen de la buena voluntad de los dirigentes.
El “pacto de caballeros”, una figura no escrita pero efectiva, es un síntoma de una estructura en la que la voz del jugador apenas cuenta.
En 2019, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), impulsó un paro de jugadores para exigir garantías básicas, como horarios razonables de descanso, participación en decisiones del calendario y cumplimiento de contratos. La Dimayor respondió con amenazas de sanción.
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Un caso que sienta precedente
La multa de la SIC es la primera sanción de este tipo en el fútbol colombiano y podría abrir la puerta a demandas laborales y acciones judiciales por parte de jugadores que fueron vetados o marginados.
Además, la resolución deja en entredicho el modelo de autorregulación del fútbol profesional, que hasta ahora se había manejado como un ecosistema cerrado, con escasa supervisión del Estado.
El fallo también podría impactar en la relación entre la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, que en 2020 fue multada por la misma entidad por cartelización en la venta de boletería de partidos de la Selección.
🚨𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 🚨 Los clubes de @Dimayor @AsoDeporCali , @DeporPasto y @UnionMagdalena, que compiten en la @LigaBetPlayD , así como el @Bocajuniorscal , que disputa el #TorneoBetPlay adeudan el salario del mes de julio a sus futbolistas profesionales.
⚠ Además, el… pic.twitter.com/mRE0BmLRN7
El mensaje de fondo
En su comunicado, la Superintendencia subrayó que el objetivo de las sanciones es garantizar que “los jugadores puedan progresar profesionalmente en equipos más competitivos y desplegar sus proyectos de carrera sin trabas ilegítimas”.
Sin embargo, para muchos deportistas, el daño ya está hecho.
El caso del mediocampista Rafael Carrascal, quien en 2019 fue vetado tras salir del Tolima rumbo al América de Cali, fue uno de los ejemplos más visibles de esa práctica. Su litigio duró meses, y solo una intervención judicial le permitió volver a jugar.
Ahora, con la decisión de la SIC, el fútbol colombiano enfrenta su propio espejo: uno que refleja la tensión entre los intereses de los clubes y los derechos fundamentales de quienes hacen el espectáculo.
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