Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
Periodista Digital
Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que no recibirá tres obras clave en la reconstrucción de la isla de Providencia: la estación de policía, la estación de bomberos y la Capitanía de Puerto. La decisión se tomó tras detectar fallas estructurales graves que comprometen la seguridad de las edificaciones y la vida de quienes las ocuparían.
A pesar de que los contratos superan los $30.500 millones, ya se han girado más de $26.400 millones a las firmas contratistas. Sin embargo, las construcciones no cumplen con los estándares pactados ni con las condiciones mínimas para garantizar su operatividad.
Las obras fueron contratadas tras los daños ocasionados en la isla de Providencia, por el paso del huracán IOTA en el año 2020.
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Las visitas de inspección realizadas por equipos técnicos de la UNGRD revelaron una serie de irregularidades en las tres edificaciones, que van desde uso de materiales inadecuados hasta errores de diseño y ejecución.
En la estación de bomberos, por ejemplo, se instaló tubería plástica (PVC) en el sistema contra incendios, un material prohibido por no ser resistente al fuego. Además, se hallaron varillas estructurales expuestas que ya muestran signos de corrosión.
La Capitanía de Puerto presenta un hundimiento de 46 centímetros, lo que compromete su estabilidad estructural. Por esta razón, la UNGRD solicitó a la Dirección General Marítima (DIMAR) evacuar de inmediato al personal que trabajaba allí.
La estación de policía evidencia graves problemas de humedad, filtraciones y fallas en la calidad de los materiales, que afectan la integridad del edificio. Además debían construirse tres edificios y sólo se levantaron dos.
La UNGRD pondrá en conocimiento de los organismos de control esta situación. Cortesía UNGRD
La UNGRD señaló que ha garantizado el debido proceso a las firmas constructoras, pero ante la magnitud de las irregularidades, estos hechos serán puestos en conocimiento de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para que se determinen las responsabilidades administrativas, fiscales y penales.
Además, la entidad identificó que varias de estas empresas también tienen contratos en otras regiones del país, donde se han reportado incumplimientos similares, lo que podría evidenciar un patrón de malas prácticas.
“No podemos permitir que los recursos públicos se pierdan en obras que ponen en riesgo la vida de las personas. Esta decisión es una defensa del interés general y de la dignidad de las comunidades”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
La UNGRD anunció que emprenderá acciones judiciales para recuperar el dinero invertido en estas obras inconclusas y garantizará que la reconstrucción de Providencia se realice de manera transparente, responsable y técnica.
Las tres edificaciones eran fundamentales para la seguridad y el funcionamiento institucional de la isla, por lo que el Gobierno evaluará nuevos planes para garantizar su reemplazo, sin que la comunidad siga afectada por el retraso en las obras.
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