En Colombia hay cifras que, por sí solas, cuentan una historia. Una de ellas no tiene que ver con la inflación ni con las tasas; tiene que ver con dónde se concentra la formalización académica.

Los registros de formalización de la profesión de administración en Colombia muestran una fuerte concentración en la capital. En la base de matriculados del último año, Bogotá reúne cerca del 80 % de estas acreditaciones, mientras que ciudades como Medellín y Cali, con vocación empresarial e industrial histórica, se quedan en alrededor del 2,5 %.

Este dato es aún más relevante si se considera que la Administración de Empresas es una de las carreras con el mayor número de egresados en Colombia. Según cifras del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), en publicaciones consolidadas entre 2023–2024, cada año se gradúan más de 30.000 profesionales en Administración de Empresas y denominaciones aplicables. Estamos hablando de un gran volumen de talento profesional cuya acreditación se distribuye de forma desigual en las regiones del país.

La matrícula es el sello que garantiza que la persona que dice ser profesional en administración realmente lo sea y que cuenta con el respaldo legal requerido.

Para poner en contexto, la matrícula es el sello que garantiza que la persona que dice ser profesional en administración realmente lo sea y que cuenta con el respaldo legal requerido, y permite a su vez, garantizar la entrada al ecosistema de la administración con mayores posibilidades al legitimar la profesión. De esta manera, se contribuye al fortalecimiento del tejido empresarial colombiano y por lo tanto al desarrollo del país.

En Bogotá se concentra una masa significativa de grandes empresas y entidades públicas nacionales que en mayor proporción exigen la tarjeta profesional como un estándar mínimo de idoneidad y seguridad jurídica. Allí, los organismos de control y las áreas de recursos humanos entienden que la matrícula es el único mecanismo que garantiza que el profesional cumpla y por ende actúe con responsabilidad en su ejercicio profesional.

Lejos de ser un trámite formal, la acreditación mediante la matrícula profesional es el sello de idoneidad que garantiza una gestión de excelencia. Contar con profesionales certificados asegura que el cumplimiento de estándares técnicos se traduzca en transparencia, orden administrativo y, sobre todo, en una garantía institucional de resultados sostenibles en el tiempo.

El costo de la falta de formalización de la profesión se ve a largo plazo: las regiones con baja acreditación pierden capacidad para atraer inversiones, acceder a mercados exigentes y participar en grandes contrataciones en las que la trazabilidad es clave.

La pregunta central es: ¿cuánto le cuesta al país que la formalización esté tan concentrada?

Por eso, la pregunta central es: ¿cuánto le cuesta al país que la formalización esté tan concentrada? Los administradores toman decisiones sobre la productividad, la sostenibilidad empresarial, la calidad de la gestión y el crecimiento económico. Cuando la formalización se concentra principalmente en la capital, las regiones pierden masa crítica profesional, redes de actualización y reconocimiento del talento. Esto limita la competitividad regional y perpetúa desigualdades estructurales.

No deberíamos resignarnos a que la excelencia profesional sea un privilegio de la capital. Los retos de un administrador en el sector agroindustrial del Meta o en el comercio fronterizo de Cúcuta exigen la misma rigurosidad que los de los que trabajan en una multinacional en Bogotá. La infraestructura productiva no es solo física; también es institucional y se construye con reglas claras sobre cómo se reconoce y respalda el ejercicio profesional en los territorios.

*Perfil profesional de la autora

Olga Lucía Montes, Administradora de Empresas con Especialización en Finanzas, cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector financiero, donde ha combinado una visión estratégica orientada al cliente con la estructuración de soluciones y negocios a la medida, logrando resultados sostenibles y medibles.

Ha liderado equipos de alto desempeño y ha impulsado culturas basadas en excelencia, servicio y eficiencia operativa, integrando rigurosidad con un enfoque humano de la gestión.

Actualmente, como directora ejecutiva del CPAE (Consejo Profesional de Administradores de Empresas), trabaja por fortalecer el rol del administrador en Colombia, promoviendo una profesión alineada con los retos actuales: sostenibilidad, liderazgo consciente y transformación empresarial, a través de iniciativas que buscan actualizar el conocimiento y redefinir la forma en que las organizaciones generan valor en la sociedad.

Olga Lucía Montes*

OPINIONES

El país del 80 %